En las últimas semanas, La Libertad Avanza (LLA), el partido liderado por el presidente Javier Milei, fue protagonista de una fuerte polémica a raíz del nombramiento de casi 120 personas en cargos jerárquicos dentro de la ANSES en la provincia de Buenos Aires. Los designados, en su mayoría sin experiencia previa en gestión pública ni formación técnica en materia previsional, son excandidatos, militantes y familiares del partido libertario.
La maniobra generó fuertes cuestionamientos tanto en el plano político como social, especialmente porque contradice el discurso con el que Milei llegó al poder: la lucha contra la «casta» y la reducción del aparato estatal. En cambio, lo que se observa es una expansión territorial de LLA basada en la ocupación de espacios sensibles del Estado nacional, en este caso, la estructura previsional.
Según detalló el portal Ámbito, los nuevos funcionarios fueron ubicados en oficinas locales de ANSES distribuidas en unos 135 municipios del conurbano y el interior bonaerense. La coordinación de estos nombramientos estuvo a cargo de Sebastián Pareja, uno de los principales armadores del oficialismo en la provincia. Las fuentes señalan que la lista de designados incluye perfiles tan variados como camioneros, pintureros, estudiantes, bomberos y técnicos agropecuarios, pero con un elemento en común: la cercanía política o personal con referentes libertarios.
Uno de los casos más llamativos se dio en General Alvarado, donde se nombró como jefe local a Tomás Di Leo, un joven de 22 años sin experiencia en la función pública. Su principal mérito habría sido militar en el espacio y haber acompañado la campaña del actual diputado Nahuel Sotelo. Como él, decenas de nuevos jefes comunales de ANSES han sido señalados por responder directamente a diputados, concejales o figuras de segundo orden dentro del partido.
Esta estrategia de designaciones despierta críticas no solo por el perfil de los elegidos, sino por el uso político de un organismo sensible. La ANSES no es un área menor: administra jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios que llegan de manera directa a la población más vulnerable. Por eso, los cargos jerárquicos dentro del organismo implican un poder territorial concreto y una capacidad de acción con impacto directo en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Desde sectores de la oposición advierten que la ANSES se está transformando en una herramienta de control político, al servicio de la construcción de poder local. No es la primera vez que LLA es acusada de usar el aparato del Estado con fines partidarios. En febrero pasado, otra investigación periodística reveló que el gobierno nacional había nombrado a más de 80 dirigentes propios en puestos jerárquicos del PAMI, también en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, al igual que ahora, se trataba de exconcejales, familiares y allegados, muchos sin relación previa con la salud pública.
La contradicción entre el relato libertario y las prácticas políticas concretas es evidente. Mientras el presidente Javier Milei insiste en los medios y redes sociales con su cruzada contra los privilegios de la política tradicional, su espacio político multiplica nombramientos partidarios en cargos estatales de peso. Incluso se observa una lógica casi calcada a la de las estructuras del peronismo, el kirchnerismo y el radicalismo en décadas pasadas: construir territorialidad a partir del control de los organismos nacionales con presencia en los municipios.
Consultados por algunos medios, desde el entorno de Pareja minimizaron la polémica y defendieron las designaciones al argumentar que se busca renovar la gestión local y cortar vínculos con la vieja política. Sin embargo, la falta de criterios técnicos transparentes y el alto grado de afinidad política de los nombrados refuerzan la sospecha de que se trata de una distribución de cargos a modo de pago político.
El impacto social de estas designaciones es aún difícil de dimensionar, pero hay preocupación entre trabajadores de carrera dentro de la ANSES, quienes ven cómo profesionales con años de experiencia son desplazados por cuadros improvisados o militantes sin formación. También se multiplican las quejas de usuarios que denuncian demoras o irregularidades en la atención, producto de una gestión que prioriza la lealtad partidaria sobre la eficiencia.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sigue sin dar explicaciones claras. La falta de comunicación oficial sobre los criterios de selección o la evaluación de los nombrados alimenta el malestar y las críticas. El silencio es interpretado por muchos como una confirmación tácita de que estos cargos ANSES están siendo usados como plataforma política de cara a las elecciones legislativas del año próximo.
Este tipo de prácticas no son nuevas en la política argentina, pero sí resultan llamativas en un espacio que llegó al poder prometiendo cambiarlo todo. La pregunta que muchos se hacen hoy es si La Libertad Avanza ha caído en las mismas lógicas que juró combatir o si simplemente adapta el relato para justificar decisiones políticas que consolidan su estructura territorial.
