El miércoles 18 de julio de 2025, frente a Pasteur 633, sede de la AMIA, se llevó a cabo el acto conmemorativo por el 31.º aniversario del atentado terrorista más letal registrado en la historia argentina reciente. En la ceremonia, el presidente Javier Milei aseguró que “no vamos a parar hasta que se haga justicia”. La oportunidad fue aprovechada tanto para rendir homenaje a las 85 víctimas como para renovar el reclamo de esclarecimiento y sanción a los responsables.

El mandatario arribó a las 09:29, acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y estuvo acompañado por funcionarios como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), junto a legisladores y referentes comunitarios. El acto se desarrolló con un fuerte operativo de seguridad debido al contexto de tensión diplomática con Irán, al que la AMIA y el Gobierno responsabilizan por haber orquestado el ataque.

Con la lectura de los nombres de las 85 víctimas, el tradicional sonido del shofar a las 09:53, y la presencia de familiares, se marcó el momento exacto en que ocurrió la explosión, el 18 de julio de 1994. Bajo la consigna “La impunidad sigue; el terrorismo también”, el acto fue conducido por Mariana Fabbiani y contó con la intervención, entre otros, de familiares que reclamaron respuestas concretas sobre el origen del explosivo, el armado de la camioneta-bomba y la ejecución del operativo.

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, sostuvo que el atentado no puede ser visto como un episodio aislado, sino como parte de una estrategia más amplia organizada por Teherán y ejecutada a través de Hezbollah, que se adapta a los contextos temporales y geográficos. También advirtió sobre la “infiltración iraní en Latinoamérica”, aludiendo al incidente del avión venezolano-iraní en 2022.

Avances judiciales y reclamos

Este año marca un hito: por primera vez se inició un juicio en ausencia contra diez acusados —siete iraníes y tres libaneses— por estar prófugos, amparándose en la ley de juicio en ausencia, aprobada en febrero de 2025. El juez Daniel Rafecas habilitó esta vía el 26 de junio, buscando resarcir el estancamiento judicial de décadas.

Durante el acto, Armoza exigió respuestas sobre detalles centrales: procedencia del explosivo, roles de Telleldín, El Reda y otros, así como condiciones de conservación en las investigacionesW. También hizo un llamado al Estado argentino, a Estados Unidos y al Líbano para que actúen con firmeza y exijan el enjuiciamiento correspondiente.

El gobierno de Milei ha reforzado su postura firme contra Irán, alineándose con Estados Unidos e Israel. Incluso el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, celebró públicamente la posibilidad de avanzar con el juicio gracias a la nueva normativa. Este enfoque endurecido ha tensado aún más la relación con Teherán .

Breve repaso histórico del atentado AMIA

El atentado del 18 de julio de 1994 consistió en una bomba en un coche estacionado frente a la sede de la AMIA en Buenos Aires, que causó 85 muertos y más de 300 heridos, convirtiéndose en el ataque más grave contra la comunidad judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde 2006, investigaciones conjuntas de inteligencia argentina, estadounidense e israelí vinculan el ataque a funcionarios del régimen iraní y a Hezbollah. A pesar de ello, los acusados permanecen prófugos y el caso sufrió numerosos obstáculos, incluidos múltiples encubrimientos, decisiones judiciales anuladas y controversias políticas.

¿Qué se exige ahora?

El escenario actual gira en torno a tres ejes clave:

1. Juicio en ausencia: se espera que avance rápidamente para brindar un pronunciamiento judicial, pese a la falta de presencia de los acusados.
2. Clarificación de evidencias: se busca que los fiscales Basso y Miranda profundicen la investigación sobre el explosivo, los implicados locales y el apoyo logístico.
3. Protección y acceso a documentación: se reclama que los archivos de la SIDE y otros organismos queden accesibles en condiciones adecuadas, evitando su desprotección.

Mientras tanto, la participación de Estados Unidos e Israel, con recientes homenajes oficiales, refuerza la presión diplomática y política sobre Irán.

En medio del malestar creciente del campo por la restitución de retenciones, el presidente Javier Milei mantuvo este martes su primer encuentro formal con la Mesa de Enlace, en el predio ferial de Palermo, donde se desarrolla la tradicional Exposición Rural. La reunión, que duró cerca de dos horas, no dejó anuncios concretos, pero sí un gesto político clave en un contexto de alta sensibilidad para el sector agropecuario.

