El Gobierno nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que se destapara un escándalo de presunta corrupción en el organismo. La medida quedó plasmada en el Decreto 601/2025, publicado en el Boletín Oficial, y busca garantizar transparencia en la gestión y reorganizar su estructura administrativa.

La resolución fue tomada después de la difusión de audios en los que se mencionaba un supuesto “choreo” en la compra de medicamentos, con la presunta participación de funcionarios vinculados al entonces director de la ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo.
El caso generó un fuerte impacto político y llevó al presidente Javier Milei a ordenar la remoción inmediata de Spagnuolo y a limitar las funciones de otros directivos del organismo.

El alcance del Decreto 601/2025

La norma establece que la Agencia Nacional de Discapacidad quedará intervenida por 180 días corridos, con posibilidad de prórroga por decisión del Ministerio de Salud.
El médico Alejandro Alberto Vilches fue designado como interventor, asumiendo todas las funciones del Director Ejecutivo. Su misión será reorganizar el organismo, garantizar un manejo eficiente de los recursos y detectar posibles irregularidades en los procesos de

Al interventor se le encomendó la elaboración de un informe exhaustivo sobre el estado actual de la ANDIS. Ese documento deberá incluir un diagnóstico, recomendaciones y propuestas concretas para mejorar la gestión pública y prevenir actos de corrupción.
En caso de detectarse anomalías, deberá informarse el impacto económico y poner a disposición la documentación correspondiente para avanzar en las investigaciones judiciales.

Un escándalo con consecuencias políticas

El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad escaló más allá de lo administrativo. La expresidenta Cristina Kirchner lo calificó como “el gobierno más vergonzoso”, mientras que la oposición exigió mayor control sobre los fondos destinados a programas sociales.
Además, se realizaron allanamientos en la sede de ANDIS y en una droguería vinculada al caso, mientras la Justicia avanza en la búsqueda del celular de Spagnuolo como prueba clave.

La intervención de la ANDIS no solo tiene un efecto político, sino también social. Miles de personas con discapacidad dependen de este organismo para acceder a prestaciones médicas, subsidios y programas de inclusión. Por eso, el Gobierno busca transmitir un mensaje de tranquilidad y transparencia, asegurando que la continuidad de los servicios no se verá afectada.

La Justicia federal de Campana declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en julio de 2025. Con esta decisión, el juez Adrián González Charvay consideró que el decreto firmado por el presidente Javier Milei violaba derechos fundamentales de las personas con discapacidad, además de incumplir compromisos internacionales asumidos por Argentina.

El fallo se dictó a partir de un amparo presentado por una pareja de padres con dos hijos menores con discapacidad. Ellos denunciaron que, tras el veto, tratamientos médicos y servicios esenciales corrían riesgo de ser interrumpidos, lo que ponía en jaque la salud y la calidad de vida de los menores.

La Ley 27.793 había declarado la emergencia en materia de discapacidad hasta 2027, con el objetivo de garantizar prestaciones médicas, transporte y rehabilitación sin la creación de nuevos impuestos. La financiación debía realizarse mediante la reasignación de recursos existentes.

El presidente Milei la vetó a través del decreto 534/2025, bajo la premisa de que la norma atentaba contra el superávit fiscal. Según el mandatario, se trataba de un intento opositor de “asaltar las cuentas públicas”, lo que contradecía el rumbo económico de su administración.

El fallo: prioridad a los derechos humanos

En su resolución, el juez González Charvay destacó que “las limitaciones presupuestarias no pueden anteponerse a derechos esenciales” como la salud, la educación y la rehabilitación.

El magistrado sostuvo que el veto presidencial significaba un acto de discriminación hacia las personas con discapacidad y que, en el caso de los menores, existía una doble condición de vulnerabilidad: ser niños y tener discapacidad.

Por ello, se ordenó a la obra social de los demandantes adecuar de inmediato sus prestaciones según lo previsto en la ley, y se estableció que el Estado nacional debía asumir las costas del proceso.

Aunque la medida solo beneficia de manera directa al caso planteado, el fallo abre la puerta a nuevas presentaciones judiciales. Especialistas consideran que puede convertirse en un precedente clave frente a otros vetos presidenciales, limitando el margen de maniobra del Ejecutivo.

