El Gobierno cerró el INADI definitivamente
El gobierno cerró definitivamente el INADI, un organismo que durante casi 30 años se dedicó a combatir la discriminación, xenofobia y racismo en Argentina. Este anuncio llega tras una serie de medidas que ya habían debilitado su estructura, como el cierre de sus 44 sedes y el despido de más de 160 trabajadores desde la llegada de Javier Milei al poder. Ahora, todos los recursos del INADI serán transferidos al Ministerio de Justicia, que asumirá la responsabilidad de implementar políticas nacionales en estas áreas.
Este martes, el gobierno nacional disolvió formalmente el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) mediante el decreto 696/2024. Firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el decreto establece: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”.
Con esta disolución, el Ministerio de Justicia será el encargado de “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
Una Muerte Anunciada
Aunque el desmantelamiento del INADI ya estaba en marcha, en las últimas horas dos funcionarios se habían pronunciado sobre el tema. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación, anunció en redes sociales el “cierre definitivo” del organismo. Posteriormente, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la noticia y posteó una foto del decreto con la leyenda: “Fin”.
El decreto que disuelve el INADI detalla los motivos del gobierno para eliminar este histórico organismo de defensa de los derechos humanos. Según el decreto, revisiones realizadas por la actual y anteriores gestiones evidenciaron “ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”, concluyendo que el diseño organizacional del INADI no era idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales.
Además, el decreto menciona medidas para “ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y dirigir los recursos disponibles a quienes más lo necesitan”. Se encontraron supuestas irregularidades en la contratación de personal, uso de recursos y un “sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional”, refiriéndose a la planta de 431 agentes, ya reducida con más de 160 despidos.
Esta decisión se avala en las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso de la Nación mediante la Ley Bases y Puntos de Partida N° 27.742.
Impacto y Reacciones
El cierre del INADI ha generado diversas reacciones en la sociedad argentina. Mientras algunos apoyan la medida argumentando que el organismo se había vuelto ineficiente, otros critican fuertemente la decisión, viendo en ella un retroceso en la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por la disolución del INADI, temiendo que la transferencia de sus funciones al Ministerio de Justicia no garantice la misma eficacia en la protección y promoción de los derechos de las personas más vulnerables.