Las Elecciones Buenos Aires 2025 se celebrarán el próximo 7 de septiembre, marcando un hito en la renovación de la Legislatura provincial, con la elección de 46 diputados y 23 senadores. Por primera vez, estos comicios serán independientes de los nacionales, en un encuadre político cargado de polarización y tensiones internas.

Las principales escuderías provinciales inscribieron los nombres de sus postulantes ante la Justicia Electoral para competir en los comicios de mayor proporción del país. Un total de 13.361.359 de bonaerenses estarán habilitados para votar por la renovación de 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado. También se elegirán concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Alianzas y cabezas de lista por sección

1. La Libertad Avanza + PRO

• Primera sección (senadores): Diego Valenzuela.
• Tercera sección (diputados): Maximiliano Bondarenko (ex comisario, foco de campaña en seguridad).
• Quinta sección (senadores): Guillermo Montenegro.
• Otras secciones: Natalia Blanco (2), Óscar Liberman (6) y Juan Osaba (8) como cabezas de lista de diputados; Gonzalo Cabezas (4) y Alejandro Speroni (7) para el Senado.

2. Fuerza Patria (peronismo unificado)

Tras intensas negociaciones internas, logró acordar candidaturas claves:

• Primera sección (senadores): Gabriel Katopodis.
• Tercera sección (diputados): Verónica Magario, con la perspectiva de asumir su banca.
• Otras cabezas de lista incluyen Diego Nanni (2), Alejandro Di Chiara (6), Ariel Archanco (8) para diputados, y Diego Videla (4), Fernanda Raverta (5), María Inés Laurini (7) para senadores.

3. Somos Buenos Aires (tercera vía moderada)

Coalición que surge como alternativa a los polos dominantes:

• Primera sección (senadores): Julio Zamora.
• Tercera sección (diputados): Pablo Domenichini.
• También participan Andrés De Leo (6) y Pablo Nicoletti (8) para diputados; Pablo Petrecca (4) y Matías Balsamello (5) como cabezas de lista de senadores.

4. Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U)

Dos listas principales:

• Primera sección: Romina Del Plá.
• Tercera sección: Nicolás del Caño.
• Además compiten en Quinta sección con Alejandro Martínez y en Octava sección con Laura Cano.

La campaña promete ser intensa y polarizada, enfrentando a La Libertad Avanza, impulsada por Javier Milei y su discurso de reducción del gasto público y mano dura contra la inseguridad, con el peronismo unificado, que defiende al empleo, la obra pública y los servicios sociales.

Milei lanzó la campaña bajo consignas binomiales como “Kirchnerismo o libertad” y destaca la baja de la inflación como principal logro.

En el peronismo, la tensión entre los sectores de Axel Kicillof, La Cámpora y Sergio Massa estuvo al borde de la ruptura, solucionándose en la madrugada del cierre de listas. En la alianza libertaria, el PRO cedió muchos puestos, lo que generó disidencias internas.

Importancia de las secciones electorales

La provincia está dividida en ocho secciones que agrupan municipios de similar peso electoral:

• Se renuevan 46 diputados y 23 senadores, la mitad de la Legislatura.
• La Primera y la Tercera secciones concentran la mayor cantidad de cargos: la 1ª elige 15 diputados y 8 senadores; la 3ª elige 18 diputados.

Las Elecciones Buenos Aires en septiembre de 2025 renovarán la mitad de la Legislatura provincial. Se anticipa una campaña polarizada entre mano dura e igualdad social, con un peronismo intentando replegar tensiones internas y una derecha fortalecida en alianza con el PRO.

El intendente del partido de Pilar, Federico Achával, presentó este jueves a los candidatos locales de Fuerza Patria para las próximas elecciones legislativas. En un acto que marcó el lanzamiento formal de la lista del oficialismo, el jefe comunal destacó el compromiso de los postulantes con la gestión y la comunidad pilarense.

