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Manuel Adorni será candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza

Manuel Adorni ha sido confirmado como candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, según fuentes oficiales. Su participación en los primeros comicios de relevancia del año electoral genera interrogantes sobre su continuidad como vocero presidencial.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la encargada de tomar la decisión final sobre la candidatura de Adorni. En este marco, se encuentra organizando el acto de lanzamiento de campaña en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, mantuvo reuniones clave con Javier Milei, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem, Adorni y Daniel Parisini, conocido como el «Gordo Dan».

La estrategia de La Libertad Avanza apunta a una fuerte polarización con el PRO, utilizando un discurso basado en la «motosierra» para implementar ajustes en la Ciudad, replicando el esquema de recortes a nivel nacional. Para ello, la mesa política oficialista evaluó inicialmente la posibilidad de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fuera candidato, aunque finalmente se optó por Adorni.

Durante el último mes, el Gobierno analizó distintas opciones dentro del gabinete, midiendo la imagen y la intención de voto de Sturzenegger, Patricia Bullrich (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Además, se consideraron economistas alineados con la visión oficialista.

Ramiro Marra y el armado de la lista electoral

El Ejecutivo también está a la espera de la confirmación de Ramiro Marra, excandidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, para postularse antes del cierre de listas el 29 de marzo. La decisión de incluir a Adorni como principal figura en la lista responde a la necesidad de presentar un referente con peso nacional dentro del espacio político.

Desde la Casa Rosada, se reconoce que la elección en la Ciudad de Buenos Aires será compleja debido a la fragmentación de las opciones electorales. Por ello, se busca que figuras de primer nivel dentro del Gobierno se sumen activamente a la campaña. Actualmente, la mesa política de La Libertad Avanza está delineando una estrategia de recorridas y eventos en la Ciudad para fortalecer la presencia del partido.

El futuro de Adorni y la jefatura de Gobierno en 2027

El oficialismo no solo pretende posicionar a Adorni en la legislatura porteña, sino que también busca proyectarlo como candidato a jefe de Gobierno en 2027. «Es una elección clave, porque no podemos perder con el PRO y necesitamos marcar una tendencia de voto«, señalan desde el Gobierno.

Con este movimiento estratégico, La Libertad Avanza pretende consolidarse como una fuerza dominante en la Ciudad de Buenos Aires, disputando el liderazgo con los partidos tradicionales y reforzando su presencia en el escenario político nacional.

La CGT convoca a un paro nacional el 10 de abril y anuncia movilización el 9

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha confirmado la realización de un paro nacional de 24 horas para el jueves 10 de abril de 2025, en protesta por las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Esta medida será precedida por una movilización el miércoles 9 de abril, que comenzará a las 12 del mediodía en el centro de Buenos Aires.

Motivos del paro nacional convocado por la CGT

La CGT ha expresado su preocupación por el aumento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, atribuidos a las políticas de ajuste y austeridad del gobierno actual. Héctor Daer, integrante del triunvirato de la CGT, señaló: «No se puede ser un mero espectador de los despidos que están ocurriendo».

Cronograma de acciones sindicales

La jornada de protesta se desarrollará en dos etapas:

1. **Movilización el 9 de abril**: A partir de las 12 horas, se llevará a cabo una concentración en el centro porteño, coincidiendo con la habitual marcha de jubilados al Congreso. Esta movilización busca apoyar los reclamos de los adultos mayores y manifestar el descontento general con las políticas gubernamental.

2 Paro general el 10 de abril**: Desde las 00:00 horas del jueves, se iniciará un paro nacional de 24 horas que afectará a diversos sectores laborales en todo el país.

Adhesión de distintos gremios al paro de la CGT

Diversos sindicatos han confirmado su participación en la medida de fuerza. Entre ellos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los trabajadores del transporte público, ha anunciado su adhesión al paro del 10 de abril.

Respuesta del gobierno ante el anuncio del paro

El gobierno, a través de su portavoz Manuel Adorni, ha minimizado la convocatoria al paro, calificándola como un intento de los líderes sindicales por perjudicar la gestión actual. Adorni afirmó: «No hay nada que justifique un paro».

Participación en otras movilizaciones

Además de las acciones programadas para abril, la CGT ha decidido sumarse a la marcha del 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Esta participación refleja el compromiso de la central obrera con los derechos humanos y su apoyo a las causas sociales.