La decisión judicial también reinstala el debate sobre el equilibrio entre el ajuste fiscal y la protección de derechos sociales, un tema que divide a la sociedad argentina y que moviliza a organizaciones civiles en defensa de las personas con discapacidad.

Reacciones políticas y sociales

El fallo fue celebrado por legisladores de la oposición, que ya adelantaron la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para insistir en la sanción de la ley. Para ello, será necesario reunir una mayoría de dos tercios, un desafío difícil pero no imposible en el actual clima político.

En paralelo, familiares y organizaciones de personas con discapacidad organizaron movilizaciones y vigilias en Plaza de Mayo y frente al Congreso. Las consignas apuntaron directamente contra el Gobierno, exigiendo que se respete la ley aprobada por el Parlamento.

El diputado Daniel Arroyo, impulsor de la norma, afirmó: “El Estado no puede retirarse y dejar a su suerte a las personas con discapacidad. Esta es una deuda insalvable con los sectores más vulnerables”.

Lo que está en juego

El veto Emergencia en Discapacidad no solo enfrenta al Ejecutivo con la Justicia y el Congreso, sino que también expone un dilema central: ¿puede el ajuste fiscal justificar la reducción de derechos esenciales?

Entre los puntos destacados que surgen del caso:

• Restablecimiento de derechos: la Justicia colocó a la salud y la rehabilitación por encima de las metas fiscales.
• Control institucional: el fallo muestra que los vetos presidenciales pueden ser revisados y anulados si vulneran la Constitución.
• Movilización social: la respuesta ciudadana presiona para que el tema no quede limitado a los tribunales.
• Impacto político: el Gobierno enfrenta un nuevo frente de conflicto con la oposición en el Congreso.

El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, uno de los centros de salud más importantes del país, volverá a ser escenario de una medida de fuerza. Los trabajadores confirmaron un paro de 24 horas que se realizará el miércoles 13 de agosto, en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a los aumentos de copagos en la obra social Unión Personal.

El cese de actividades se iniciará a las 7:00 de la mañana del miércoles y se extenderá hasta el mismo horario del jueves. Durante la jornada, los empleados se concentrarán frente a la sede central de Unión Personal, donde exigirán la reversión de los incrementos en copagos, que según el gremio reducen el poder adquisitivo de los salarios.

La medida fue anunciada por los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes aseguraron que el conflicto no tiene resolución y que las acciones gremiales continuarán si no hay respuestas concretas.

Un conflicto que se agrava

El delegado de ATE, Alejandro Lipcovich, recordó que la Cámara de Diputados había aprobado una recomposición salarial del 70 %, destinada a recuperar los niveles de noviembre de 2023 frente a la inflación. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la ley, lo que provocó malestar y frustración entre los trabajadores.

Según Lipcovich, “el veto no solo niega el aumento salarial, sino que también impacta en las condiciones de atención para personas con discapacidad”. El dirigente agregó que la paciencia del personal se está agotando y que las autoridades nacionales “dan la espalda a un hospital que es referente en pediatría a nivel latinoamericano”.

El paro afectará principalmente a la atención programada, aunque se mantendrán las guardias mínimas para casos de urgencia. Desde el gremio advirtieron que el aumento de copagos perjudica especialmente a quienes tienen el plan clásico de la obra social, lo que implica un gasto extra difícil de afrontar con los salarios actuales.

De no recibir respuestas, el 27 de agosto se realizará una acción federal que incluirá a sectores de la salud pública, universidades y el CONICET, con movilizaciones en distintas provincias.

Un hospital clave en la salud pública

El Hospital Garrahan, inaugurado en 1987, es considerado el principal centro pediátrico de alta complejidad del país. Atiende a pacientes derivados de todas las provincias y cuenta con equipamiento médico de última generación. No obstante, sus trabajadores vienen denunciando que el presupuesto permanece congelado y que la inflación ha erosionado gravemente los sueldos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó hoy una prueba del sistema de transmisión y recepción de datos para las próximas elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Esta prueba forma parte de las instancias preparatorias al simulacro general previsto para el sábado 23 de agosto, en el que participarán autoridades con competencia electoral y fiscales de las agrupaciones políticas que intervienen en los comicios.

