En un contexto económico desafiante para la mayoría de los argentinos, los senadores nacionales han aprobado un nuevo aumento en sus dietas. A partir de julio de 2025, percibirán un salario bruto mensual que supera los \$9,5 millones. Esta decisión ha generado un intenso debate público y cuestionamientos sobre la equidad y la representación política en el país.

Detalles del aumento salarial

El incremento en las dietas de los senadores se debe a la implementación de un sistema aprobado en abril de 2024, que vincula sus salarios a las paritarias de los empleados del Congreso. Este sistema establece que los senadores perciben 2.500 módulos por dieta, 1.000 módulos adicionales por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo. Con el valor actual del módulo en \$2.376,04, el salario bruto mensual asciende a \$9.504.160.

El reciente acuerdo paritario, firmado por los presidentes de Diputados y del Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel respectivamente, incluye un aumento del 1,3% retroactivo a marzo, que se aplicará también en abril y mayo.

Contexto y reacciones

Este aumento se produce en un momento en que muchos argentinos enfrentan dificultades económicas. La decisión ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad y ha reavivado el debate sobre los privilegios de la clase política.

En el pasado, el presidente Javier Milei ha expresado su rechazo a este tipo de incrementos salariales, calificando a los legisladores que los aprueban de «estafadores» y acusándolos de traicionar al pueblo argentino.

Comparación con otros sectores

El aumento del 8% en las dietas de los senadores durante el primer cuatrimestre de 2025 supera los acuerdos paritarios alcanzados por gremios poderosos como los camioneros, bancarios, transporte y metalúrgicos.

Mientras tanto, el salario mínimo vital y móvil en Argentina se mantiene significativamente por debajo de los ingresos de los legisladores, lo que acentúa las desigualdades y genera malestar en la población.

Implicaciones políticas

La aprobación de este aumento salarial ha generado tensiones dentro del propio gobierno y entre los distintos bloques legislativos. La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado, ha sido objeto de críticas por su rol en la implementación del sistema que vincula las dietas de los senadores a las paritarias del Congreso.

Además, la medida ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma política que limite los privilegios de los funcionarios y garantice una mayor equidad en la distribución de los recursos públicos.

El derecho a huelga, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales. Sin embargo, recientes medidas gubernamentales han generado preocupación respecto a su vigencia y alcance. En particular, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, emitido por el presidente Javier Milei, ha sido objeto de controversia por las restricciones que impone al ejercicio de este derecho. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha respondido presentando un amparo judicial para impugnar la validez del decreto.

El DNU 70/2023 y sus Restricciones al Derecho a Huelga

El DNU 70/2023 introduce modificaciones significativas en la legislación laboral argentina. Entre sus disposiciones más controvertidas se encuentra la ampliación de la lista de «servicios esenciales», lo que implica que una mayor cantidad de actividades deben garantizar un porcentaje mínimo de funcionamiento incluso durante medidas de fuerza. Por ejemplo, sectores como la salud, la educación, el transporte y las telecomunicaciones deben mantener al menos un 75% de operatividad, mientras que otras áreas, como la industria y los servicios bancarios, deben asegurar un 50%.

Esta ampliación de los servicios esenciales limita de facto la capacidad de los trabajadores para ejercer el derecho a huelga, ya que impone condiciones que dificultan la implementación efectiva de medidas de fuerza.

La Respuesta de la CGT: Amparo Judicial y Argumentos Legales

Ante estas restricciones, la CGT presentó un amparo judicial solicitando la declaración de invalidez del DNU 70/2023. La central sindical argumenta que el decreto vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales ratificados por Argentina, como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Además, la CGT sostiene que el DNU fue dictado sin cumplir con los requisitos de necesidad y urgencia establecidos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. En particular, se cuestiona que el decreto se haya emitido en un contexto de funcionamiento normal del Congreso, lo que permitiría el tratamiento legislativo ordinario de las reformas propuestas.

Decisiones judiciales: Suspensión parcial del DNU

La justicia laboral ha intervenido en la controversia, dictando medidas cautelares que suspenden parcialmente los efectos del DNU 70/2023. En particular, se han invalidado seis artículos del decreto, incluyendo el artículo 97, que establece las restricciones al derecho a huelga.