El motivo central de la cita fue el fin del esquema de reducción temporal de retenciones a la soja y el maíz, lo que provocó fuertes críticas desde las entidades rurales. Desde el 1° de julio, el tributo volvió a ubicarse en el 33% para la soja (había sido reducido al 26%) y en el 12% para el maíz (anteriormente 9,5%). La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía al vencer el decreto que había habilitado el alivio.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su presidente, Nicolás Pino, fue tajante: “Es el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción”. Según un informe elaborado por la SRA y CREA, con el nuevo nivel de retenciones el 80% de la producción de soja y el 60% del maíz quedarían por debajo del umbral de rentabilidad promedio. El escenario complica aún más a un sector golpeado por la sequía del año pasado, los precios internacionales bajos y un tipo de cambio poco competitivo.

“El bolsillo del productor no da más”, expresó Ignacio Kovarsky, vicepresidente de CRA y referente de CARBAP. Y agregó: “Las retenciones son un robo, con cualquier gobierno. Esta situación es insostenible. El campo ya no puede seguir financiando al Estado”.

Más allá del tema impositivo, en la agenda también se discutieron problemas de infraestructura, especialmente el estado de las rutas y caminos rurales. “De nada sirve producir si no se puede sacar la mercadería”, advirtió Pino, quien además planteó la necesidad de reducir la presión tributaria en todos los niveles: nacional, provincial y municipal.

Otro punto relevante fue el futuro del INTA y el INASE, organismos estratégicos para el desarrollo científico del agro. La Mesa de Enlace manifestó su preocupación por la pérdida de autonomía de ambos institutos, a raíz de los recientes cambios dispuestos por el Gobierno. También se reclamó la eliminación de la barrera sanitaria patagónica, que limita el comercio de carne con hueso entre regiones.

Aunque no hubo definiciones inmediatas, desde el entorno presidencial se valoró el tono del encuentro y se destacó que el diálogo quedó abierto. El propio Pino, al salir de la reunión, afirmó que “los gestos valen más que las palabras”, aunque advirtió que “el tiempo de los diagnósticos ya pasó, ahora se necesitan decisiones”.

El campo llega a esta instancia con una posición clara: pide retenciones cero en el mediano plazo, menor presión fiscal y reglas de juego estables para volver a invertir. Mientras tanto, continúa la Exposición Rural en Palermo, un evento donde se respira clima de protesta pero también de expectativa. El gesto de Milei de acercarse a la Mesa de Enlace fue bien recibido, aunque el sector ahora espera señales más concretas.

Con la cosecha ya comprometida por los números en rojo y una cadena productiva presionada por los costos, la pregunta que sobrevuela es si el Gobierno está dispuesto a avanzar hacia un modelo donde el campo deje de ser la caja fiscal y vuelva a ser, como prometió el presidente durante su campaña, “el motor de la recuperación económica”.

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En una nueva medida orientada al fortalecimiento de la seguridad interior, el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Patricia Bullrich, oficializó la creación de un Consejo Académico para la Formación de Agentes Encubiertos. La iniciativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 829/2025, tiene como objetivo revisar y actualizar los contenidos de los programas de capacitación dirigidos a quienes desempeñan funciones bajo identidad reservada en el combate contra el crimen organizado.

Este cuerpo académico estará presidido por el juez federal y docente universitario Ricardo Ángel Basílico, y contará con la participación de funcionarios del ministerio, representantes de las fuerzas federales y cinco expertos externos, que serán designados por un período de tres años. Según establece la resolución, el consejo deberá reunirse al menos una vez por mes y sus decisiones serán adoptadas por mayoría simple. En caso de empate, el voto del presidente tendrá carácter decisivo.

Entre sus funciones, el consejo tendrá la responsabilidad de proponer mejoras en los contenidos formativos, evaluar estrategias pedagógicas, promover programas de actualización y supervisar la implementación de capacitaciones para miembros de las fuerzas de seguridad, fiscales y jueces. Además, podrá sugerir protocolos y estándares para garantizar que las tareas de infiltración se realicen con criterios legales, éticos y operativos sólidos.

La medida no implicará gastos adicionales para el Estado, ya que los miembros del consejo cumplirán sus funciones de manera ad honorem. No obstante, se contempla la posibilidad de designar un enlace ejecutivo con dedicación exclusiva, cuya tarea será facilitar la articulación entre el consejo y la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, creada por el Gobierno en abril pasado.