Contexto de las medidas de fuerza

Este paro nacional será el tercero que la CGT convoca en lo que va del gobierno de Javier Milei. Las anteriores medidas de fuerza se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, evidenciando una creciente tensión entre la central obrera y el Ejecutivo nacional.

Impacto esperado del paro nacional

Se prevé que la medida de fuerza tenga un impacto significativo en diversos sectores, especialmente en el transporte público, la educación y la administración pública. La adhesión de gremios clave, como la UTA, sugiere una paralización considerable de actividades durante la jornada del 10 de abril.

Posibles negociaciones y diálogo con el gobiernoA pesar del anuncio del paro, existen expectativas sobre posibles instancias de diálogo entre la CGT y el gobierno en los próximos días. Algunos sectores abogan por una negociación que permita atender las demandas sindicales y evitar la concreción de la medida de fuerza.

Sujarchuk y Kicillof inauguraron la Ruta 26, un nuevo CDI, y anunciaron que terminarán la obra del Bedoya que dejó inconclusa Nación

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron la obra integral de la Ruta Provincial 26 y el noveno Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del partido, en el barrio La Victoria de Belén de Escobar. Además, anunciaron que, de manera conjunta, el Municipio y la Provincia se harán cargo de la finalización del entubamiento del arroyo Bedoya, una obra que había comenzado el anterior gobierno nacional pero que la gestión de Javier Milei dejó paralizada.  

Durante la visita del gobernador también se anunció que, con fondos provinciales, se hará la remodelación total del polideportivo Luis Monti de Belén de Escobar, mientras que está a punto a finalizarse la nueva Feria de la Familia de Maquinista Savio, que beneficiará a 692 emprendedores de la economía social del partido. Además, ambos mandatarios recorrieron el Barrio Stone, donde se llevan adelante parte de los trabajos del programa provincial OPISU que incluyen la pavimentación de 110 calles de siete barrios populares del distrito. 

“Durante nuestra gestión terminamos las dos rutas provinciales que atraviesan el distrito: la 25 y la 26, se hicieron nuevas de punta a punta. En cada caso se hizo la cuenca hidráulica, que nunca se había contemplado, la reconversión de luces y semáforos. También pusimos en funciones el noveno CDI de nuestro partido, con el que duplicamos las vacantes para que nuestros chicos y chicas de la primera infancia empiecen con su formación educativa. Quiero agradecer al gobernador Kicillof y a todo su equipo porque terminamos estas obras en tiempo récord y ya planificamos lo que viene, que es igual de trascendente: vamos a terminar el entubamiento del Bedoya para que los vecinos de Savio y Garín no se inunden más, una obra abandonada por el gobierno nacional que vamos a continuar juntos, la Provincia y el Municipio”, expresó Sujarchuk. 

“En todo este tiempo, trabajando codo a codo con el intendente, nos impusimos desafíos realmente grandes y difíciles. Ariel es un luchador, me acuerdo cuando recién comenzamos y venía con su lista de necesidades para mejorar la vida de su gente. Con estas obras sentimos que estamos generando progreso y desarrollo económico para los vecinos y vecinas de Escobar”, afirmó Kicillof.

La repavimentación de la Ruta 26, clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial de la región, demandó una inversión de $14.000 millones. Se instalaron 174 columnas de iluminación LED, se construyeron veredas, se modernizaron los semáforos y las paradas de colectivos, y se hicieron nuevas dársenas para el transporte público.

Previo del corte de cinta en la Ruta 26, las autoridades inauguraron formalmente el nuevo Centro de Desarrollo Infantil «Edith Migueles» en el Barrio La Victoria, en Belén de Escobar. Este centro, que funciona desde hace unos días, con el comienzo del ciclo lectivo, es una de las 30 obras que paralizó el gobierno nacional en nuestro distrito y en diciembre de 2023 tenía un 70% de avance. El CDI cuenta con cuatro aulas destinadas a niños y niñas de 45 días a tres años, una sala de lactancia, administración y patios de acceso descubiertos, permitiendo la inclusión de 65 niños y niñas en espacios adecuados para su desarrollo integral.

Acompañando al gobernador estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios.

Denuncia por escándalo cripto: presentaron una demanda colectiva contra $LIBRA en EE.UU.