Estas decisiones judiciales reflejan la preocupación por la posible inconstitucionalidad de las reformas introducidas por el DNU y su impacto en los derechos laborales fundamentales.

El debate político y social en torno al derecho a huelga

La emisión del DNU 70/2023 y la respuesta judicial han generado un intenso debate en la sociedad argentina. Mientras el gobierno defiende las reformas como necesarias para la estabilidad económica, diversos sectores sociales y políticos expresan su preocupación por el debilitamiento de los derechos laborales y la concentración de poder en el Ejecutivo.

Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han denunciado que el decreto avanza sobre derechos reconocidos por la Constitución y responde a un ajuste económico más que a la protección de la población.

La Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino, ha sido históricamente un símbolo de la democracia y la libertad de prensa. Sin embargo, recientes medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei han generado controversia en torno al acceso y la cobertura periodística dentro de este emblemático edificio. Estas nuevas disposiciones incluyen un código de vestimenta obligatorio, la implementación de un «botón muteador» durante las conferencias de prensa y un sistema de selección de periodistas basado en votaciones públicas, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la libertad de expresión en el país.

Requisitos Más Estrictos para la Acreditación Periodística

El 23 de mayo de 2025, mediante la resolución 1319/2025 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei estableció un nuevo régimen de acreditaciones para periodistas que deseen cubrir actividades oficiales en la Casa Rosada. Este nuevo esquema exige la presentación de una declaración jurada y la evaluación de los solicitantes a través de una «matriz de evaluación objetiva», cuyos parámetros específicos aún no han sido detallados públicamente.

Entre los criterios considerados para la acreditación se incluyen el reconocimiento del medio de comunicación, sus métricas de audiencia y la trayectoria del periodista. Estas medidas han generado inquietud en el ámbito periodístico, ya que podrían dar lugar a filtrados arbitrarios o discrecionales en el acceso a la información oficial.

Implementación de un Código de Vestimenta Obligatorio

Otra de las medidas adoptadas por el gobierno es la imposición de un código de vestimenta para los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Según las nuevas disposiciones, los hombres deberán asistir a las conferencias de prensa con camisa, saco y corbata, mientras que las mujeres deberán vestir de manera formal. Esta normativa busca «jerarquizar el trabajo de la prensa» y alinear la imagen de los periodistas con la formalidad de la institución.

El «Botón Muteador»: Control de las Intervenciones Periodísticas

En un intento por controlar las dinámicas de las conferencias de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la implementación de un «botón muteador». Este dispositivo permitirá silenciar los micrófonos de los periodistas durante las conferencias, con el argumento de evitar extensos cruces y mantener el orden en las intervenciones.

Aunque el gobierno sostiene que esta medida no busca interrumpir preguntas o repreguntas, sino moderar las conferencias cuando determinados cruces se extienden en el tiempo, diversos sectores periodísticos han expresado su preocupación por el posible impacto negativo en la libertad de expresión y el acceso a la información.

«Gran Hermano Periodístico»: Selección de Periodistas por Votación Pública

En una iniciativa sin precedentes, el gobierno de Milei propuso un sistema en el que el público podría decidir qué periodistas participan en las conferencias de prensa de la Casa Rosada. Esta propuesta, apodada como «Gran Hermano periodístico», permitiría a los ciudadanos votar a través de plataformas digitales para seleccionar a los periodistas que formularán preguntas durante las conferencias.

Si bien el gobierno argumenta que esta medida busca fomentar la representatividad y la interacción con la ciudadanía, críticos advierten que podría convertirse en una herramienta para controlar y limitar la participación de periodistas críticos o independientes.

Reacciones y Preocupaciones en el Ámbito Periodístico

Las nuevas medidas implementadas por el gobierno han generado una ola de críticas y preocupaciones en el ámbito periodístico y entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Se argumenta que estas disposiciones podrían restringir el acceso a la información, limitar la pluralidad de voces y socavar los principios fundamentales de la democracia.

Además, la inclusión de influencers y youtubers en las conferencias de prensa, en detrimento de periodistas tradicionales, ha sido vista como un intento de controlar la narrativa mediática y reducir el escrutinio crítico hacia el gobierno.

El Gobierno definió la fecha de elecciones legislativas nacionales: los comicios se realizarán el domingo 26 de octubre de 2025, y se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado. Además, se creó un organismo clave para garantizar el orden y la seguridad del acto democrático: el Comando General Electoral.

