El Gobierno decidió desplazar a Mariela Andrea García, quien se desempeñaba como directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras de la ANMAT. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se conoció mientras crece la preocupación por la tragedia vinculada al fentanilo contaminado, que ya dejó 87 muertos confirmados y cientos de pacientes afectados.
La funcionaria había sido designada en 2019 con carácter transitorio y su mandato se prorrogó en varias ocasiones. Sin embargo, el 14 de agosto se resolvió “limitar su designación”, en un contexto marcado por la desconfianza hacia los organismos de control sanitario.
Desde su cargo, García tenía la responsabilidad de emitir alertas sanitarias y coordinar medidas de control sobre medicamentos y productos médicos ya distribuidos. Este rol resultaba central en un momento en que el fentanilo contaminado se encontraba bajo la lupa de la Justicia y del sistema de salud.
Lo que más generó críticas fue la demora en las alertas emitidas por la ANMAT, ya que los primeros informes internos detectaron irregularidades a fines de 2024, pero la suspensión de la producción se formalizó recién en febrero de 2025. Para entonces, miles de ampollas ya habían sido utilizadas en hospitales de todo el país.
El escándalo del fentanilo contaminado
La crisis se desató cuando se confirmó que ampollas de fentanilo clínico, producidas por HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo, estaban contaminadas con bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Según la investigación judicial, más de 300.000 dosis fueron distribuidas, de las cuales alrededor de 45.000 ya se habían aplicado a pacientes cuando se activó la alerta nacional. El resultado: decenas de muertes y un número creciente de internados por infecciones graves.
El caso quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga la cadena de responsabilidades y ya imputó a más de veinte personas vinculadas a la producción de los lotes contaminados.
Reacciones oficiales y presión social
Desde el Ministerio de Salud, el ministro Lugones negó que existiera un intento de encubrimiento, aunque reconoció que hubo fallas y demoras dentro de la ANMAT. Además, confirmó que se abrió un sumario interno para determinar por qué los informes técnicos no se elevaron con mayor rapidez.
Mientras tanto, familiares de las víctimas se movilizaron frente a las sedes del organismo y exigieron justicia y transparencia. “Nuestros familiares fueron víctimas de la negligencia”, denunciaron en un comunicado conjunto.
El desplazamiento de una directora clave fue interpretado por analistas políticos como un intento del Gobierno de mostrar reacción ante la presión pública, pero también dejó al descubierto la fragilidad de los mecanismos de control sanitario.
La tragedia del fentanilo contaminado ya es considerada una de las peores crisis farmacéuticas en la historia del país. Para muchos, la salida de García representa apenas el comienzo de una serie de cambios que podrían sacudir a la ANMAT y al propio sistema de regulación de medicamentos en la Argentina.