El mundo de las criptomonedas vuelve a estar en el ojo del huracán tras la presentación de una nueva demanda colectiva en la Corte Suprema de Nueva York. El prestigioso estudio jurídico Burwick Law, reconocido por su especialización en delitos financieros y criptoactivos, ha impulsado un proceso legal contra diversas entidades vinculadas a la controvertida criptomoneda $LIBRA.

El documento legal acusa a Kelsier Ventures, Meteora y KIP Protocol de llevar a cabo prácticas financieras manipuladoras y desleales. Además, señala la implicación crucial del presidente argentino Javier Milei, quien, según la denuncia, habría otorgado credibilidad al proyecto, contribuyendo indirectamente a atraer inversionistas y facilitar transacciones de alto volumen.

La demanda presentada por Burwick Law destaca que el lanzamiento de $LIBRA no solo fue «engañoso y manipulador», sino que además se llevó a cabo bajo una estrategia premeditada para atraer inversores con falsas promesas de legitimidad y rentabilidad.

El escrito judicial argumenta que los demandados promovieron el token como un vehículo de inversión con alto potencial de crecimiento, enfatizando su capacidad para financiar startups, proyectos educativos y pequeñas empresas en Argentina. Sin embargo, lejos de cumplir con estas expectativas, el modelo de distribución utilizado habría perjudicado a cientos de inversores.

Entre las principales acusaciones que sustentan la denuncia, destacan:

✔️ Manipulación del mercado a través de pools de liquidez controlados unilateralmente en la plataforma descentralizada Meteora.
✔️ Falsa legitimación del token mediante el respaldo mediático y político de figuras influyentes.
✔️ Promoción de falsas expectativas económicas, asegurando a los inversores una rentabilidad que nunca llegó.
✔️ Uso de plataformas estadounidenses para gestionar transacciones en dólares, lo que habilitó la intervención de la justicia norteamericana.

El rol de Javier Milei en el escándalo cripto

Uno de los puntos más polémicos de la denuncia es la supuesta implicación del presidente Javier Milei. El documento legal expone que su respaldo público al proyecto de $LIBRA habría sido un factor clave para generar confianza en los inversores.

Según la acusación, Milei habría desempeñado un papel determinante al asociar el token con conceptos como la revitalización económica, la descentralización financiera y la transparencia fiscal. Esta estrategia habría inducido a error a numerosos inversionistas, que creyeron estar respaldando un activo legítimo y con perspectivas reales de crecimiento.

En este contexto, Burwick Law sostiene que la imagen del presidente argentino fue utilizada deliberadamente para fortalecer la percepción de credibilidad de $LIBRA, lo que facilitó la captación de inversiones a gran escala.

Burwick Law y la representación de los damnificados

El estudio Burwick Law no es un actor menor en este tipo de litigios. Con una trayectoria consolidada en la lucha contra delitos financieros en el ecosistema cripto, sus abogados representan a alrededor de 300 afectados que buscan justicia tras haber perdido dinero con $LIBRA.

La demanda ha sido admitida por el sistema judicial de EE.UU., dado que involucra a ciudadanos estadounidenses, transacciones efectuadas en dólares y plataformas radicadas en dicho país. Esto refuerza la posibilidad de que el caso avance con celeridad y pueda sentar un precedente importante en la regulación de criptomonedas en el ámbito internacional.

De acuerdo con los documentos judiciales, el esquema detrás de $LIBRA se basaba en un mecanismo de distribución diseñado para favorecer a unos pocos mientras que la mayoría de los inversores quedaba expuesta a riesgos desmedidos.

El plan de lanzamiento de $LIBRA se estructuró alrededor de pools de liquidez controlados por los mismos desarrolladores en la plataforma descentralizada Meteora. En este tipo de operaciones, los inversionistas eran inducidos a adquirir el token bajo la promesa de que su valor aumentaría con el tiempo. Sin embargo, los movimientos de liquidez eran manipulados, permitiendo que los creadores del token retiraran grandes sumas de dinero antes de que el precio colapsara.

Este esquema, que recuerda a las clásicas estafas tipo «pump and dump», dejó a cientos de personas con activos sin valor. Al mismo tiempo, los promotores del proyecto lograron hacerse con importantes sumas de dinero antes de que el mercado reaccionara.

Repercusiones y posibles consecuencias legales

El caso de $LIBRA no solo pone en el centro del debate la necesidad de mayor regulación en el mundo cripto, sino que también podría derivar en fuertes sanciones para los responsables.