La nómina estará encabezada por Soledad Peralta, referente cercana a Achával desde sus inicios en la política local, con amplia experiencia en políticas de inclusión social y participación ciudadana. En segundo lugar figura Juan Manuel Morales, dirigente territorial y promotor del deporte y la cultura en Pilar, integrante del equipo de gobierno desde 2019.

«Tenemos el enorme desafío de seguir transformando Pilar, y para eso es fundamental que nuestros vecinos y vecinas se sientan representados, con una mirada humana y la convicción de mejorar la vida de todos los pilarenses«, expresó el intendente durante el anuncio.

En tercer lugar fue confirmada Norma Castillo, ex responsable del PAMI de Presidente Derqui (2021-2024) y actual impulsora de políticas para personas mayores. El cuarto lugar lo ocupa Damián Espíndola, dirigente de Derqui y actual responsable del área de Educación del Municipio, reconocido por su trabajo en el desarrollo educativo durante la gestión de Achával.

Desde Fuerza Patria indicaron que «la lista refleja el compromiso con la continuidad del proyecto político que ha transformado el distrito en los últimos años».

El presidente del Colegio de Abogados de General San Martín lidera la boleta oficialista para el Concejo Deliberante. La lista fue diseñada por el intendente Fernando Moreira, con presencia del kicillofismo y el Frente Renovador, pero sin referentes de La Cámpora ni del Movimiento Evita.

En el marco del cierre de listas de cara a las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria confirmó la nómina de candidatos a concejales en el partido de General San Martín. La boleta estará encabezada por Marcos Vilaplana, actual presidente del Colegio de Abogados local y hombre de confianza del intendente Fernando Moreira, principal armador del oficialismo en el distrito.

La lista busca consolidar la conducción municipal, con representación del kicillofismo territorial y del Frente Renovador, en un armado que dejó fuera de juego a sectores de La Cámpora y del Movimiento Evita. La decisión reproduce tensiones que también se evidenciaron en el cierre provincial del espacio liderado por Axel Kicillof.

Quién es Marcos Vilaplana

Con una larga trayectoria en el ámbito jurídico, Vilaplana es presidente del Colegio de Abogados de General San Martín y ha tenido una activa participación en áreas de asesoramiento técnico y gestión institucional en el municipio. Su candidatura responde directamente al núcleo del oficialismo que lidera Moreira, con el respaldo del exintendente Gabriel Katopodis.

Los principales nombres de la lista

La boleta de Fuerza Patria en San Martín quedó integrada de la siguiente manera, según el cierre provisorio informado por medios locales:

1. Marcos Vilaplana – Presidente del Colegio de Abogados, figura central del oficialismo local.
2. Romina Ditale – Actual concejala vinculada al espacio katopodista.
3. Andrés Ceriani – Concejal del Frente Renovador que busca renovar su banca.
4. María Cristina García – Referente de la Corriente Nacional de la Militancia.
5. Manuel Di Benedictis – Concejal en ejercicio, ligado al espacio «La Patria es el Otro».
6. Marcela Ferri – Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad.
7. Andrés Alonso – Jefe de Gabinete municipal.
8. Xana Rodríguez – Concejal y referente del Frente Renovador.
9. Omar «Pachi» Lencinas – Hombre cercano a Katopodis; ocupa actualmente una banca.
10. Andrea Mercuri – Referente de la Juventud Peronista.
11. Pedro Debenedetti – Dirigente juvenil del peronismo local.

Una lista con sello propio

La boleta presentada por Fuerza Patria en San Martín refleja una clara estrategia de consolidación de la gestión actual, manteniendo equilibrio entre sectores del peronismo clásico, el massismo y el kicillofismo, sin dar lugar a los sectores más críticos o independientes del oficialismo. La exclusión de La Cámpora y el Movimiento Evita generó ruido en la interna, pero refuerza la intención del intendente Moreira de controlar el futuro legislativo del distrito.