El surgimiento de este nuevo organismo se inscribe en una estrategia más amplia del Ejecutivo para mejorar las capacidades operativas del Estado frente a delitos complejos como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y el crimen organizado transnacional. Según fuentes oficiales, se busca brindar a los agentes herramientas que les permitan actuar con mayor eficacia, pero también con resguardo legal, en investigaciones de alto riesgo.

Con esta decisión, la gestión de Javier Milei refuerza su apuesta por un enfoque más profesional y tecnificado en materia de seguridad, a tono con una agenda que pone especial énfasis en el uso de la inteligencia criminal y la cooperación entre organismos del Estado. La participación de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en este consejo apunta, además, a generar mayor consenso y legitimidad en las prácticas que implican intervenciones encubiertas. La creación del consejo académico marca un nuevo paso en la institucionalización de los consejos de agentes especializados, dentro de un esquema que intenta modernizar el rol del Estado frente a amenazas criminales cada vez más sofisticadas

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei ha utilizado el veto presidencial como un instrumento central de su política. En nombre del ajuste y el equilibrio fiscal, el mandatario ha frenado varias leyes aprobadas por el Congreso, generando un clima de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, e incluso fracturas dentro de su propio espacio político.

El primer gran enfrentamiento entre Milei y el Congreso ocurrió con la reforma de la fórmula jubilatoria, aprobada en ambas cámaras con apoyo opositor y de sectores dialoguistas. La ley, que contemplaba una recomposición del 8,1 % para los haberes previsionales correspondientes a enero de 2024, fue vetada de forma total. Desde el Ejecutivo se justificó la decisión afirmando que la norma no contemplaba fuentes de financiamiento y que su implementación tendría un impacto fiscal superior al 1 % del PBI. La medida desató una ola de críticas de organizaciones sociales, sindicatos y bloques legislativos, que consideraron el veto como una afrenta directa a los jubilados.

El conflicto escaló semanas después, cuando el Senado aprobó otros dos proyectos clave: la prórroga de la moratoria previsional, que permite el acceso a jubilaciones a personas que no completaron los años de aportes, y la declaración de emergencia para personas con discapacidad, destinada a garantizar prestaciones básicas en un contexto de recortes y aumentos en los costos de la salud. En una conferencia desde la Bolsa de Comercio, Milei anunció que vetaría ambas leyes y adelantó que, si el Congreso insistía en su aprobación, su gobierno recurriría a la Justicia.

La respuesta no tardó en llegar. Referentes sociales como Juan Grabois denunciaron un “atropello institucional” por parte del Ejecutivo y acusaron al presidente de actuar por fuera del sistema democrático. “Vos no estás por encima de la ley. Se llama democracia. Si no te gusta, tomate el palo”, escribió el dirigente en sus redes sociales. En paralelo, desde las provincias también se manifestaron críticas: los gobernadores consideraron que el veto a estas iniciativas representaba un golpe a la estructura de asistencia social y advirtieron sobre un posible colapso en las políticas públicas que dependen del financiamiento nacional.

Pero los vetos no solo provocaron roces con la oposición y los mandatarios provinciales. En el propio oficialismo se vivió una interna pública cuando Milei calificó de “traidora” a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que el Senado aprobara con su voto las modificaciones al régimen previsional. La declaración dejó al descubierto tensiones profundas dentro del Gobierno y marcó un punto de quiebre en la alianza entre el presidente y su vice.

Hasta julio de 2025, el Ejecutivo ya había vetado cinco leyes sancionadas por el Congreso. A la lista se suma la ley de financiamiento universitario, que proponía actualizar automáticamente los presupuestos de las universidades nacionales de acuerdo con la inflación. El argumento del Gobierno volvió a ser el mismo: la norma no contaba con respaldo presupuestario y representaba una amenaza al objetivo de superávit.

La estrategia del veto se da en un contexto en el que Milei ha buscado gobernar con herramientas extraordinarias. Desde la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el presidente desreguló áreas clave como el trabajo, los alquileres, los precios y la salud, sin pasar por el Congreso. Ese decreto, que aún se encuentra bajo revisión judicial, sentó las bases del modelo económico libertario que promueve Milei y que se sostiene, en buena medida, en la reducción del Estado y la eliminación del déficit fiscal.