Si la justicia estadounidense encuentra pruebas suficientes para sostener la acusación, las entidades involucradas podrían enfrentarse a:

🔹 Sanciones económicas millonarias por fraude financiero.
🔹 Restricciones de por vida para operar en el mercado cripto.
🔹 Posibles cargos penales, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados.

En el caso de Javier Milei, aunque su nombre aparece mencionado en la demanda, su grado de responsabilidad legal en el asunto sigue siendo incierto. Si bien no se lo acusa directamente de haber participado en la gestión del esquema fraudulento, su respaldo público podría ser considerado un factor clave en la legitimación del proyecto.

El impacto de esta denuncia podría extenderse más allá de los tribunales. En un escenario donde la regulación de las criptomonedas sigue siendo un tema en debate, casos como el de $LIBRA refuerzan la necesidad de mayores controles y transparencia en el sector.

A medida que más inversionistas se ven afectados por fraudes similares, las autoridades de distintos países están intensificando sus esfuerzos para establecer normativas más estrictas. Esto podría traducirse en:

📌 Mayor supervisión en el lanzamiento de nuevos tokens.
📌 Reglas más claras para la promoción de criptoactivos.
📌 Sanciones más severas para esquemas de manipulación de mercado.

Privatización de Intercargo: el Gobierno avanza con la venta total de la empresa estatal

El Gobierno de Argentina ha dado luz verde a la privatización total de Intercargo, la compañía estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipaje en 21 aeropuertos del país. Esta decisión se enmarca dentro del proceso de desregulación del sector aerocomercial y busca abrir el mercado a la competencia privada.

Desde hace varios meses, Intercargo se encontraba en el centro de la polémica debido a conflictos gremiales que afectaron gravemente la operatividad en los principales aeropuertos argentinos. En particular, un paro sorpresivo en Aeroparque y Ezeiza, registrado a finales de 2023, derivó en la cancelación de múltiples vuelos y dejó a miles de pasajeros varados, generando fuertes críticas desde el Ejecutivo.

Ante esta situación, el Gobierno liderado por Javier Milei decidió avanzar con la desregulación del servicio de rampa, permitiendo la entrada de empresas privadas en el sector. Esta medida fue anunciada en noviembre de 2024 por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que se trataba del «fin de Intercargo tal como lo conocemos».

Además, el portavoz gubernamental remarcó que con esta medida ningún «terrorista sindical» podría volver a paralizar los aeropuertos ni afectar a los pasajeros mediante medidas de fuerza.

El nuevo escenario: competencia privada en los servicios de rampa

Hasta la implementación de esta reforma, Intercargo mantenía el monopolio de los servicios de rampa en los aeropuertos más importantes del país. Sin embargo, tras la decisión del Ejecutivo, nuevas compañías privadas han sido autorizadas a ofrecer estos servicios, lo que marca un cambio radical en el sector.

El decreto oficial señala que Intercargo poseía contratos vigentes con concesionarios aeroportuarios para la utilización de los espacios destinados a la prestación de servicios de rampa. Esta estructura contractual se mantuvo en 21 aeropuertos, pero ahora, con la privatización en marcha, se espera que nuevos operadores ingresen al mercado.

Con la privatización aprobada, el Gobierno ha dado inicio a una licitación pública de alcance nacional e internacional para vender el 100% de las acciones de Intercargo S.A.U.

El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, será el encargado de liderar el proceso, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas». Esta entidad tendrá la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para concretar la venta y garantizar una transición ordenada.

Uno de los aspectos clave de este proceso será la rescisión del contrato de concesión vigente entre el Estado y la empresa. Este paso se llevará a cabo de mutuo acuerdo antes de la transferencia definitiva de las acciones.

El Gobierno ha insistido en que la privatización de Intercargo no afectará la operatividad de los aeropuertos ni la conectividad aérea del país. Según lo dispuesto en la normativa, el Ministerio de Economía deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el servicio de rampa continúe funcionando sin interrupciones.

Este punto es esencial, ya que el servicio de rampa es una pieza clave en la logística aeroportuaria, permitiendo el traslado eficiente de equipaje y pasajeros. Cualquier interrupción podría afectar gravemente a las aerolíneas y a los usuarios del transporte aéreo.

Intercargo y su impacto económico en el Estado

Uno de los principales argumentos del Gobierno para avanzar con la privatización es el alto costo que representó Intercargo para el Estado en los últimos años.