La actual Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio será la primera candidata a concejal. El Intendente Juan Andreotti lo anunció en sus redes sociales: «Acompañanos a seguir renovando la ciudad que amamos. En las elecciones del 7 de septiembre, Eva encabezará nuestra lista junto a vecinos y vecinas comprometidos en cuidar con muchísimo cariño y responsabilidad lo que hemos logrado entre todos con tanto esfuerzo».

En San Fernando Fuerza Patria presentará para las elecciones municipales del próximo 7 de septiembre una lista de unidad, encabezada por la actual Secretaria municipal de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti. Así lo confirmó el Intendente Juan Andreotti: «En las elecciones del 7 de septiembre, Eva encabezará nuestra lista junto a vecinos y vecinas comprometidos en cuidar con muchísimo cariño y responsabilidad lo que hemos logrado entre todos con tanto esfuerzo». Cuidar cada espacio verde de nuestra ciudad, nuestros Polideportivos, nuestro Hospital, cada una de nuestras calles y ríos».

«Acompañanos a seguir renovando la ciudad que amamos», pidió el Jefe Comunal en sus redes sociales y resaltó la importancia de esta próxima elección: «Los concejales son aquellos que con su voto defienden las acciones y políticas que definen el destino de la ciudad, por eso pido que nos acompañen en esta elección para cuidar el orgullo que todos sentimos por San Fernando».

En orden, estos serán los candidatos de Fuerza Patria en San Fernando para las próximas elecciones del 7 de septiembre de 2025:

CANDIDATOS A CONCEJALES TITULARES

1. Eva Andreotti

2. Nicolás Postorivo

3. María Flor Rubinich

4. Jorge Barrasa

5. Laura Triador

6. Lucas Echeverría

7. Gimena Flores

8. Damián Rocca

9. Paola Jeandet

10. Eduardo Roth

CANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

1. Sandra Bergandi

2. Juan José Miranda

3. Lorena Benítez

CANDIDATOS A CONCEJALES SUPLENTES

1. Carla Ponce

2. David Santa Cruz

3. Verónica Heguy

4. Fabián Bell

5. Adriana Benítez

6. Luis Alberto Violini

CANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES

1. Valentín Scaviolo Lira

2. Melisa Ojeda

3. Facundo Romano

En las últimas semanas, La Libertad Avanza (LLA), el partido liderado por el presidente Javier Milei, fue protagonista de una fuerte polémica a raíz del nombramiento de casi 120 personas en cargos jerárquicos dentro de la ANSES en la provincia de Buenos Aires. Los designados, en su mayoría sin experiencia previa en gestión pública ni formación técnica en materia previsional, son excandidatos, militantes y familiares del partido libertario.

La maniobra generó fuertes cuestionamientos tanto en el plano político como social, especialmente porque contradice el discurso con el que Milei llegó al poder: la lucha contra la «casta» y la reducción del aparato estatal. En cambio, lo que se observa es una expansión territorial de LLA basada en la ocupación de espacios sensibles del Estado nacional, en este caso, la estructura previsional.

Según detalló el portal Ámbito, los nuevos funcionarios fueron ubicados en oficinas locales de ANSES distribuidas en unos 135 municipios del conurbano y el interior bonaerense. La coordinación de estos nombramientos estuvo a cargo de Sebastián Pareja, uno de los principales armadores del oficialismo en la provincia. Las fuentes señalan que la lista de designados incluye perfiles tan variados como camioneros, pintureros, estudiantes, bomberos y técnicos agropecuarios, pero con un elemento en común: la cercanía política o personal con referentes libertarios.

Uno de los casos más llamativos se dio en General Alvarado, donde se nombró como jefe local a Tomás Di Leo, un joven de 22 años sin experiencia en la función pública. Su principal mérito habría sido militar en el espacio y haber acompañado la campaña del actual diputado Nahuel Sotelo. Como él, decenas de nuevos jefes comunales de ANSES han sido señalados por responder directamente a diputados, concejales o figuras de segundo orden dentro del partido.