Lejos de atenuarse, la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso promete continuar. Mientras Milei sostiene que el Legislativo busca “destruir” a su gobierno con leyes que minan la solidez fiscal, los bloques opositores preparan estrategias para insistir con las normas vetadas e incluso discutir la legalidad de recurrir a la Justicia para frenar decisiones parlamentarias. En este marco, la discusión sobre el uso del veto presidencial y su alcance cobra una centralidad inédita desde el retorno de la democracia.

El Presidente ratificó su decisión de vetar el aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad aprobados por el Senado, argumentando que las medidas son insostenibles fiscalmente y responden a maniobras políticas.

Durante un discurso ofrecido en la Bolsa de Comercio, Javier Milei fue enfático: vetará los proyectos que implican un aumento en las jubilaciones y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. La declaración se produjo pocas horas después de que el Senado diera media sanción a ambas iniciativas, que el Gobierno nacional había cuestionado por su impacto en las cuentas públicas.

El mandatario consideró que la aprobación legislativa de estas propuestas fue un intento desesperado de la oposición frente al panorama electoral. “Lo que ocurrió hoy es un acto de desesperación, porque saben que en octubre vamos a arrasar”, aseguró. Según Milei, el Gobierno ya anticipaba este movimiento por parte del Congreso: “Lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer. Sepan que están desesperados”.

«Vamos a vetar»: la estrategia del Gobierno frente al gasto previsional

Frente al respaldo legislativo a las iniciativas vinculadas a jubilaciones y discapacidad, Milei anunció que recurrirá a su potestad de veto. De manera tajante, advirtió: “Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público. Habrá un poco de volatilidad mientras esto dure y se acabó”.

El Presidente dejó abierta la posibilidad de que el Congreso insista con la aprobación de las leyes vetadas, aunque advirtió que en ese caso el Ejecutivo recurrirá a la vía judicial. “Si no conseguimos los números para sostener el veto, lo vamos a judicializar. El germen socialista avanza sobre el cerebro de la gente, pero si el veto se cae, vamos a ir a la Justicia”.

Sin embargo, también reconoció que una resolución judicial rápida resulta improbable antes del 11 de diciembre. “Difícilmente encontremos una solución judicial antes de esa fecha. Los tiempos judiciales son más lentos. En ese período, vamos a tener más volatilidad, bajará el ritmo del crecimiento y la inflación descenderá más lentamente. Pero a largo plazo, no va a cambiar nada”.

Durante su intervención, Milei subrayó que la política de superávit fiscal es permanente y reiteró su compromiso con la ortodoxia económica. “No nos van a sacar de la ortodoxia monetaria, fiscal ni cambiaria. No vamos a abandonar el régimen de la libertad. Vamos a hacer, consecuentemente, Argentina grande de nuevo”.

El Presidente también cuestionó duramente el accionar de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien responsabilizó por permitir que se desarrollara la sesión que terminó con la aprobación de los proyectos. “Lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora… pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia: Guillermo Francos”, expresó.

Críticas al populismo fiscal y defensa del rumbo económico

Milei defendió los resultados económicos de su gestión, destacando que la deuda no se incrementó y que la Argentina ha recuperado su solvencia intertemporal. “Por eso, el riesgo país bajó de 3000 a 700 puntos básicos, pese a la casta política, a los degenerados fiscales y a estos primates que creen que la restricción presupuestaria es algo flexible”, lanzó con tono provocador.

Según el mandatario, la reducción del riesgo país tiene un efecto directo en la economía real. “Eso hace caer la tasa de interés, permite acumular capital, mejora la productividad de los trabajadores y permite pagar mejores salarios. Es una contradicción que estas bestias hablen del bienestar de la gente mientras fabrican riesgo país”, sostuvo.

En su visión, el impacto de estas iniciativas legislativas es regresivo. “Lo que hacen es descapitalizar la economía, y a quienes más perjudican es a los que menos tienen”, remató.