La actividad se desarrolló en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en Monte Grande, municipio de Esteban Echeverría. Estuvo presente el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, junto a otras autoridades electorales.

El objetivo de esta instancia fue dar inicio a la verificación integral del funcionamiento de los distintos servicios y componentes clave del proceso electoral, tales como la logística, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa. Esta transmisión se realiza con los kits distribuidos en los establecimientos de votación o en las sucursales electorales del Correo Argentino y constituye una etapa esencial del operativo electoral.

Las autoridades aclararon que el simulacro que se realizará el sábado 23 de agosto está abierto a que los medios de comunicación puedan registrar el desarrollo de la jornada.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, encabezó la apertura de la Expo Ciudad PyME 2025, que comenzó este jueves en el Parque Yrigoyen y el Centro de Exposiciones Miguelete.

«En San Martín sentimos orgullo de ser una ciudad industrial y hacemos esta exposición porque queremos mostrar todo el desarrollo y el potencial productivo de nuestras PyMEs, que hoy están pasando un momento muy difícil por las políticas del gobierno nacional», resaltó el Jefe Comunal durante la inauguración.

Y agregó: «Como ciudad que es Capital Nacional de la PyME Industrial vemos con muchísima preocupación la apertura indiscriminada de importaciones y el ajuste de Milei, que sigue golpeando la producción de nuestras empresas, provocando despidos y cierres de fábricas».

También participaron de la apertura el presidente de la Cámara Económica Sanmartinense, Juan Ciolli, la subsecretaria de Industria y PyMEs de la Provincia, Mariela Bembi, la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo bonaerense, Ayelén Borda, y el secretario de Producción y Desarrollo Económico del Municipio, Alejandro Tsolis, junto a empresarias, empresarios y representantes de distintas instituciones como la UNSAM, el INTI, cooperativas, sindicatos, escuelas técnicas, cámaras empresarias y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La muestra industrial continuará mañana, de 10 a 18, y el sábado y domingo de 12 a 21, con más de 150 stands de empresas e instituciones locales y nacionales, rondas de negocios, la Feria Conexión Empleo, demostraciones de última tecnología y actividades al aire libre, todo con entrada gratuita.

Además, hay shows en vivo y zona gastronómica de comercios locales. La agenda completa está disponible en la web municipal.

El evento busca generar intercambios y oportunidades entre las PyMES, vincular las opciones de formación, las ofertas laborales y las demandas de empleo, impulsar negocios para fortalecer la agenda industrial y comercial local, entre otros objetivos.

En la primera edición de la Expo Ciudad PyME participaron más de 30 mil personas, 150 empresas, 500 empresarias y empresarios, 1.200 estudiantes y hubo 1.500 reuniones de vinculación.

El Gobierno nacional, a través del Decreto 562/2025, resolvió oficializar nuevamente la denominación “Día del Niño” y establecer su celebración el tercer domingo de agosto de cada año. De esta manera, se deja sin efecto el uso de los términos “Día de las Infancias” o “Día de la Niñez”, adoptados durante los últimos años con una mirada más inclusiva.

El texto fue publicado este miércoles 7 de agosto en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según lo dispuesto en el decreto, la fecha quedó formalmente incorporada al calendario nacional como una jornada destinada a reafirmar los derechos de niños y niñas, con respaldo en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061, que establece el marco legal para la protección integral de la infancia en Argentina.

“El propósito es resaltar la importancia de la niñez como etapa fundamental del desarrollo humano, fomentar el respeto de sus derechos y visibilizar su lugar dentro de la sociedad”, señala el documento oficial.

Con esta decisión, el Gobierno busca volver a una denominación histórica, utilizada desde mediados del siglo pasado y que había sido modificada en 2020, cuando se adoptó el término “Día de las Infancias” con el fin de representar la diversidad de identidades de género y realidades dentro de la niñez.

