La investigación sobre la compra de vacunas en Argentina ha sido reabierta por la Cámara Federal porteña, enfocándose nuevamente en las decisiones tomadas por Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la pandemia del COVID-19. Esta reapertura responde a una apelación realizada por el fiscal Carlos Stornelli, quien objetó la desestimación previa de la causa hecha por el juez Ariel Lijo.
Los jueces federales Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia aceptaron el pedido del fiscal, al considerar que aún quedan aspectos sin esclarecer sobre las negociaciones con Pfizer, así como con otras farmacéuticas. Este nuevo capítulo en la investigación sobre las vacunas pone nuevamente bajo la lupa las políticas sanitarias del gobierno durante una de las etapas más críticas del país.
Según el fallo presentado por la Cámara Federal, se evidencian vacíos en la investigación original respecto a las negociaciones entre el Estado argentino y la compañía estadounidense Pfizer. Los magistrados remarcaron que “aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo con la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación”.
También señalaron que no se profundizó en los procesos de adquisición con otras farmacéuticas, lo que impide evaluar con precisión si hubo deliberada demora o irregularidades en la selección y compra de vacunas.
El origen de las denuncias: diputados opositores y reclamos de transparencia
La denuncia original fue presentada en 2021 por un grupo de diputados nacionales opositores al gobierno de Unión por la Patria. Entre los firmantes de la acusación se encuentran Omar De Marchi, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Álvaro De Lamadrid, Francisco Sánchez, entre otros. Todos ellos cuestionaron la falta de celeridad y transparencia en la adquisición de vacunas en los primeros meses de la emergencia sanitaria.
Los legisladores apuntaron a una posible negligencia o mal manejo de las negociaciones, lo que habría derivado en una tardía llegada de las dosis de Pfizer, una de las vacunas más solicitadas por los países del primer mundo y con eficacia comprobada.
El juez Ariel Lijo, en diciembre de 2024, había desestimado la causa tras considerar que no existía delito. En su resolución, destacó que incluso la empresa Pfizer había reconocido el interés y esfuerzo del gobierno argentino para cerrar el acuerdo, lo cual evidenciaría una voluntad política real por conseguir las vacunas.
Según el juez, no existían elementos suficientes para sostener que la demora hubiera sido producto de una decisión intencionada o perjudicial. Este argumento fue, sin embargo, refutado por la Cámara Federal, que ahora solicita una nueva y más exhaustiva investigación.
Durante la pandemia, Argentina registró al menos 130.000 muertes por COVID-19, y diversos estudios han indicado que el 90% de los fallecidos no habían sido vacunados. Este dato es clave en la evaluación del caso, ya que la demora en la llegada de las vacunas pudo tener consecuencias directas en la cantidad de víctimas fatales.
La vacuna de Pfizer arribó al país en septiembre de 2021, en un contexto donde otros países ya contaban con altas tasas de vacunación, lo que generó fuertes críticas por parte de la oposición, la ciudadanía y sectores científicos.
La gestión de vacunas en Argentina fue uno de los ejes más sensibles de la política durante la pandemia. A pesar de haber firmado acuerdos con otras farmacéuticas como Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, la ausencia temprana de Pfizer generó cuestionamientos sobre si hubo factores ideológicos, legales o económicos que influyeron en la toma de decisiones.
Este nuevo impulso judicial reabre el debate sobre la transparencia en los contratos y negociaciones internacionales realizadas en plena emergencia sanitaria. Además, podría tener repercusiones políticas significativas en un contexto donde la memoria social sobre la pandemia sigue vigente.