Del 15 de julio al 3 de agosto, Tecnópolis volverá a abrir sus puertas en Villa Martelli, partido de Vicente López, con una programación especial para las vacaciones de invierno 2025. El parque temático ofrecerá actividades gratuitas e interactivas para toda la familia, bajo un nuevo modelo de gestión que articula el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

Con acceso libre y gratuito, el predio podrá recibir hasta 30.000 personas por día y funcionará de martes a domingos de 12 a 18 horas. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación, propone experiencias culturales, educativas, científicas y recreativas, muchas de ellas desarrolladas por organismos públicos y emprendimientos privados que apuestan al arte, la innovación y el talento local.

Una nueva etapa: más ingresos, menos gasto estatal

Desde la asunción del gobierno del presidente Javier Milei, el predio de Tecnópolis fue reconvertido en un espacio sustentable, donde los eventos privados generan ingresos genuinos. En 2024, se recaudaron más de 600 millones de pesos y se proyecta superar los $2.500 millones este año gracias al alquiler de espacios para recitales, ferias y espectáculos.

La gestión actual permitió revertir una situación crítica: en diciembre de 2023, el parque acumulaba deudas por más de $1.000 millones, con servicios impagos y el predio cerrado durante gran parte del año. Hoy, Tecnópolis vuelve a abrir sus puertas con un enfoque más eficiente y orientado a la sostenibilidad económica.

Actividades gratuitas para todos los gustos

Durante el receso invernal, niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una amplia oferta cultural y recreativa con entrada gratuita:

• Escenario Móvil (Explanada): bandas emergentes, obras teatrales infantiles, charlas y talleres.
• Camión del INET: experiencias educativas en gastronomía.
• Espacio Ajedrecear: partidas simultáneas y clases para todas las edades.
• Feria Gustar: sabores regionales y gastronomía argentina.
• Muestra homenaje a María Elena Walsh.
• Tierra de Dinos: paseo por la historia de los dinosaurios en Argentina.
• Espacios de arte digital, ajedrez, parkour, juegos de mesa y muestras interactivas.
• Postas de salud y capacitación electoral.

También se destacan propuestas como el Museo Malvinas, el espacio INCAA con proyecciones gratuitas y un circuito por el humedal para el avistaje de flora y fauna autóctona.

Actividades privadas: algunas gratuitas, otras con entrada paga

Varias empresas privadas se suman con propuestas para todos los públicos:

Con acceso libre:

• Argentina Game Show (Auditorio Cultura)
• Deportes extremos y skatepark
• Globox en Sala Azul
• Activaciones musicales en Galpón Joven

Con entrada paga:

• Obra «Margarita» en el Microestadio
• Competencias de karting en el Predio Ferial
• Kermesse y Circo Houdini
• Musicales y espectáculos en la Nave de la Ciencia
• Ofertas gastronómicas en todo el predio

Importante: el ingreso general al parque no incluye el acceso a estos eventos privados. Cada espectáculo cuenta con su propio sistema de entradas y horarios particulares.

El gobierno de Javier Milei concretó la disolución o transformación de 21 organismos públicos nacionales, en el marco del decreto que puso fin a las facultades delegadas y buscó concentrar la estructura del Estado. Esta medida, presentada como parte del plan de reducción del gasto público y reorganización administrativa, implica la pérdida de autonomía de varias entidades y el traspaso de sus funciones a ministerios o nuevas agencias centralizadas.

El argumento oficial para llevar adelante esta profunda reforma fue el “incremento desproporcionado de estructuras y personal” que, según el Ejecutivo, se había acumulado en diversos entes estatales en los últimos años. A través del decreto, se estableció que muchas de estas entidades dejarían de operar como organismos descentralizados, pasando a estar bajo la órbita directa de secretarías o ministerios, perdiendo así su independencia administrativa y presupuestaria.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyas competencias pasaron a la Secretaría de Transporte y a Gendarmería Nacional, y el de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, también incorporada al área de transporte. La Dirección Nacional de Vialidad, que históricamente gestionó la obra pública vial del país, fue absorbida por el Ministerio de Economía y su rol se complementará con la creación de una Agencia de Control de Concesiones. Esta medida generó fuerte rechazo por parte del gremio del sector, que denunció que podrían peligrar más de 3.000 puestos de trabajo.

Otros entes especializados, como el Instituto Nacional del Cáncer, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), fueron reconvertidos en unidades organizativas internas de sus respectivas carteras ministeriales. Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que fue integrado al ANLIS–Malbrán, mientras que organismos sanitarios como el SAMIC o el Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares pasaron a depender del Ministerio de Salud.