Entre 2020 y 2023, la empresa recibió asistencia financiera del Estado Nacional por aproximadamente 6.700 millones de pesos para cubrir sus necesidades operativas y garantizar estándares de calidad y seguridad.

Desde el Ejecutivo consideran que esta carga financiera es insostenible en el actual contexto económico y que el ingreso de actores privados permitirá mejorar la eficiencia del servicio sin generar gastos adicionales para el Estado.

Reacciones ante la privatización de Intercargo

La decisión del Gobierno ha generado diversas reacciones dentro del sector aeronáutico y en el ámbito político.

  • Las aerolíneas han recibido la medida con optimismo, ya que la apertura del mercado podría reducir costos y mejorar la calidad del servicio de rampa.
  • Los sindicatos aeronáuticos, en cambio, han manifestado su rechazo, argumentando que la privatización podría afectar los derechos laborales de los trabajadores de Intercargo y generar despidos masivos.
  • Los economistas y analistas del sector están divididos: algunos consideran que la competencia beneficiará al mercado, mientras que otros advierten sobre la posibilidad de monopolios privados si no se establecen regulaciones adecuadas.

Mientras Pablo Grillo pelea por su vida identificaron al responsable del disparo

El reciente incidente que involucró al fotógrafo Pablo Grillo ha generado una profunda conmoción en la sociedad argentina. Durante una manifestación de jubilados e hinchas frente al Congreso de la Nación, Grillo resultó gravemente herido por el impacto de una granada de gas lacrimógeno. Gracias a una minuciosa investigación, se ha logrado identificar al autor del disparo, lo que ha suscitado debates sobre el uso de la fuerza en las protestas y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

Identificación del gendarme responsableLa organización «Mapa de la Policía» llevó a cabo una exhaustiva reconstrucción de los hechos, analizando fotografías y videos del operativo. Este análisis permitió identificar al cabo primero Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional, como el autor del disparo que hirió a Grillo. Un detalle crucial para su identificación fue el color de su uniforme caqui, distintivo entre los demás agentes. Además, una imagen de alta calidad permitió leer su apellido en el galón identificatorio.

Guerrero pertenece a la Unidad Móvil Nº 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI). La investigación también señaló que su accionar recae bajo la responsabilidad del comandante mayor Héctor Ferreira, jefe del Destacamento Móvil 6, quien a su vez reporta al comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian, jefe del Comando Región 1 de la provincia de Buenos Aires.

Contexto de la manifestación y la represión

La protesta, que inicialmente fue convocada por jubilados en reclamo de mejoras en sus pensiones, se desarrollaba de manera pacífica. Sin embargo, la situación escaló cuando las fuerzas de seguridad intervinieron, resultando en una violenta represión que dejó al menos 120 detenidos y 45 heridos. Este operativo ha sido considerado el mayor ejercicio de fuerza desde que el gobierno ultraderechista de Javier Milei asumió el poder en diciembre de 2023.

Durante la represión, el fotoperiodista Pablo Grillo sufrió una fractura de cráneo debido al impacto directo de una granada de gas lacrimógeno disparada horizontalmente, en contravención de los protocolos establecidos. Este hecho ha generado críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien inicialmente afirmó que el proyectil había rebotado antes de impactar a Grillo, versión que fue desmentida por análisis posteriores.

Reacciones y consecuencias políticas

El incidente ha provocado una ola de indignación en diversos sectores de la sociedad. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de la oposición han condenado la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y han exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida por sus posturas controvertidas, expresó que manifestarse es un derecho democrático, pero que el uso de la violencia en las protestas debe ser reprimido por las fuerzas del orden. Estas declaraciones han sido interpretadas como un intento de distanciarse de las acciones del presidente Milei y de la ministra Bullrich.

Mientras tanto, en el Congreso, las discusiones sobre la creación de una comisión investigadora de la criptomoneda $Libra, vinculada a un reciente escándalo, derivaron en agresiones físicas entre legisladores, reflejando la creciente tensión política en el país.

Estado de salud de Pablo Grillo

Tras el incidente, Pablo Grillo fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones. Al momento de redactar este artículo, Grillo se encuentra en estado crítico, y su evolución es seguida de cerca por familiares, colegas y la comunidad en general, que esperan su pronta recuperación.

