Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei ha utilizado el veto presidencial como un instrumento central de su política. En nombre del ajuste y el equilibrio fiscal, el mandatario ha frenado varias leyes aprobadas por el Congreso, generando un clima de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, e incluso fracturas dentro de su propio espacio político.
El primer gran enfrentamiento entre Milei y el Congreso ocurrió con la reforma de la fórmula jubilatoria, aprobada en ambas cámaras con apoyo opositor y de sectores dialoguistas. La ley, que contemplaba una recomposición del 8,1 % para los haberes previsionales correspondientes a enero de 2024, fue vetada de forma total. Desde el Ejecutivo se justificó la decisión afirmando que la norma no contemplaba fuentes de financiamiento y que su implementación tendría un impacto fiscal superior al 1 % del PBI. La medida desató una ola de críticas de organizaciones sociales, sindicatos y bloques legislativos, que consideraron el veto como una afrenta directa a los jubilados.
El conflicto escaló semanas después, cuando el Senado aprobó otros dos proyectos clave: la prórroga de la moratoria previsional, que permite el acceso a jubilaciones a personas que no completaron los años de aportes, y la declaración de emergencia para personas con discapacidad, destinada a garantizar prestaciones básicas en un contexto de recortes y aumentos en los costos de la salud. En una conferencia desde la Bolsa de Comercio, Milei anunció que vetaría ambas leyes y adelantó que, si el Congreso insistía en su aprobación, su gobierno recurriría a la Justicia.
La respuesta no tardó en llegar. Referentes sociales como Juan Grabois denunciaron un “atropello institucional” por parte del Ejecutivo y acusaron al presidente de actuar por fuera del sistema democrático. “Vos no estás por encima de la ley. Se llama democracia. Si no te gusta, tomate el palo”, escribió el dirigente en sus redes sociales. En paralelo, desde las provincias también se manifestaron críticas: los gobernadores consideraron que el veto a estas iniciativas representaba un golpe a la estructura de asistencia social y advirtieron sobre un posible colapso en las políticas públicas que dependen del financiamiento nacional.
Pero los vetos no solo provocaron roces con la oposición y los mandatarios provinciales. En el propio oficialismo se vivió una interna pública cuando Milei calificó de “traidora” a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que el Senado aprobara con su voto las modificaciones al régimen previsional. La declaración dejó al descubierto tensiones profundas dentro del Gobierno y marcó un punto de quiebre en la alianza entre el presidente y su vice.
Hasta julio de 2025, el Ejecutivo ya había vetado cinco leyes sancionadas por el Congreso. A la lista se suma la ley de financiamiento universitario, que proponía actualizar automáticamente los presupuestos de las universidades nacionales de acuerdo con la inflación. El argumento del Gobierno volvió a ser el mismo: la norma no contaba con respaldo presupuestario y representaba una amenaza al objetivo de superávit.
La estrategia del veto se da en un contexto en el que Milei ha buscado gobernar con herramientas extraordinarias. Desde la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el presidente desreguló áreas clave como el trabajo, los alquileres, los precios y la salud, sin pasar por el Congreso. Ese decreto, que aún se encuentra bajo revisión judicial, sentó las bases del modelo económico libertario que promueve Milei y que se sostiene, en buena medida, en la reducción del Estado y la eliminación del déficit fiscal.
Lejos de atenuarse, la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso promete continuar. Mientras Milei sostiene que el Legislativo busca “destruir” a su gobierno con leyes que minan la solidez fiscal, los bloques opositores preparan estrategias para insistir con las normas vetadas e incluso discutir la legalidad de recurrir a la Justicia para frenar decisiones parlamentarias. En este marco, la discusión sobre el uso del veto presidencial y su alcance cobra una centralidad inédita desde el retorno de la democracia.