A través de los Decretos 335/2025 y 336/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la fecha de las elecciones legislativas nacionales. La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei, junto con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Defensa Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Las elecciones se celebrarán el 26 de octubre de 2025, en un contexto político clave, ya que no se realizarán elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esto marca una diferencia sustancial con procesos electorales anteriores y concentra la atención directamente en los comicios generales.

Se creó el Comando General Electoral para custodiar el proceso

Con el objetivo de preservar el orden, la transparencia y la seguridad durante el proceso electoral, el Poder Ejecutivo dispuso la constitución del Comando General Electoral.

Este órgano estará encargado de coordinar y ejecutar las medidas de seguridad establecidas por el Código Electoral Nacional, así como de garantizar la custodia de los locales de votación, los centros de procesamiento de datos y el traslado de las urnas hasta el escrutinio definitivo.

El Ministerio de Defensa fue autorizado a designar al comandante general de este cuerpo, quien tendrá la responsabilidad de designar autoridades distritales en cada provincia.

En esta oportunidad, 127 diputados nacionales y 24 senadores terminarán sus mandatos y deberán ser reemplazados o reelegidos, según el resultado de los comicios. La renovación se realizará de forma proporcional entre las provincias, de acuerdo con el sistema de representación legislativa.

Fecha elecciones 2025: cantidad de legisladores que se eligen por provincia

A continuación, el detalle de los cargos a renovar por distrito:

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
  • 13 diputados nacionales y 8 suplentes
  • 3 senadores nacionales y 3 suplentes
• Provincia de Buenos Aires:
  • 35 diputados nacionales y 10 suplentes
• Catamarca:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
• Córdoba:
  • 9 diputados nacionales y 6 suplentes
• Corrientes:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
• Chaco:
  • 4 diputados nacionales y 3 suplentes
  • 3 senadores nacionales y 3 suplentes
• Chubut:
  • 2 diputados nacionales y 2 suplentes
• Entre Ríos:
  • 5 diputados nacionales y 3 suplentes
  • 3 senadores nacionales y 3 suplentes
• Formosa:
  • 2 diputados nacionales y 2 suplentes
• Jujuy:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
• La Pampa:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
• La Rioja:
  • 2 diputados nacionales y 2 suplentes
• Mendoza:
  • 5 diputados nacionales y 3 suplentes
• Misiones:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
• Neuquén:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
  • 3 senadores nacionales y 3 suplentes
• Río Negro:
  • 2 diputados nacionales y 2 suplentes
  • 3 senadores nacionales y 3 suplentes
• Salta:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
  • 3 senadores nacionales y 3 suplentes
• San Juan:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
• San Luis:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
• Santa Cruz:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
• Santa Fe:
  • 9 diputados nacionales y 6 suplentes
• Santiago del Estero:
  • 3 diputados nacionales y 3 suplentes
  • 3 senadores nacionales y 3 suplentes
• Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
  • 2 diputados nacionales y 2 suplentes
  • 3 senadores nacionales y 3 suplentes
• Tucumán:
  • 4 diputados nacionales y 3 suplentes

Seguridad y logística para garantizar la transparencia del proceso

El Comando General Electoral tendrá la misión de garantizar la vigilancia de los centros de votación, así como la custodia de las urnas y documentación electoral durante su transporte. Además, será responsable de la protección de las infraestructuras donde se procesan los datos del escrutinio provisorio y definitivo.

Esta iniciativa refuerza la intención del Ejecutivo de que las elecciones se desarrollen en un clima de orden, legalidad y total transparencia.

La fecha de elecciones es uno de los datos más relevantes del calendario político argentino. Conocer con antelación cuándo se vota permite a los ciudadanos organizarse, informarse y participar de forma activa en el ejercicio democrático.

Asimismo, al no realizarse las PASO, se reduce el número de jornadas electorales, lo que vuelve aún más crucial la elección general de octubre. El electorado deberá evaluar las propuestas y candidatos con mayor claridad y determinación.

El controvertido caso $LIBRA, una memecoin que sacudió el escenario político y financiero argentino en 2025, ha sido dado por cerrado por el Gobierno nacional, tras la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI). La decisión fue oficializada mediante el Decreto 332/2025 y ha despertado nuevas críticas ante la falta de transparencia y los vacíos informativos que aún persisten.