Esta estrategia de designaciones despierta críticas no solo por el perfil de los elegidos, sino por el uso político de un organismo sensible. La ANSES no es un área menor: administra jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios que llegan de manera directa a la población más vulnerable. Por eso, los cargos jerárquicos dentro del organismo implican un poder territorial concreto y una capacidad de acción con impacto directo en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

Desde sectores de la oposición advierten que la ANSES se está transformando en una herramienta de control político, al servicio de la construcción de poder local. No es la primera vez que LLA es acusada de usar el aparato del Estado con fines partidarios. En febrero pasado, otra investigación periodística reveló que el gobierno nacional había nombrado a más de 80 dirigentes propios en puestos jerárquicos del PAMI, también en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, al igual que ahora, se trataba de exconcejales, familiares y allegados, muchos sin relación previa con la salud pública.

La contradicción entre el relato libertario y las prácticas políticas concretas es evidente. Mientras el presidente Javier Milei insiste en los medios y redes sociales con su cruzada contra los privilegios de la política tradicional, su espacio político multiplica nombramientos partidarios en cargos estatales de peso. Incluso se observa una lógica casi calcada a la de las estructuras del peronismo, el kirchnerismo y el radicalismo en décadas pasadas: construir territorialidad a partir del control de los organismos nacionales con presencia en los municipios.

Consultados por algunos medios, desde el entorno de Pareja minimizaron la polémica y defendieron las designaciones al argumentar que se busca renovar la gestión local y cortar vínculos con la vieja política. Sin embargo, la falta de criterios técnicos transparentes y el alto grado de afinidad política de los nombrados refuerzan la sospecha de que se trata de una distribución de cargos a modo de pago político.

El impacto social de estas designaciones es aún difícil de dimensionar, pero hay preocupación entre trabajadores de carrera dentro de la ANSES, quienes ven cómo profesionales con años de experiencia son desplazados por cuadros improvisados o militantes sin formación. También se multiplican las quejas de usuarios que denuncian demoras o irregularidades en la atención, producto de una gestión que prioriza la lealtad partidaria sobre la eficiencia.

Mientras tanto, el Gobierno nacional sigue sin dar explicaciones claras. La falta de comunicación oficial sobre los criterios de selección o la evaluación de los nombrados alimenta el malestar y las críticas. El silencio es interpretado por muchos como una confirmación tácita de que estos cargos ANSES están siendo usados como plataforma política de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

Este tipo de prácticas no son nuevas en la política argentina, pero sí resultan llamativas en un espacio que llegó al poder prometiendo cambiarlo todo. La pregunta que muchos se hacen hoy es si La Libertad Avanza ha caído en las mismas lógicas que juró combatir o si simplemente adapta el relato para justificar decisiones políticas que consolidan su estructura territorial.

El miércoles 18 de julio de 2025, frente a Pasteur 633, sede de la AMIA, se llevó a cabo el acto conmemorativo por el 31.º aniversario del atentado terrorista más letal registrado en la historia argentina reciente. En la ceremonia, el presidente Javier Milei aseguró que “no vamos a parar hasta que se haga justicia”. La oportunidad fue aprovechada tanto para rendir homenaje a las 85 víctimas como para renovar el reclamo de esclarecimiento y sanción a los responsables.

El mandatario arribó a las 09:29, acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y estuvo acompañado por funcionarios como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), junto a legisladores y referentes comunitarios. El acto se desarrolló con un fuerte operativo de seguridad debido al contexto de tensión diplomática con Irán, al que la AMIA y el Gobierno responsabilizan por haber orquestado el ataque.

Con la lectura de los nombres de las 85 víctimas, el tradicional sonido del shofar a las 09:53, y la presencia de familiares, se marcó el momento exacto en que ocurrió la explosión, el 18 de julio de 1994. Bajo la consigna “La impunidad sigue; el terrorismo también”, el acto fue conducido por Mariana Fabbiani y contó con la intervención, entre otros, de familiares que reclamaron respuestas concretas sobre el origen del explosivo, el armado de la camioneta-bomba y la ejecución del operativo.

