Un nuevo avance judicial sacude el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido durante una cobertura de una protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación. La Justicia finalmente citó a indagatoria al cabo primero Héctor Jesús Guerrero, integrante de Gendarmería Nacional, acusado de haber disparado una granada de gas lacrimógeno que impactó de lleno en la cabeza del reportero gráfico.
El hecho, ocurrido en marzo de 2025, generó un fuerte repudio por parte de organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y agrupaciones sociales, que denunciaron un accionar represivo y desmedido por parte de las fuerzas de seguridad.
Pablo Grillo, fotógrafo independiente, se encontraba cumpliendo su labor profesional cuando fue alcanzado por un proyectil disparado a nivel del suelo, lo que le provocó una lesión cerebral de extrema gravedad. Testigos, imágenes y grabaciones recolectadas por la organización Mapa de la Policía permitieron reconstruir el momento exacto del impacto y la posición del tirador.
Según la querella, el proyectil no rebotó en el suelo ni fue desviado por ningún objeto, sino que fue disparado en línea recta, lo que viola de manera directa los protocolos de actuación de las fuerzas federales. El resultado fue devastador: Grillo debió ser operado de urgencia y pasó semanas en estado crítico.
El fotógrafo como víctima y testigo
Aunque Grillo no pudo declarar personalmente por la gravedad de su estado de salud, su trabajo como fotógrafo terminó siendo clave para la investigación. Las imágenes tomadas por él y por colegas en la misma cobertura ayudaron a identificar a Guerrero, quien integraba la Unidad Móvil 6 de Gendarmería Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Las tomas muestran con claridad el uniforme, el número de escuadra y el ángulo de disparo. Peritos independientes, convocados por los organismos que acompañan a la familia del fotógrafo, ratificaron que el accionar del gendarme fue directo y deliberado.
El caso de Pablo Grillo había quedado momentáneamente estancado. Sin embargo, el reciente impulso judicial llegó tras el tercer pedido de indagatoria presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Las organizaciones solicitaron formalmente al juez Ariel Lijo que cite a declarar a Guerrero por el delito de «homicidio agravado en grado de tentativa», considerando su rol como agente de seguridad y el uso de un arma reglamentaria.
La Justicia accedió finalmente a esa solicitud, citando al efectivo para los próximos días. Se espera que su testimonio permita avanzar en una causa que busca establecer no solo responsabilidades individuales, sino también políticas y estructurales.
La cadena de mando bajo la lupa
Además de Guerrero, la querella apuntó contra otros altos mandos de Gendarmería. En particular, fueron señalados el comandante mayor Héctor Ferreira, jefe de la Unidad Móvil 6; el comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian, a cargo de la Región I, y el director nacional del cuerpo, Claudio Miguel Brilloni.
Según los abogados de la familia Grillo, el operativo represivo no fue una acción aislada, sino parte de un esquema de intervención que respondió a directivas claras y que permitió el uso abusivo de la fuerza contra manifestantes y trabajadores de prensa.
Lo ocurrido con Pablo Grillo volvió a poner sobre la mesa el rol fundamental del fotógrafo y del reportero gráfico en contextos de protesta. Las imágenes no solo informan: también constituyen pruebas documentales de lo que sucede en el espacio público. En este caso, las cámaras desmintieron la versión oficial que había sostenido que el disparo fue accidental o producto de un rebote.
En un país donde la violencia institucional ha sido históricamente denunciada por múltiples organismos, la figura del fotógrafo emerge como testigo involuntario y, muchas veces, víctima directa de esas prácticas represivas.
El reclamo: justicia y garantías para la prensa
La familia de Pablo Grillo, acompañado por colegas y organizaciones, reclama una respuesta clara del Poder Judicial y garantías para que hechos similares no se repitan. También apuntan al gobierno nacional por su silencio o minimización del caso, especialmente por parte del Ministerio de Seguridad.
“El fotógrafo estaba trabajando. No era un manifestante, no representaba ninguna amenaza. Lo que pasó fue un mensaje directo contra el periodismo”, expresó una fuente cercana a la familia.
El caso sigue en investigación, pero con la reciente citación al gendarme Guerrero, se abre una nueva etapa judicial que podría marcar un precedente en la defensa del derecho a la información y en el combate a la violencia estatal.