El Caso $LIBRA se originó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó abiertamente una criptomoneda desde sus redes sociales oficiales. La movida, inédita para un jefe de Estado, provocó un frenesí especulativo: el valor del token digital se disparó de casi cero a superar los 5 dólares estadounidenses en cuestión de horas.

Impulsado por la figura presidencial y sin un análisis técnico previo, $LIBRA atrajo a miles de pequeños inversores que apostaron por su crecimiento. Sin embargo, la euforia duró poco. Días más tarde, el proyecto colapsó estrepitosamente: los desarrolladores desaparecieron sin dejar rastro, el valor del activo se desplomó casi a cero, y miles de usuarios reportaron pérdidas millonarias.

El episodio fue calificado como un posible «rug pull», una práctica fraudulenta frecuente en el universo cripto, donde los impulsores de un proyecto abandonan súbitamente la iniciativa luego de captar grandes sumas de dinero.

Ante el escándalo mediático y el malestar de los damnificados, el Gobierno creó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) mediante el Decreto 114/2025. Esta dependencia especial fue integrada por expertos en criptoactivos, delitos económicos y lavado de dinero, con el objetivo de determinar si existieron maniobras fraudulentas en torno a la creación, promoción y caída de $LIBRA.

A lo largo de su corta existencia, la UTI debió analizar múltiples denuncias tanto a nivel local como internacional. Incluso en Estados Unidos se presentó una demanda colectiva contra Javier Milei, acusándolo de promoción engañosa y negligencia institucional. Los denunciantes sostienen que el respaldo público del presidente fue un factor determinante para que miles de personas invirtieran en un proyecto sin fundamentos técnicos ni regulatorios sólidos.

El sorpresivo cierre de la investigación y sus implicancias

En la madrugada del martes 20 de mayo de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto 332/2025 que formalizó la disolución de la UTI. La resolución fue firmada por el propio presidente Javier Milei y por su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial ese mismo día.

Según el texto oficial, “la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada” y toda la información recolectada fue enviada al Ministerio Público Fiscal, que se encargará de continuar la causa desde el ámbito judicial.

No obstante, hasta el momento no se han publicado informes detallados ni conclusiones oficiales sobre el trabajo de la UTI. Tampoco se ha revelado quiénes fueron los desarrolladores originales de $LIBRA ni si existieron vínculos directos con integrantes del gobierno nacional o su círculo más cercano.

El cierre de la UTI ha sido interpretado por sectores opositores y analistas como una maniobra para minimizar el impacto político del escándalo. La falta de transparencia, sumada al silencio oficial sobre los resultados de la investigación, ha incrementado la desconfianza ciudadana.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación penal seguirá activa en el Ministerio Público Fiscal, donde se analizarán posibles delitos económicos, conflictos de interés y violaciones a las leyes de promoción financiera y de protección al consumidor.

Por otra parte, organizaciones de defensa al inversor han solicitado acceso a los documentos producidos por la UTI, reclamando que se garantice el derecho a la verdad de los afectados y que se identifiquen a los responsables materiales e intelectuales detrás de la creación de $LIBRA.

Implicancias legales y políticas a futuro

El Caso $LIBRA podría marcar un antes y un después en la relación entre política y activos digitales en Argentina. La promoción directa de una criptomoneda por parte del presidente ha abierto un debate jurídico sobre los límites del discurso institucional en mercados altamente especulativos y sin regulación clara.

Expertos en derecho financiero sostienen que la responsabilidad política no debe ser descartada, especialmente si se demuestra que hubo conocimiento previo del posible colapso del token o si se ocultaron datos sobre su origen.

Además, el caso podría servir de precedente para futuras regulaciones sobre criptomonedas, marketing institucional y protección de inversores frente a figuras públicas con poder de influencia.

El presidente argentino, Javier Milei, ha lanzado una ambiciosa estrategia para reactivar la economía nacional mediante la incorporación de dólares no declarados al sistema financiero formal. Este enfoque, denominado «remonetización», busca aprovechar los miles de millones de dólares que los ciudadanos han mantenido fuera del circuito bancario debido a la desconfianza en las instituciones y la inestabilidad económica.