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, sostuvo que el atentado no puede ser visto como un episodio aislado, sino como parte de una estrategia más amplia organizada por Teherán y ejecutada a través de Hezbollah, que se adapta a los contextos temporales y geográficos. También advirtió sobre la “infiltración iraní en Latinoamérica”, aludiendo al incidente del avión venezolano-iraní en 2022.

Avances judiciales y reclamos

Este año marca un hito: por primera vez se inició un juicio en ausencia contra diez acusados —siete iraníes y tres libaneses— por estar prófugos, amparándose en la ley de juicio en ausencia, aprobada en febrero de 2025. El juez Daniel Rafecas habilitó esta vía el 26 de junio, buscando resarcir el estancamiento judicial de décadas.

Durante el acto, Armoza exigió respuestas sobre detalles centrales: procedencia del explosivo, roles de Telleldín, El Reda y otros, así como condiciones de conservación en las investigacionesW. También hizo un llamado al Estado argentino, a Estados Unidos y al Líbano para que actúen con firmeza y exijan el enjuiciamiento correspondiente.

El gobierno de Milei ha reforzado su postura firme contra Irán, alineándose con Estados Unidos e Israel. Incluso el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, celebró públicamente la posibilidad de avanzar con el juicio gracias a la nueva normativa. Este enfoque endurecido ha tensado aún más la relación con Teherán .

Breve repaso histórico del atentado AMIA

El atentado del 18 de julio de 1994 consistió en una bomba en un coche estacionado frente a la sede de la AMIA en Buenos Aires, que causó 85 muertos y más de 300 heridos, convirtiéndose en el ataque más grave contra la comunidad judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde 2006, investigaciones conjuntas de inteligencia argentina, estadounidense e israelí vinculan el ataque a funcionarios del régimen iraní y a Hezbollah. A pesar de ello, los acusados permanecen prófugos y el caso sufrió numerosos obstáculos, incluidos múltiples encubrimientos, decisiones judiciales anuladas y controversias políticas.

¿Qué se exige ahora?

El escenario actual gira en torno a tres ejes clave:

1. Juicio en ausencia: se espera que avance rápidamente para brindar un pronunciamiento judicial, pese a la falta de presencia de los acusados.
2. Clarificación de evidencias: se busca que los fiscales Basso y Miranda profundicen la investigación sobre el explosivo, los implicados locales y el apoyo logístico.
3. Protección y acceso a documentación: se reclama que los archivos de la SIDE y otros organismos queden accesibles en condiciones adecuadas, evitando su desprotección.

Mientras tanto, la participación de Estados Unidos e Israel, con recientes homenajes oficiales, refuerza la presión diplomática y política sobre Irán.

En medio del malestar creciente del campo por la restitución de retenciones, el presidente Javier Milei mantuvo este martes su primer encuentro formal con la Mesa de Enlace, en el predio ferial de Palermo, donde se desarrolla la tradicional Exposición Rural. La reunión, que duró cerca de dos horas, no dejó anuncios concretos, pero sí un gesto político clave en un contexto de alta sensibilidad para el sector agropecuario.

El motivo central de la cita fue el fin del esquema de reducción temporal de retenciones a la soja y el maíz, lo que provocó fuertes críticas desde las entidades rurales. Desde el 1° de julio, el tributo volvió a ubicarse en el 33% para la soja (había sido reducido al 26%) y en el 12% para el maíz (anteriormente 9,5%). La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía al vencer el decreto que había habilitado el alivio.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su presidente, Nicolás Pino, fue tajante: “Es el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción”. Según un informe elaborado por la SRA y CREA, con el nuevo nivel de retenciones el 80% de la producción de soja y el 60% del maíz quedarían por debajo del umbral de rentabilidad promedio. El escenario complica aún más a un sector golpeado por la sequía del año pasado, los precios internacionales bajos y un tipo de cambio poco competitivo.