La disolución también alcanzó áreas estratégicas de producción e investigación agrícola, como el INAFCI, el INASE y la Comisión Nacional de Semillas, todos absorbidos por la Secretaría de Agricultura. En el caso del AGICCAME, el organismo encargado del control del cáñamo y el cannabis medicinal, sus funciones fueron divididas entre el Ministerio de Economía y la ANMAT.

Una novedad destacada en esta reorganización es la creación de la Agencia Nacional de Empresas del Estado en Salud (ANES), que reunirá la administración de diversos hospitales nacionales —entre ellos, el Posadas, el Sommer, el Bonaparte, el INAREPS y el Carrillo— bajo una misma estructura operativa. Desde el oficialismo se presenta esta decisión como un paso hacia la eficiencia administrativa, aunque sectores opositores y gremios advierten sobre el riesgo de “vaciamiento” de capacidades estatales.

En materia de transporte, la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) fue sustituida por una nueva agencia que controlará los servicios concesionados, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte, que investigaba siniestros en todos los modos, quedó reducida a un rol exclusivamente aeronáutico bajo otra estructura.

El decreto también dispuso la eliminación de tres fondos fiduciarios: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fideicomiso Financiero del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. Estos se suman a los 26 ya eliminados previamente, totalizando 29 en lo que va del año. Para el gobierno, estos fondos representaban “bolsones de opacidad” en el gasto estatal, mientras que los opositores consideran que se trata de una herramienta clave para el desarrollo federal que está siendo desmantelada.

La reacción de las provincias no se hizo esperar. Gobernadores y legisladores expresaron preocupación por el vaciamiento de políticas públicas esenciales y advirtieron que podrían avanzar con proyectos que contrarresten la ofensiva del Ejecutivo, como leyes de moratoria previsional o aumentos a las jubilaciones, en un claro mensaje político frente a la pérdida de autonomía provincial en ciertas competencias compartidas.

Los sindicatos también alertan sobre el impacto que esta decisión puede tener sobre miles de trabajadores públicos. En sectores como vialidad o salud, se teme por despidos masivos o la precarización de tareas esenciales. Las asociaciones técnicas, por su parte, remarcan que la disolución de institutos especializados puede significar un retroceso en materia de ciencia, tecnología y planificación a largo plazo.

En síntesis, la disolución de estos 21 organismos públicos representa un fuerte golpe al andamiaje administrativo del Estado nacional. Mientras el oficialismo la presenta como una medida de racionalización, eficiencia y modernización, la oposición y diversos sectores sociales la ven como una avanzada que pone en riesgo el funcionamiento de áreas clave. El desenlace de esta reforma dependerá de su implementación concreta y del equilibrio político que el gobierno logre mantener en medio del ajuste estructural más profundo en décadas.

La reciente resolución de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordena la cesión del 51% de las acciones de YPF a fondos buitre, provocó una fuerte reacción en los mercados financieros nacionales e internacionales. El fallo, vinculado a la expropiación de la petrolera en 2012, será apelado por el Gobierno argentino, pero ya ha generado consecuencias inmediatas en la economía local.

El dictamen judicial intensificó la presión sobre el Gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. En una jornada marcada por la volatilidad, el dólar mayorista cerró a $1.203, mientras que el minorista se ubicó en $1.215 en el Banco Nación. En el segmento financiero, las cotizaciones también se dispararon:

• Dólar MEP: subió 1,6%, alcanzando los $1.211,10.
• Contado con liquidación (CCL): llegó a $1.210,25.
• Dólar tarjeta: se disparó a $1.579,50.

La reacción bursátil no fue menos dramática. Las acciones de YPF en Wall Street cayeron hasta un 7% en las primeras horas, aunque luego recuperaron parte del terreno perdido y finalizaron con una baja del 5,4%. Esta caída arrastró al resto del sector energético:

• Metrogas: -5,6%
• Transportadora Gas del Norte: -4,3%
• Pampa Energía: -1,8%
• Vista Energy: -1,3%

El índice S&P Merval también retrocedió un 2,7%, cayendo a 1.994.825 puntos, su nivel más bajo desde noviembre de 2024.

Frente al escenario de presión sobre el tipo de cambio, el Ministerio de Economía anunció la intervención del Banco Central con la compra de u$s 200 millones, con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales. Aunque oficialmente se intentó presentar esta medida como parte de una estrategia de acumulación habitual, en los círculos financieros se leyó como un cambio forzado de rumbo que refleja debilidad en la política cambiaria del Gobierno.