Contexto económico: Una economía bimonetaria y la desconfianza en el pesoArgentina ha experimentado una prolongada historia de crisis económicas, hiperinflación y devaluaciones que han erosionado la confianza en su moneda local, el peso. Como resultado, muchos argentinos han optado por ahorrar en dólares estadounidenses, almacenándolos en efectivo fuera del sistema bancario, en lo que se conoce popularmente como «dólares bajo el colchón». Se estima que entre 200.000 y 400.000 millones de dólares se encuentran en esta situación, superando con creces las reservas del Banco Central.

Objetivos del plan de remonetización

El plan de remonetización de Milei tiene como objetivo principal incentivar a los ciudadanos a reintegrar estos dólares al sistema financiero formal sin temor a represalias legales o fiscales. Para lograrlo, se propone:

* Permitir el uso libre de dólares en transacciones cotidianas, como pagos con tarjeta o códigos QR.

* Reducir impuestos asociados a operaciones en dólares, como el impuesto al cheque.

* Facilitar la liquidación de divisas por parte de exportadores directamente entre privados.

Estas medidas buscan crear un entorno donde el uso de dólares sea práctico y beneficioso, promoviendo así su circulación dentro de la economía formal.

La «dolarización endógena»: Un enfoque gradualA diferencia de una dolarización oficial impuesta por decreto, Milei propone una «dolarización endógena», donde el uso del dólar se expanda de manera natural por decisión de los ciudadanos y empresas. En este modelo, el peso argentino seguiría existiendo, principalmente para el pago de impuestos, mientras que el dólar ganaría terreno en las transacciones diarias.

Implicaciones y desafíos del plan

Si bien la remonetización podría inyectar una significativa cantidad de dólares en la economía, también plantea desafíos:

Legalidad y origen de los fondos

Milei ha declarado que no le importa el origen de los dólares, siempre que no haya una investigación judicial en curso. Sin embargo, esta postura ha generado críticas por la posibilidad de facilitar el lavado de dinero.

Impacto en la inflación y el tipo de cambio

La entrada masiva de dólares podría afectar la inflación y la cotización del peso, dependiendo de cómo se maneje la transición y la política monetaria.

Confianza en el sistema financiero

Para que los ciudadanos decidan reintegrar sus dólares, es esencial que confíen en la estabilidad y seguridad del sistema financiero, lo cual requiere reformas estructurales y transparencia institucional.

Reacciones

El plan de remonetización ha generado diversas reacciones en el ámbito político y económico. Mientras algunos lo ven como una oportunidad para revitalizar la economía y fortalecer el sistema financiero, otros expresan preocupación por las implicaciones legales y éticas de permitir la entrada de fondos sin verificar su origen.A medida que el gobierno avance en la implementación de estas medidas, será crucial monitorear su impacto en la economía real, la confianza de los ciudadanos y la percepción internacional de Argentina como destino de inversión.

En las elecciones legislativas del 18 de mayo de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Libertad Avanza (LLA), obtuvo una victoria significativa. Con el 30,1% de los votos, duplicó su desempeño electoral de 2023 y superó al PRO, que alcanzó solo el 15,9% con su candidata Silvia Lospennato. Este resultado marca un cambio histórico, ya que el PRO pierde por primera vez en casi 20 años su bastión electoral en la ciudad.

Contexto Electoral y Cambios en el Sistema de Votación

Las elecciones de 2025 en CABA estuvieron marcadas por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aprobada por la Legislatura porteña con 55 votos a favor. Esta medida permitió un ahorro estimado de \$20 mil millones y obligó a los partidos a definir sus candidaturas internamente . Además, se utilizó nuevamente la Boleta Única Electrónica, implementada por primera vez en 2023, lo que agilizó el proceso electoral.