Después del escándalo Milei intenta regular las billeteras cripto

El Gobierno argentino ha implementado una nueva normativa que regula las actividades de las billeteras cripto, también conocidas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs). Esta medida surge tras el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, que afectó a miles de inversores y generó la necesidad de establecer un marco legal más sólido para el ecosistema cripto en el país.

Requisitos para las billeteras cripto

La nueva regulación establece que todas las plataformas que operen con activos virtuales deben inscribirse obligatoriamente en un registro oficial de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, se imponen requisitos en áreas clave como ciberseguridad, prevención de lavado de dinero y custodia de activos virtuales. El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que se ha trabajado para que la norma sea eficaz y promueva la innovación sin imponer costos innecesarios a la industria.

Plazos para la adecuación

La normativa establece un cronograma para que los PSAVs se adecuen a las nuevas disposiciones:

– **Personas humanas**: deben registrarse antes del 1º de julio de 2025.

– **Personas jurídicas constituidas en Argentina**: tienen plazo hasta el 1º de agosto de 2025.

– **Personas jurídicas extranjeras**: deben inscribirse antes del 1º de septiembre de 2025.La totalidad de la norma entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2025.

Facultades de la CNV y medidas en caso de incumplimiento

La CNV posee la autoridad para suspender o revocar inscripciones en casos de incumplimiento. Además, las plataformas que operen sin estar registradas podrán ser bloqueadas en Argentina mediante orden judicial. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y seguridad en el mercado de activos virtuales.

Contexto internacional y prevención de delitos económicos

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente adopción de monedas digitales y billeteras virtuales en Argentina. La regulación también apunta a cumplir con estándares internacionales en materia de supervisión financiera y prevención de delitos económicos, alineándose con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). citeturn0search0

Siguen los despidos en el INCAA

Los despidos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) han generado preocupación en la comunidad cinematográfica argentina. Recientemente, se desvinculó a 13 empleados del organismo, lo que se suma a una serie de recortes de personal que han afectado al sector en los últimos años.

Contexto de los despidos en el INCAA

Desde la asunción del presidente Javier Milei en 2023, se han implementado medidas de austeridad que buscan reducir el déficit fiscal mediante la disminución del tamaño del Estado. Estas políticas han afectado a diversas áreas, incluyendo la cultura y el cine. En octubre de 2024, se reportó la eliminación de 13 ministerios y el despido de 30,000 empleados públicos, lo que impactó en sectores como educación, salud y obras públicas.

Impacto en el sector cinematográfico

El INCAA, encargado de promover y regular el cine nacional, ha sido uno de los organismos más afectados por estos recortes. Además de los despidos, se han suspendido producciones cinematográficas y se ha reducido el financiamiento de festivales de cine. Estas medidas han generado preocupación sobre el futuro del cine independiente en Argentina.

Reacciones de la comunidad cinematográfica

La comunidad cinematográfica ha expresado su preocupación por la situación actual. Durante el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2024, directores, actores y productores argentinos manifestaron su apoyo al cine nacional y su inquietud por las políticas implementadas por el gobierno de Milei. Se destacó la importancia de mantener el cine de autor para preservar la identidad cultural del país.

Peligro en los puertos: Buques desregulados, sin control y a la deriva

El Gobierno nacional eliminó la figura del sereno de buques, lo que generó peligro y una fuerte preocupación por delitos y contrabando en los puertos. Además, un decreto desregulatorio abrió las puertas a millonarios negocios empresarios.

La desregulación del sector de navegación marítima impulsada por el gobierno de Javier Milei generó, además de un fuerte impacto en materia laboral, una creciente preocupación por deficiencias en materia de seguridad en buques.

Es que el Decreto 37/2025 sobre «Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre» (REGINAVE) provocó la eliminación de los serenos de buques. La nueva normativa otorgó la «libertad» de contratar a estos trabajadores a cargo de la vigilancia general de las embarcaciones amarradas en puerto. Son también quienes hasta entonces ejercían el control sobre la carga o mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas.

Por decisión del Gobierno nacional, a partir del pasado 20 de enero, la contratación de los serenos de buques de carga pasó a ser opcional. La situación encendió las alertas de distintos actores de la actividad que advierten sobre las graves consecuencias en materia de seguridad y control.

Peligro en los Puertos: Buques sin serenos

El sereno de buque es un auxiliar de la Prefectura Naval Argentina que se encarga de la seguridad en los puertos. La figura data desde 1904 y desde entonces estuvo contemplada en distintos regímenes de la actividad.