“El bolsillo del productor no da más”, expresó Ignacio Kovarsky, vicepresidente de CRA y referente de CARBAP. Y agregó: “Las retenciones son un robo, con cualquier gobierno. Esta situación es insostenible. El campo ya no puede seguir financiando al Estado”.

Más allá del tema impositivo, en la agenda también se discutieron problemas de infraestructura, especialmente el estado de las rutas y caminos rurales. “De nada sirve producir si no se puede sacar la mercadería”, advirtió Pino, quien además planteó la necesidad de reducir la presión tributaria en todos los niveles: nacional, provincial y municipal.

Otro punto relevante fue el futuro del INTA y el INASE, organismos estratégicos para el desarrollo científico del agro. La Mesa de Enlace manifestó su preocupación por la pérdida de autonomía de ambos institutos, a raíz de los recientes cambios dispuestos por el Gobierno. También se reclamó la eliminación de la barrera sanitaria patagónica, que limita el comercio de carne con hueso entre regiones.

Aunque no hubo definiciones inmediatas, desde el entorno presidencial se valoró el tono del encuentro y se destacó que el diálogo quedó abierto. El propio Pino, al salir de la reunión, afirmó que “los gestos valen más que las palabras”, aunque advirtió que “el tiempo de los diagnósticos ya pasó, ahora se necesitan decisiones”.

El campo llega a esta instancia con una posición clara: pide retenciones cero en el mediano plazo, menor presión fiscal y reglas de juego estables para volver a invertir. Mientras tanto, continúa la Exposición Rural en Palermo, un evento donde se respira clima de protesta pero también de expectativa. El gesto de Milei de acercarse a la Mesa de Enlace fue bien recibido, aunque el sector ahora espera señales más concretas.

Con la cosecha ya comprometida por los números en rojo y una cadena productiva presionada por los costos, la pregunta que sobrevuela es si el Gobierno está dispuesto a avanzar hacia un modelo donde el campo deje de ser la caja fiscal y vuelva a ser, como prometió el presidente durante su campaña, “el motor de la recuperación económica”.

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En una nueva medida orientada al fortalecimiento de la seguridad interior, el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Patricia Bullrich, oficializó la creación de un Consejo Académico para la Formación de Agentes Encubiertos. La iniciativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 829/2025, tiene como objetivo revisar y actualizar los contenidos de los programas de capacitación dirigidos a quienes desempeñan funciones bajo identidad reservada en el combate contra el crimen organizado.

Este cuerpo académico estará presidido por el juez federal y docente universitario Ricardo Ángel Basílico, y contará con la participación de funcionarios del ministerio, representantes de las fuerzas federales y cinco expertos externos, que serán designados por un período de tres años. Según establece la resolución, el consejo deberá reunirse al menos una vez por mes y sus decisiones serán adoptadas por mayoría simple. En caso de empate, el voto del presidente tendrá carácter decisivo.

Entre sus funciones, el consejo tendrá la responsabilidad de proponer mejoras en los contenidos formativos, evaluar estrategias pedagógicas, promover programas de actualización y supervisar la implementación de capacitaciones para miembros de las fuerzas de seguridad, fiscales y jueces. Además, podrá sugerir protocolos y estándares para garantizar que las tareas de infiltración se realicen con criterios legales, éticos y operativos sólidos.

La medida no implicará gastos adicionales para el Estado, ya que los miembros del consejo cumplirán sus funciones de manera ad honorem. No obstante, se contempla la posibilidad de designar un enlace ejecutivo con dedicación exclusiva, cuya tarea será facilitar la articulación entre el consejo y la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, creada por el Gobierno en abril pasado.

El surgimiento de este nuevo organismo se inscribe en una estrategia más amplia del Ejecutivo para mejorar las capacidades operativas del Estado frente a delitos complejos como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y el crimen organizado transnacional. Según fuentes oficiales, se busca brindar a los agentes herramientas que les permitan actuar con mayor eficacia, pero también con resguardo legal, en investigaciones de alto riesgo.