Distribución de Bancas y Reconfiguración Política

En esta elección se renovaron 30 de las 60 bancas de la Legislatura porteña. La distribución de las bancas en juego por espacio político fue la siguiente:

* Unión por la Patria (UxP): 8 bancas*

PRO: 6 bancas* Unión Cívica Radical (UCR): 3 bancas*

Coalición Cívica (CC): 2 bancas*

La Libertad Avanza (LLA): 6 bancas* Confianza Pública (CP): 1 banca*

Izquierda: 2 bancas*

Partido Socialista: 1 banca*

Republicanos Unidos: 1 banca

Con los resultados obtenidos, LLA se posiciona como la principal fuerza en la Legislatura, desplazando al PRO y reconfigurando el liderazgo de la derecha argentina de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Implicancias para el Futuro Político

La victoria de LLA en CABA tiene implicancias significativas en las futuras negociaciones políticas, especialmente en la estratégica provincia de Buenos Aires. El portavoz presidencial y cabeza de lista, Manuel Adorni, interpretó el triunfo como una lucha entre dos modelos políticos y llamó a los partidos que promueven el cambio a unirse al gobierno.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri aceptó la derrota y dejó abierta la posibilidad de diálogo con LLA, condicionándolo al respeto mutuo. Este resultado también fortalece la posición de Javier Milei y su modelo de «libertad», consolidando su liderazgo y capacidad de influencia en la política nacional.

El próximo domingo 18 de mayo de 2025, se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La Cámara Nacional Electoral ha publicado el padrón electoral definitivo, una herramienta fundamental que permite a los ciudadanos conocer dónde deben votar, en qué mesa y cuál es su número de orden.

A través de este recurso, los votantes pueden acceder fácilmente a toda la información necesaria para ejercer su derecho al sufragio de manera organizada y sin contratiempos.

Este año, 2.526.676 ciudadanos figuran en el padrón electoral de CABA, quienes deberán asistir a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura porteña. En total, se elegirán 30 de los 60 legisladores que integran el Parlamento local, en una jornada electoral clave para definir el futuro político de la ciudad.

¿Cómo consultar el padrón electoral en CABA 2025?

Para conocer el establecimiento de votación, el proceso es simple y rápido. Solo es necesario ingresar al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral (https://www.padron.gob.ar/) y seguir estos pasos:

1. Acceder al portal habilitado para la consulta del padrón.
2. Ingresar los datos personales requeridos:
   • Número de DNI
   • Género
   • Distrito electoral (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
   • Verificar que el código de seguridad sea completado correctamente.
3. Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará la siguiente información:
   • Nombre y dirección del establecimiento de votación
   • Número de mesa asignada
   • Número de orden del votante

Este procedimiento puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, lo que facilita la planificación del día electoral.

Consultar el padrón electoral 2025 no solo es útil para conocer el lugar de votación, sino que también evita errores comunes, como dirigirse a un establecimiento equivocado o no encontrar la mesa correspondiente. La Justicia Electoral recomienda realizar esta verificación con antelación para evitar demoras y contribuir al desarrollo fluido de la jornada electoral.

Si al consultar el padrón un ciudadano no figura en el mismo o detecta algún error en sus datos personales, es fundamental comunicarse de inmediato con la Justicia Electoral. Existen plazos legales para presentar reclamos, los cuales deben respetarse estrictamente. Estar correctamente empadronado es un requisito indispensable para poder votar.

Renovación de la Legislatura porteña: ¿qué se vota el 18 de mayo?

Durante estas elecciones legislativas, los ciudadanos porteños deberán elegir 30 nuevos legisladores que ocuparán bancas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Este cuerpo parlamentario tiene un rol central en la elaboración, modificación y aprobación de leyes que afectan a la vida diaria de los habitantes de la ciudad.

El resultado de estos comicios será decisivo para el equilibrio de fuerzas dentro del recinto y marcará la agenda legislativa de los próximos años.

Recomendaciones para el día de la elección

Para garantizar una participación ordenada y eficiente en las elecciones legislativas de CABA 2025, se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Llevar el DNI habilitado para votar (el último emitido).
• Verificar previamente los datos del padrón electoral definitivo.
• Acudir al establecimiento designado con antelación.
• Respetar los protocolos que eventualmente indique la autoridad electoral.
• Consultar el número de mesa y orden para agilizar el proceso.

El sistema electoral argentino contempla mecanismos de voto asistido para personas con discapacidad o dificultades de movilidad. Los establecimientos están adaptados para garantizar la accesibilidad y, en caso de ser necesario, el votante puede ser acompañado por una persona de su confianza o solicitar la asistencia de las autoridades de mesa.

A menos de una semana de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los sondeos comienzan a perfilar a los principales candidatos que competirán por un lugar en la Legislatura porteña. Con 30 bancas en juego, la contienda se mantiene abierta, aunque algunos nombres ya se consolidan como favoritos según las últimas encuestas.

