La jueza Karina Andrade dispuso la excarcelación de más de un centenar de manifestantes detenidos en las inmediaciones del Congreso Nacional tras una jornada de violencia y represión por parte de las fuerzas de seguridad. La medida, emitida en la madrugada del jueves, responde a la necesidad de garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, ordenó la liberación inmediata de 114 personas arrestadas durante los disturbios registrados en las cercanías del Congreso Nacional. Estas detenciones ocurrieron en el marco de una feroz represión desplegada por las fuerzas federales contra manifestantes que protestaban contra las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
El operativo policial dejó un saldo de 124 detenidos y decenas de heridos, incluyendo personas de la tercera edad que se encontraban en la manifestación. Entre los arrestados, figuraba el secretario general de ATE-CABA, Daniel Catalano.
Brutal represión en las inmediaciones del Congreso
La jornada de protesta se vio marcada por una intervención desmedida de las fuerzas de seguridad, que actuaron bajo el protocolo antipiquete implementado por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.
El despliegue policial incluyó alrededor de mil efectivos de distintas fuerzas federales, camiones hidrantes, policía motorizada y un contingente fuertemente armado. Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes prendieron fuego contenedores de basura, una motocicleta policial y un patrullero. En respuesta, los uniformados arremetieron con gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones masivas.
El saldo de la jornada fue de al menos 124 personas arrestadas y más de 20 heridos, uno de ellos en estado grave.
En su resolución, la jueza Karina Andrade destacó la importancia de proteger el derecho constitucional a la protesta y a la libertad de expresión. Subrayó además que la represión afectó a sectores vulnerables de la sociedad, como los jubilados, quienes cuentan con una protección especial a nivel legal y convencional.
«El derecho a manifestarse es un pilar fundamental de la democracia y no puede ser criminalizado sin un análisis riguroso de las circunstancias», indicó Andrade en su escrito.
Además, la magistrada explicó que la complejidad de los derechos en juego impide la aplicación del trámite de flagrancia, lo que fundamentó su decisión de ordenar la excarcelación inmediata de los detenidos.
Operativo Policial
Los arrestos fueron realizados mayormente por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. De los 114 liberados, 71 son hombres y 23 mujeres, quienes habían sido acusados de atentado y resistencia a la autoridad.
Se denunció que la unidad de flagrancia pretendía someter a los detenidos a un operativo médico-legista antes de proceder a su liberación, lo que habría generado demoras injustificadas. Ante esta situación, la jueza determinó que las excarcelaciones se hicieran efectivas sin dilaciones y solicitó a la fiscalía un informe sobre el estado de los arrestos restantes.
La represión y posterior liberación de los detenidos generaron una fuerte controversia en el ámbito político y social. Organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos opositores repudiaron la violencia estatal y denunciaron el intento de criminalizar la protesta social.
Desde el oficialismo, el Ministerio de Seguridad defendió el accionar de las fuerzas, argumentando que se trató de un operativo necesario para garantizar el orden público.
La decisión judicial de liberar a los detenidos reavivó el debate sobre los límites del derecho a la protesta y el uso de la fuerza por parte del Estado en contextos de movilización social.