Analistas financieros destacaron que la medida contradice la narrativa libertaria de no intervención, y señalaron que la previsibilidad generada tras el acuerdo con el FMI comienza a desvanecerse.

JP Morgan lanza advertencias: dudas sobre la política económica

La situación se agravó con el informe semanal de JP Morgan, fechado el 27 de junio, en el que se puso en duda la sostenibilidad del esquema monetario actual. Bajo el título “Tomándose un respiro”, el documento sugiere desarmar posiciones en pesos y dolarizar carteras, alertando sobre el deterioro de las condiciones macroeconómicas.

Según el informe:

• La liquidación del agro ya fue agotada.
• La demanda de dólares para turismo continúa en aumento.
• El compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal parece haberse debilitado.
• Se registraron intervenciones por u$s 1.500 millones en el mercado de futuros durante mayo, consideradas incompatibles con el pacto con el FMI.

Además, JP Morgan expresó preocupación por el riesgo político de cara a las elecciones legislativas de octubre. Un posible revés electoral para el oficialismo podría obstaculizar las reformas estructurales impulsadas por Javier Milei, lo que genera un clima de incertidumbre para los inversores internacionales.

YPF y la tormenta financiera: un panorama complejo para lo que resta del año

La reacción del mercado frente al fallo contra YPF exhibió la fragilidad del equilibrio financiero que se había logrado mantener en el primer semestre del año. La combinación de presiones judiciales externas, señales contradictorias en la política cambiaria, y el escepticismo creciente por parte de los grandes jugadores financieros augura un segundo semestre marcado por la inestabilidad.

Desde el Ministerio de Economía se minimiza el impacto del fallo, argumentando que aún quedan instancias judiciales por recorrer, y se mantiene la esperanza de revertir la medida. Sin embargo, la lectura predominante en los mercados es más cruda: Argentina ha regresado al radar de los litigios financieros internacionales, y los márgenes de maniobra para el Gobierno se reducen rápidamente en el contexto preelectoral.

El Gobierno Nacional confirmó el pago de un bono previsional en julio 2025 para jubilados y pensionados. Se trata de un refuerzo económico de $70.000 destinado a los beneficiarios más vulnerables del sistema previsional argentino, tanto de prestaciones contributivas como no contributivas. La medida, oficializada mediante el Decreto 444/2025, busca mitigar los efectos de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en los adultos mayores.

Bono Extraordinario Previsional de $70.000 está dirigido a:

• Titulares de jubilaciones mínimas.
• Beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas.
• Personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
• Titulares de pensiones por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más.

Este beneficio cubrirá a más de 4,6 millones de personas, según estimaciones oficiales. La medida representa un alivio frente a los ingresos deteriorados por la falta de actualización durante más de un año del monto del bono.

El bono tiene una base de $70.000 para quienes perciban el haber mínimo garantizado. En los casos donde los ingresos mensuales superen este umbral, el monto del bono será ajustado para que la suma entre el haber mensual y el bono alcance el equivalente al haber mínimo más los $70.000.

Ejemplo práctico:

• Si un jubilado cobra $250.000, recibirá $59.298,16 de bono para alcanzar los $309.298,16 (haber mínimo actualizado más bono).
• Si ya se cobra el mínimo ($309.298,16), el bono será completo: $70.000.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, subraya que el objetivo es compensar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados más vulnerables.

Este grupo, duramente afectado por la inflación, fue el más perjudicado por la fórmula anterior de movilidad jubilatoria, que no contemplaba adecuadamente la variación de precios.

Puntos clave del bono para jubilados y pensionados

• No se computa para otros beneficios: El bono no se tomará en cuenta para el cálculo de otras prestaciones sociales.
• No está sujeto a descuentos: No se aplicarán deducciones de ningún tipo sobre este monto.
• Único titular en caso de pensiones compartidas: Si una pensión tiene más de un beneficiario, solo uno de ellos será considerado titular del bono.

Además del bono, el Gobierno confirmó un aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Esta decisión se tomó en respuesta al índice de inflación de mayo, que fue del 1,5% según el INDEC.

De acuerdo con las resoluciones 251 y 252 de ANSES, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por el director ejecutivo Fernando Bearzi, los nuevos montos rigen desde el 1° de julio de 2025.