Desde la administración libertaria, se argumentó que la medida apunta a evitar confusiones generadas por los múltiples nombres utilizados en distintas jurisdicciones. “El objetivo es unificar criterios y mantener una denominación clara, directa y con fuerte arraigo social”, explicaron fuentes oficiales.

Apoyo desde el sector juguetero

La decisión fue bien recibida por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que históricamente ha impulsado el uso del término “Día del Niño”. Desde el sector destacaron que esta medida “aporta previsibilidad, claridad y fortalece una tradición muy significativa para la cultura argentina y para el comercio local”.

Cabe recordar que la celebración no solo tiene un sentido simbólico, sino también un fuerte impacto económico, dado que moviliza la industria del juguete, el comercio minorista y las campañas publicitarias asociadas a la fecha.

Polémica y críticas desde sectores inclusivos

A pesar del respaldo empresarial, no todas las voces fueron favorables. Organizaciones vinculadas a los derechos de la infancia y colectivos que promueven la diversidad expresaron su preocupación por el retroceso simbólico que podría implicar la eliminación del término “infancias”, más representativo de la pluralidad de identidades y contextos.

“La inclusión no es una moda ni un capricho ideológico. Volver atrás en esta conquista es una señal de retroceso en políticas de reconocimiento”, sostuvo una integrante del colectivo Infancias Libres.

Cuándo se celebrará este año

Con el nuevo decreto en vigencia, el Día del Niño 2025 será celebrado el domingo 17 de agosto, coincidiendo con el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín. Además, el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que genera un contexto propicio para actividades familiares y recreativas en todo el país.

En un nuevo giro clave para la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretó el desembolso de US$2.000 millones, lo que impulsó las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) hasta su punto más alto desde la asunción del presidente Javier Milei.

Con la llegada de los fondos, las reservas brutas del BCRA treparon a US$43.023 millones, un nivel que no se alcanzaba desde enero de 2023. La inyección de divisas no solo refuerza el respaldo financiero del Gobierno, sino que también representa un guiño de confianza por parte del organismo internacional, en medio de un programa económico de fuerte ajuste fiscal y monetario.

Sin embargo, detrás del número récord se esconde una realidad más compleja. El propio FMI advirtió en su último informe técnico que no se cumplió la meta de acumulación de reservas netas para el segundo trimestre. De hecho, al cierre de junio, las reservas netas mostraban un saldo negativo de US$4.700 millones, lejos del objetivo pactado con el organismo.

Un alivio transitorio: gran parte del dinero vuelve al FMI

De los US$2.000 millones desembolsados, alrededor de US$824 millones deberán ser utilizados de manera inmediata para pagar intereses y comisiones al propio FMI. Esto significa que más del 40% del dinero ingresado saldrá nuevamente del país, lo que relativiza el alivio inicial.

De acuerdo con estimaciones privadas, las reservas netas totales se ubican actualmente en US$8.368 millones, aunque una parte significativa de ese monto corresponde a activos no líquidos o de acceso restringido:

• US$14.291 millones en encajes bancarios.
• US$18.096 millones provenientes del swap de monedas con China.
• US$2.268 millones en otros pasivos.

En este marco, los analistas destacan que las reservas de libre disponibilidad —es decir, las que realmente pueden utilizarse— rondan los US$22.000 millones, un colchón todavía limitado frente a los compromisos externos que se avecinan.

El respaldo político del FMI a Milei

Más allá de los números, el nuevo desembolso fue interpretado por el mercado como un respaldo explícito a la gestión de Milei. El presidente argentino ha encarado un plan económico de ajuste ortodoxo y liberalización, que incluye la contención del gasto público, una fuerte contracción monetaria y la eliminación progresiva de controles cambiarios.

Para el FMI, estas medidas son consistentes con los objetivos del programa acordado en abril, que contempla desembolsos por US$20.000 millones a lo largo del año, de los cuales ya se entregaron US$14.000 millones.

Con el desembolso ya efectivizado, el Gobierno deberá enfocar sus esfuerzos en alcanzar las metas estructurales del tercer trimestre, entre ellas la mejora en las reservas netas, el control del déficit fiscal y la estabilidad cambiaria. Cada revisión del FMI será clave no solo para asegurar nuevos tramos de financiamiento, sino también para mantener la confianza de los mercados.