Con esta decisión, la gestión de Javier Milei refuerza su apuesta por un enfoque más profesional y tecnificado en materia de seguridad, a tono con una agenda que pone especial énfasis en el uso de la inteligencia criminal y la cooperación entre organismos del Estado. La participación de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en este consejo apunta, además, a generar mayor consenso y legitimidad en las prácticas que implican intervenciones encubiertas. La creación del consejo académico marca un nuevo paso en la institucionalización de los consejos de agentes especializados, dentro de un esquema que intenta modernizar el rol del Estado frente a amenazas criminales cada vez más sofisticadas

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei ha utilizado el veto presidencial como un instrumento central de su política. En nombre del ajuste y el equilibrio fiscal, el mandatario ha frenado varias leyes aprobadas por el Congreso, generando un clima de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, e incluso fracturas dentro de su propio espacio político.

El primer gran enfrentamiento entre Milei y el Congreso ocurrió con la reforma de la fórmula jubilatoria, aprobada en ambas cámaras con apoyo opositor y de sectores dialoguistas. La ley, que contemplaba una recomposición del 8,1 % para los haberes previsionales correspondientes a enero de 2024, fue vetada de forma total. Desde el Ejecutivo se justificó la decisión afirmando que la norma no contemplaba fuentes de financiamiento y que su implementación tendría un impacto fiscal superior al 1 % del PBI. La medida desató una ola de críticas de organizaciones sociales, sindicatos y bloques legislativos, que consideraron el veto como una afrenta directa a los jubilados.

El conflicto escaló semanas después, cuando el Senado aprobó otros dos proyectos clave: la prórroga de la moratoria previsional, que permite el acceso a jubilaciones a personas que no completaron los años de aportes, y la declaración de emergencia para personas con discapacidad, destinada a garantizar prestaciones básicas en un contexto de recortes y aumentos en los costos de la salud. En una conferencia desde la Bolsa de Comercio, Milei anunció que vetaría ambas leyes y adelantó que, si el Congreso insistía en su aprobación, su gobierno recurriría a la Justicia.

La respuesta no tardó en llegar. Referentes sociales como Juan Grabois denunciaron un “atropello institucional” por parte del Ejecutivo y acusaron al presidente de actuar por fuera del sistema democrático. “Vos no estás por encima de la ley. Se llama democracia. Si no te gusta, tomate el palo”, escribió el dirigente en sus redes sociales. En paralelo, desde las provincias también se manifestaron críticas: los gobernadores consideraron que el veto a estas iniciativas representaba un golpe a la estructura de asistencia social y advirtieron sobre un posible colapso en las políticas públicas que dependen del financiamiento nacional.

Pero los vetos no solo provocaron roces con la oposición y los mandatarios provinciales. En el propio oficialismo se vivió una interna pública cuando Milei calificó de “traidora” a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que el Senado aprobara con su voto las modificaciones al régimen previsional. La declaración dejó al descubierto tensiones profundas dentro del Gobierno y marcó un punto de quiebre en la alianza entre el presidente y su vice.

Hasta julio de 2025, el Ejecutivo ya había vetado cinco leyes sancionadas por el Congreso. A la lista se suma la ley de financiamiento universitario, que proponía actualizar automáticamente los presupuestos de las universidades nacionales de acuerdo con la inflación. El argumento del Gobierno volvió a ser el mismo: la norma no contaba con respaldo presupuestario y representaba una amenaza al objetivo de superávit.

La estrategia del veto se da en un contexto en el que Milei ha buscado gobernar con herramientas extraordinarias. Desde la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el presidente desreguló áreas clave como el trabajo, los alquileres, los precios y la salud, sin pasar por el Congreso. Ese decreto, que aún se encuentra bajo revisión judicial, sentó las bases del modelo económico libertario que promueve Milei y que se sostiene, en buena medida, en la reducción del Estado y la eliminación del déficit fiscal.