Montos actualizados de jubilaciones en julio 2025

• Jubilación mínima: $309.298,16 (sube desde $304.723,73).
• Jubilación máxima: $2.081.261,17.

Estos valores incluyen los ajustes mensuales estipulados desde abril de 2025, momento en que se comenzó a aplicar la nueva fórmula de movilidad previsional, basada en el índice de inflación.

Aunque se otorgó el bono extraordinario y se aplicaron aumentos en las jubilaciones, los jubilados todavía aguardan una mejora estructural. En la Cámara de Diputados ya fue aprobado un proyecto que propone una actualización más significativa del sistema previsional, y actualmente se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado.

En una reciente medida anunciada por el Gobierno Nacional, se dispuso que la Tarjeta Alimentar deberá cubrir, como mínimo, el 95% del valor de la canasta básica alimentaria, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta decisión forma parte de una actualización dentro del marco del Programa Argentina Contra el Hambre, que busca fortalecer la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables del país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 421/2025 y establece una obligación para el Ministerio de Capital Humano de monitorear mensualmente el valor actualizado de la canasta básica. Así, se espera que los montos asignados a través de Anses reflejen dicho porcentaje, garantizando un piso mínimo en la asistencia alimentaria.

Esta disposición tiene como objetivo principal asegurar un nivel básico de acceso a alimentos esenciales para millones de familias que dependen de este beneficio. La Tarjeta Alimentar, que forma parte de un paquete de políticas sociales enfocadas en la infancia y la seguridad nutricional, se transforma así en una herramienta clave para combatir la pobreza alimentaria.

El monitoreo mensual por parte de Capital Humano permitirá mantener actualizada la asignación en función de los cambios en el valor de la canasta, evitando desfasajes que podrían afectar el poder de compra de los beneficiarios.

¿Habrá aumentos en la Tarjeta Alimentar?

A pesar de lo dispuesto en el decreto, desde el Gobierno se aclaró que no habrá un aumento inmediato en los montos de la Tarjeta Alimentar. Según lo informado por el Ministerio de Capital Humano, la Asignación Universal por Hijo (AUH), sumada al refuerzo alimentario, ya estaría cubriendo actualmente el 100% del valor de la canasta básica alimentaria.

Además, en las últimas semanas, se registró una leve baja en el precio de la canasta básica, lo que reduce aún más las posibilidades de una actualización de los montos en el corto plazo. Este contexto alimenta la decisión oficial de no aplicar aumentos adicionales, al menos por el momento.

Un crédito internacional para sostener la cobertura actual

Dentro del mismo decreto que regula la Tarjeta Alimentar, se autorizó también la aprobación de un préstamo por USD 300 millones, otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Estos fondos tienen como objetivo sostener la ampliación del programa, implementada en 2024, cuando se extendió el beneficio hasta menores de 17 años inclusive.

Con este financiamiento internacional, el Gobierno busca mantener el nivel actual de cobertura sin comprometer otras partidas presupuestarias. Es una señal clara de que, al menos en el corto plazo, la prioridad será consolidar lo ya implementado en lugar de expandir el universo de beneficiarios.

¿Se ampliará la Tarjeta Alimentar a nuevos sectores?

En las últimas semanas circularon versiones periodísticas que sugerían la posibilidad de extender la Tarjeta Alimentar a otros sectores, como beneficiarios del SUAF, jubilados o titulares de pensiones no contributivas por discapacidad. Sin embargo, estas versiones no fueron confirmadas oficialmente por el Gobierno de Javier Milei.

Hasta el momento, no se ha informado ninguna intención concreta de modificar el alcance del subsidio. Todo indica que la estrategia actual se enfoca en mantener la cobertura existente, con controles periódicos del valor de la canasta básica y una vigilancia estrecha sobre la inflación de alimentos.

En un contexto económico desafiante, la Tarjeta Alimentar continúa siendo una política pública de gran impacto social, especialmente entre los hogares con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Su continuidad y actualización son fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación, un eje clave en cualquier estrategia de desarrollo humano sostenible.

Aunque la falta de aumentos inmediatos podría generar preocupación, el hecho de que se haya vinculado directamente a la canasta básica representa un paso positivo hacia una mayor equidad y transparencia en la asignación de recursos.