El gobierno argentino dio un paso clave hacia la posibilidad de que sus ciudadanos ingresen a Estados Unidos sin necesidad de visa, gracias al relanzamiento de las negociaciones para incorporarse nuevamente al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program). Aunque el proceso es complejo y aún hay obstáculos por superar, la iniciativa representa una señal política fuerte y genera grandes expectativas de cara al futuro.

Argentina formó parte del programa Visa Waiver entre 1996 y 2002, pero fue excluida tras la crisis económica de comienzos de siglo. Desde entonces, los ciudadanos argentinos deben tramitar una visa tipo B1/B2 para poder ingresar a territorio estadounidense por motivos de turismo o negocios.

Ahora, el gobierno de Javier Milei y representantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acordaron iniciar un proceso de evaluación para reincorporar al país al programa, lo que permitiría ingresar con una simple autorización electrónica (ESTA), sin necesidad de pasar por entrevistas ni pagar la visa consular.

Los requisitos clave que debe cumplir Argentina

1. Reducir la tasa de rechazo de visas

Uno de los principales requisitos para que un país pueda ingresar al programa es que la tasa de rechazo de visas B1/B2 sea inferior al 3 % anual. Según datos oficiales, en 2024 Argentina alcanzó una tasa del 8,9 %, la más alta en casi dos décadas. Este es el obstáculo más importante que el país deberá resolver para avanzar en el proceso.

2. Emitir pasaportes electrónicos biométricos

Estados Unidos exige que todos los países del programa emitan pasaportes electrónicos con chip biométrico, capaces de almacenar información como huellas digitales y datos faciales. Argentina ya cumple con este requisito, lo que representa un punto a favor en la evaluación.

3. Cooperación en materia de seguridad

Otro aspecto fundamental es que el país candidato acepte colaborar activamente con Estados Unidos en materia de inteligencia y seguridad. Esto incluye el intercambio de datos sobre terrorismo, la notificación inmediata de pasaportes perdidos o robados y la disposición a permitir auditorías periódicas por parte del gobierno estadounidense.

4. Repatriación de ciudadanos con órdenes de expulsión

También se requiere que el país esté dispuesto a repatriar a sus ciudadanos en caso de que un tribunal estadounidense determine su expulsión. Este punto ya fue abordado en acuerdos bilaterales anteriores, aunque será evaluado nuevamente.

Beneficios de ingresar al Visa Waiver Program

Si Argentina logra ser incorporada al programa, los ciudadanos podrán viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa por hasta 90 días, únicamente completando un formulario online (ESTA) y abonando una tasa mucho menor a la de la visa tradicional.

Entre los principales beneficios se destacan:

• Menor costo: el formulario ESTA cuesta menos de USD 25.
• Mayor rapidez: no se necesita entrevista ni cita consular.
• Validez por dos años, siempre que el pasaporte siga vigente.

Sin embargo, es importante aclarar que la exención no garantiza el ingreso automático: los oficiales migratorios en el aeropuerto pueden decidir rechazar la entrada si detectan inconsistencias o sospechas.

¿Cuánto tiempo podría demorar el proceso?

Funcionarios estadounidenses han señalado que la incorporación al Visa Waiver puede demorar entre 12 y 18 meses. El gobierno argentino confía en acelerar el proceso para que esté vigente antes del Mundial 2026, un evento que podría generar un fuerte flujo turístico hacia Norteamérica.

El embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, afirmó que “el proceso ya está en marcha”, aunque advirtió que Argentina aún debe mejorar sus indicadores migratorios para cumplir con los criterios técnicos.

Más allá de los requisitos formales, algunos analistas interpretan este acercamiento como una decisión política, en el contexto de la relación entre Javier Milei y el expresidente Donald Trump, quien buscaría regresar al poder en las próximas elecciones. En este sentido, se ha planteado que Argentina podría recibir un tratamiento especial, a pesar de no cumplir hoy con todas las condiciones técnicas.

De concretarse, sería una señal contundente de alineamiento geopolítico y confianza bilateral, además de representar un cambio histórico en la política migratoria de Estados Unidos hacia América Latina.