Específicamente, un sereno tiene como funciones principales controlar el acceso al buque, vigilar la carga y mercaderías, detectar y denuncias derrames de líquidos, prevenir delitos y alertar sobre intentos de contrabando, entre otros puntos. Su tarea es fiscalizada por la Prefectura Naval para cumplir con la reglamentación vigente.

La eliminación de los serenos se traduce en menos controles y un incremento de delitos, con la alerta latente sobre un aumento del contrabando y tráfico de drogas y armas, entre otros delitos, sobre todo en buques de bandera extranjera. El sereno es el único que tiene la potestad para revisar a quien ingresa a la embarcación.

Además de las complicaciones operativas y de seguridad, el decreto de Milei implicó una pérdida de más de 600 puestos de trabajo en el sector portuario, que conforman un elemento esencial en la protección de los intereses nacionales.

Los negocios en los puertos y los vínculos con la política

La medida desreguladora se implementó en el marco del DNU 70/23 y de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Entre sus considerandos, el polémico Decreto 37/2025 refiere una «simplificación de los procedimientos, la reducción de las exigencias normativas y la eliminación de regulaciones innecesarias».

Además, sostiene que la adecuación del marco reglamentario otorgará «mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias». También asegura que el servicio de serenos de buque «no está alineado con los estándares modernos de seguridad de los buques y puertos».

Siempre que hay perdedores, existen ganadores; y en este caso, de un negocio millonario. Fuentes de la actividad ubican a un puñado de empresas como las beneficiarias de la medida del gobierno. Se trata de poderosas firmas que operan en los corredores cerealeros de San Lorenzo, Santa Fe, y Bahía Blanca, con acciones también en otros puertos bonaerenses y Concepción de Uruguay, Entre Ríos.

PTP Group y la Agencia Marítima ISA (Independent Ship Agents SA) son dos de los grandes actores de logística que ya comenzaron a disfrutar de los beneficios desregulatorios y de «libertad» de la actividad. Estas empresas están a cargo de las operaciones de entrada y salida de los buques en los puertos.

En el primer caso, se trata de una empresa con fuerte presencia en el Puerto de Bahía Blanca que ya liberó los ingresos a sus buques. La firma PTP, con cobertura en la Hidrovía Paraná – Paraguay, mantiene sólidos vínculos con la política, a través de sectores ligados al peronismo que llamativamente se están sumando a estos intereses empresariales promovidos por viejas empresas ligadas al expresidente Mauricio Macri.

En tanto, la agencia ISA con presencia en el corredor cerealero de San Lorenzo fue una de las firmas que motorizó la nueva legislación. Hace semanas, la sede de la empresa fue epicentro de reclamos de serenos de buques que perdieron sus puestos de trabajo.

Serenos, afuera; ganancias, adentro

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 20 de enero e inmediatamente cayeron los puestos de trabajo de los serenos. Pero los negocios de las empresas continuaron. A saber: la contratación de serenos de buques se realiza con 60 días de anticipación a la carga del buque. Es decir todos los servicios realizados desde la publicación del decreto a la fecha ya estaban negociados y cerrados. Pero igualmente los serenos no fueron contratados. Por ende, las empresas continúan hoy en día cobrando los montos por serenos de buques que no contratan.

Para dimensionar el negocio, Mundo Gremial pudo recabar que en la región santafesina de 93 barcos ingresados a puertos en las últimas semanas, 87 fueron operados por ISA. Para ninguno de ellos se solicitó el servicio de serenos. Pero la empresa sí recibió desembolsos por parte de los armadores para la contratación. Es decir: quien compró el cereal pagó los servicios de serenos de buques, pero en los buques operados no trabajó ningún sereno. Las cuentas hablan de, al menos, unos 160.000 dólares que la empresa recibió por conceptos no contratados.

En las últimas horas también comenzó a sonar el nombre de otro actor que estaría detrás de las maniobras para eliminar la figura del serenos. Se trata de la poderosa Viterra, ex Oleaginosa Moreno, que estaría operativizando el negocio a través de un reconocido representante legal de la firma.

Los analistas del sector consultados por Mundo Gremial coinciden en afirmar que la eliminación de la figura del sereno de buque escondería la intención de las empresas de generar una situación inviable y quedarse más adelante con todo el servicio y colocación de control y seguridad a través de un nuevo régimen.

