El Gobierno nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que se destapara un escándalo de presunta corrupción en el organismo. La medida quedó plasmada en el Decreto 601/2025, publicado en el Boletín Oficial, y busca garantizar transparencia en la gestión y reorganizar su estructura administrativa.
La resolución fue tomada después de la difusión de audios en los que se mencionaba un supuesto “choreo” en la compra de medicamentos, con la presunta participación de funcionarios vinculados al entonces director de la ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo.
El caso generó un fuerte impacto político y llevó al presidente Javier Milei a ordenar la remoción inmediata de Spagnuolo y a limitar las funciones de otros directivos del organismo.
El alcance del Decreto 601/2025
La norma establece que la Agencia Nacional de Discapacidad quedará intervenida por 180 días corridos, con posibilidad de prórroga por decisión del Ministerio de Salud.
El médico Alejandro Alberto Vilches fue designado como interventor, asumiendo todas las funciones del Director Ejecutivo. Su misión será reorganizar el organismo, garantizar un manejo eficiente de los recursos y detectar posibles irregularidades en los procesos de
Al interventor se le encomendó la elaboración de un informe exhaustivo sobre el estado actual de la ANDIS. Ese documento deberá incluir un diagnóstico, recomendaciones y propuestas concretas para mejorar la gestión pública y prevenir actos de corrupción.
En caso de detectarse anomalías, deberá informarse el impacto económico y poner a disposición la documentación correspondiente para avanzar en las investigaciones judiciales.
Un escándalo con consecuencias políticas
El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad escaló más allá de lo administrativo. La expresidenta Cristina Kirchner lo calificó como “el gobierno más vergonzoso”, mientras que la oposición exigió mayor control sobre los fondos destinados a programas sociales.
Además, se realizaron allanamientos en la sede de ANDIS y en una droguería vinculada al caso, mientras la Justicia avanza en la búsqueda del celular de Spagnuolo como prueba clave.
La intervención de la ANDIS no solo tiene un efecto político, sino también social. Miles de personas con discapacidad dependen de este organismo para acceder a prestaciones médicas, subsidios y programas de inclusión. Por eso, el Gobierno busca transmitir un mensaje de tranquilidad y transparencia, asegurando que la continuidad de los servicios no se verá afectada.
