La reciente publicación de decretos gubernamentales busca regular los gastos de las universidades públicas en Argentina, con el objetivo de optimizar la transparencia y eficiencia en la administración de recursos.
El Gobierno Nacional ha implementado cuatro decretos a través del Boletín Oficial para garantizar un control más riguroso sobre los gastos de las universidades públicas. Estas disposiciones incluyen el uso obligatorio de plataformas digitales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF, así como la eliminación de contrataciones interadministrativas, fortaleciendo así la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión universitaria.
Uso obligatorio de plataformas de control financiero
El primer decreto establece que todas las universidades públicas deberán utilizar los sistemas COMPR.AR y CONTRAT.AR para sus contrataciones y compras. Actualmente, 35 instituciones ya operan bajo estas plataformas, pero aún existe un número significativo que no las implementa, lo que dificulta el seguimiento detallado de sus transacciones.
Estas plataformas permiten centralizar la información sobre gastos y contrataciones, facilitando así la supervisión y el análisis de los fondos públicos destinados a las universidades.
Sustitución del sistema SIU-Pilagá por e-SIDIF
Otro punto crucial es la sustitución del Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) por el sistema e-SIDIF, diseñado para integrar los datos financieros de manera sincronizada y accesible en tiempo real.
Este cambio garantizará que los gastos, transferencias y pagos de las universidades sean rastreados de la misma manera que otros fondos públicos, promoviendo un mayor nivel de control y evitando posibles irregularidades. Además, este sistema permitirá monitorear en línea la ejecución presupuestaria de cada institución.
Restricciones en las contrataciones directas e interadministrativas
El tercer decreto prohíbe las contrataciones interadministrativas entre las universidades y otros entes públicos, ya sean nacionales o subnacionales. Esta medida busca evitar posibles conflictos de interés y asegura que las universidades operen bajo reglas similares a las que rigen a las empresas privadas.
Asimismo, el cuarto decreto reglamenta la eliminación de los acuerdos interadministrativos, alineando a las universidades con un modelo más competitivo y transparente.
Si bien estas medidas no intervendrán directamente en las decisiones autónomas de las universidades, sí establecerán un marco más claro y supervisado para la rendición de cuentas. Esto podría generar desafíos iniciales en la adaptación de las instituciones al uso de los nuevos sistemas, pero a largo plazo promete mejorar la gestión de recursos públicos.