Quién es Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la marcha del Congreso

El reciente ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo durante la cobertura de una marcha en el Congreso ha generado una fuerte indignación social y política. El profesional de la imagen fue gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal, dejándolo en estado crítico. Este hecho ha desatado denuncias contra la brutalidad policial y críticas hacia las autoridades responsables de la seguridad.

Pablo Grillo, de 35 años, es un fotógrafo independiente oriundo de Lanús, provincia de Buenos Aires. Su pasión por la fotografía lo llevó a capturar diversas manifestaciones y eventos sociales, compartiendo su trabajo en redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde solía publicar imágenes de sus viajes y coberturas, se definía como un documentalista visual con un fuerte interés en la realidad política del país.

El pasado 12 de marzo, mientras cubría la marcha frente al Congreso de la Nación, un cartucho de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad lo impactó directamente en la cabeza, dejándolo inconsciente en el acto. Rápidamente fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde se le practicó una cirugía de urgencia debido a la gravedad de sus heridas.

El impacto del ataque: trauma craneoencefálico y estado crítico

Los informes médicos confirmaron que Grillo sufrió un trauma grave de cráneo con pérdida de masa encefálica y múltiples fracturas. Su estado de salud sigue siendo reservado, con un pronóstico incierto.

Los testigos del ataque captaron imágenes y videos que muestran el momento exacto en el que el cartucho de gas lacrimógeno lo golpea violentamente, lo que generó una ola de indignación en redes sociales y medios de comunicación.

Debido a la gravedad del caso, sus familiares y amigos han solicitado donantes de sangre de cualquier grupo y factor. Quienes deseen colaborar pueden acercarse al Hospital Ramos Mejía (Gral. Urquiza 1221).

La reacción de la familia: durísimas críticas a Bullrich y Milei

El padre del fotógrafo, Fabián Grillo, expresó su furia contra las autoridades nacionales, señalando directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Javier Milei.

«Por una borracha hija de puta y por un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, está corriendo peligro mi hijo», declaró con indignación frente al hospital donde su hijo se encuentra internado.

Además, rechazó la estigmatización hacia su hijo, quien ha sido señalado por algunos sectores como militante político: «Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala, como intenta hacer creer esa borracha que tenemos como ministra», afirmó.

Las declaraciones de Fabián Grillo reflejan el profundo enojo y la desesperación de una familia que exige justicia por lo ocurrido.

El ataque contra Grillo ha sido interpretado por muchos como un acto de represión desmedida por parte de las fuerzas de seguridad. Durante la jornada de protesta, no solo se registraron incidentes con manifestantes, sino que también se reportaron agresiones contra periodistas y fotógrafos que estaban documentando los hechos.

Este suceso reavivó el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Federal, especialmente bajo la gestión de Patricia Bullrich, quien ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por avalar tácticas represivas en manifestaciones sociales.

Diversos organismos de derechos humanos y agrupaciones periodísticas han denunciado lo ocurrido y han exigido una investigación inmediata para determinar responsabilidades.

Tras conocerse el estado crítico de Grillo, múltiples sectores de la sociedad han manifestado su solidaridad con él y su familia.

  • Colegas fotógrafos y periodistas han denunciado la creciente violencia contra la prensa en manifestaciones públicas.
  • Hinchas de Independiente, club del que Grillo es seguidor, han expresado su apoyo a través de redes sociales y mensajes de aliento.
  • Organismos de derechos humanos, como el CELS y Amnistía Internacional, han exigido que se esclarezca el caso y se sancione a los responsables.

Su grupo de amigos y familiares ha lanzado una campaña en redes sociales bajo el lema #JusticiaParaPablo, con el objetivo de visibilizar el caso y presionar a las autoridades para que se investigue lo sucedido.

¿Qué pasará con la investigación?

Hasta el momento, no se han identificado responsables directos por el ataque contra Grillo. Sin embargo, las pruebas audiovisuales y los testimonios recogidos podrían ser claves para avanzar en una investigación penal.

Abogados y organizaciones de derechos humanos han exigido que se revisen los protocolos de actuación policial y que se determine si el disparo fue intencional o resultado de un uso imprudente de la fuerza.

El caso de Pablo Grillo podría convertirse en un emblema de la lucha contra la violencia institucional, tal como ha ocurrido con otros episodios de represión policial en el país.