Distintas consultoras han publicado sus últimas estimaciones de cara al 18 de mayo, fecha en la que los ciudadanos empadronados ejercerán su derecho al voto. De acuerdo con el informe de Federico González y Asociados, Leandro Santoro, candidato por el espacio “Es Ahora Buenos Aires”, se posiciona como el favorito con un 30,1% de intención de voto.

En segundo lugar aparece Silvia Lospennato, representante del PRO, quien obtiene un 19,3%. Mientras tanto, el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, alcanza un 15,4%, quedando en el tercer puesto. La sorpresa viene con Ramiro Marra (Libertad y Orden), quien logra un 8,4%, seguido por Horacio Rodríguez Larreta, candidato de «Volvamos Buenos Aires», con un 5,8%.

Otras figuras también registran porcentajes menores, como Lucila Levy (3,5%), Paula Olivetto (3%), Marcelo Peretta (3%), María Eva Koutsovitis (2,6%), Vanina Biasi (2,3%), César Biondini (2%) y Alejandro Kim (1,2%).

El sondeo realizado por Circuitos mantiene el mismo orden de candidatos aunque con ligeras variaciones en los porcentajes:

• Leandro Santoro: 24,3%
• Silvia Lospennato: 20,7%
• Manuel Adorni: 18,3%
• Ramiro Marra: 12,2%
• Horacio Rodríguez Larreta: 7,5%
• Alejandro Kim: 3,6%
• Vanina Biasi: 3,4%

La consultora Proyecciones ofrece datos similares:

• Leandro Santoro: 24,6%
• Silvia Lospennato: 22,8%
• Manuel Adorni: 19,7%
• Horacio Rodríguez Larreta: 6,1%
• Ramiro Marra: 4,1%
• Vanina Biasi: 2,4%

¿Cuándo son las elecciones legislativas en CABA?

La jornada electoral en la Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo el domingo 18 de mayo de 2025. En esta instancia, 2.526.676 ciudadanos están habilitados para elegir a la mitad de los legisladores porteños, es decir, 30 de los 60 escaños disponibles en la Legislatura.

Por primera vez en 30 años, estas elecciones contarán con la participación activa del Tribunal Electoral de la Ciudad, un órgano recientemente constituido que contribuirá al control y la transparencia del proceso.

El calendario electoral en CABA ya estableció los siguientes hitos:

• 19 de marzo: cierre de alianzas partidarias
• 29 de marzo: presentación de listas de candidatos
• 13 de mayo: fecha límite para verificar y corregir datos en el padrón
• 16 de septiembre: impresión y publicación del padrón definitivo
• 26 de septiembre: cierre del período para correcciones por errores u omisiones

A partir del 29 de marzo, se conocieron oficialmente las candidaturas que participarán de la contienda. La etapa de fiscalización del padrón continúa activa hasta el 13 de mayo, y permite a los votantes realizar reclamos online por errores en sus datos personales a través del sitio oficial: www.padron.gov.ar.

Consulta del padrón provisorio: verificación y reclamos

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el padrón provisorio para su consulta desde el 29 de abril. Los ciudadanos pueden revisar sus datos —nombre, domicilio, género, distrito, etc.— y presentar reclamos en caso de detectar errores u omisiones.
Para los votantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el reclamo también puede realizarse de manera presencial en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N.º 1, ubicado en Tucumán 1320.

Boleta única de papel: una novedad en las elecciones en CABA

Un cambio significativo en estas elecciones será la implementación de la boleta única de papel, un sistema que incluye todos los candidatos y partidos en un solo documento. Esta modalidad busca evitar prácticas irregulares como el robo de boletas o la manipulación con “sellos de goma”.

En el cuarto oscuro, los electores podrán optar por:

• Votar una lista completa, marcando un solo casillero
• Elegir candidatos individuales por categoría, seleccionando múltiples casilleros

Según el decreto 915/2024, un voto será válido si:

• Se emplea una boleta única oficializada
• Se selecciona una opción clara por categoría

Un voto será considerado nulo si:

• Se utiliza una boleta no oficial
• Se marcan más de una agrupación para una misma categoría
• Existen roturas, tachaduras o inscripciones que impidan interpretar la intención del votante