Lejos de atenuarse, la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso promete continuar. Mientras Milei sostiene que el Legislativo busca “destruir” a su gobierno con leyes que minan la solidez fiscal, los bloques opositores preparan estrategias para insistir con las normas vetadas e incluso discutir la legalidad de recurrir a la Justicia para frenar decisiones parlamentarias. En este marco, la discusión sobre el uso del veto presidencial y su alcance cobra una centralidad inédita desde el retorno de la democracia.

El Presidente ratificó su decisión de vetar el aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad aprobados por el Senado, argumentando que las medidas son insostenibles fiscalmente y responden a maniobras políticas.

Durante un discurso ofrecido en la Bolsa de Comercio, Javier Milei fue enfático: vetará los proyectos que implican un aumento en las jubilaciones y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. La declaración se produjo pocas horas después de que el Senado diera media sanción a ambas iniciativas, que el Gobierno nacional había cuestionado por su impacto en las cuentas públicas.

El mandatario consideró que la aprobación legislativa de estas propuestas fue un intento desesperado de la oposición frente al panorama electoral. “Lo que ocurrió hoy es un acto de desesperación, porque saben que en octubre vamos a arrasar”, aseguró. Según Milei, el Gobierno ya anticipaba este movimiento por parte del Congreso: “Lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer. Sepan que están desesperados”.

«Vamos a vetar»: la estrategia del Gobierno frente al gasto previsional

Frente al respaldo legislativo a las iniciativas vinculadas a jubilaciones y discapacidad, Milei anunció que recurrirá a su potestad de veto. De manera tajante, advirtió: “Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público. Habrá un poco de volatilidad mientras esto dure y se acabó”.

El Presidente dejó abierta la posibilidad de que el Congreso insista con la aprobación de las leyes vetadas, aunque advirtió que en ese caso el Ejecutivo recurrirá a la vía judicial. “Si no conseguimos los números para sostener el veto, lo vamos a judicializar. El germen socialista avanza sobre el cerebro de la gente, pero si el veto se cae, vamos a ir a la Justicia”.

Sin embargo, también reconoció que una resolución judicial rápida resulta improbable antes del 11 de diciembre. “Difícilmente encontremos una solución judicial antes de esa fecha. Los tiempos judiciales son más lentos. En ese período, vamos a tener más volatilidad, bajará el ritmo del crecimiento y la inflación descenderá más lentamente. Pero a largo plazo, no va a cambiar nada”.

Durante su intervención, Milei subrayó que la política de superávit fiscal es permanente y reiteró su compromiso con la ortodoxia económica. “No nos van a sacar de la ortodoxia monetaria, fiscal ni cambiaria. No vamos a abandonar el régimen de la libertad. Vamos a hacer, consecuentemente, Argentina grande de nuevo”.

El Presidente también cuestionó duramente el accionar de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien responsabilizó por permitir que se desarrollara la sesión que terminó con la aprobación de los proyectos. “Lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora… pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia: Guillermo Francos”, expresó.

Críticas al populismo fiscal y defensa del rumbo económico

Milei defendió los resultados económicos de su gestión, destacando que la deuda no se incrementó y que la Argentina ha recuperado su solvencia intertemporal. “Por eso, el riesgo país bajó de 3000 a 700 puntos básicos, pese a la casta política, a los degenerados fiscales y a estos primates que creen que la restricción presupuestaria es algo flexible”, lanzó con tono provocador.

Según el mandatario, la reducción del riesgo país tiene un efecto directo en la economía real. “Eso hace caer la tasa de interés, permite acumular capital, mejora la productividad de los trabajadores y permite pagar mejores salarios. Es una contradicción que estas bestias hablen del bienestar de la gente mientras fabrican riesgo país”, sostuvo.

En su visión, el impacto de estas iniciativas legislativas es regresivo. “Lo que hacen es descapitalizar la economía, y a quienes más perjudican es a los que menos tienen”, remató.