Victoria Villarruel, dijo este viernes que “nunca propuso” un indulto o amnistía para los militares condenados por delitos de lesa humanidad y citó de modo elíptico al exmandatario Mauricio Macri al hablar de “curro de los derechos humanos” y asociarlo a “la izquierda extrema”
“No vamos a proponer ni indulto ni amnistía, nunca lo propuse. La izquierda extrema favorece este discurso de los derechos humanos y es la más interesada para que siga el curro de los derechos humanos”, sostuvo en declaraciones a CNN en Español.
La abogada, que reconoció haberse reunido varias veces con genocidas condenados que están en la cárcel, afirmó luego que los derechos humanos “no son un curro” pero “los que se sirven de ellos, sí”.
“Les permiten cobrar indemnizaciones a personas que no fueron víctimas, subsidios a ONGs, se derivan ingresos a museos para que se recuerde la mitad de la memoria”, dijo Villarruel sobre las indemnizaciones con las que Argentina reconoció a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares directos por los delitos cometidos por el propio Estado durante la dictadura cívico militar.
Por otro lado, la diputada nacional y representante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) insistió con que, en su opinión, los delitos de lesa humanidad -que por tal condición son imprescriptibles- no son únicamente cometidos por los Estados, una postura que contradice lo que plantea la jurisprudencia vigente en la Argentina.
“En el momento en que vos considerás que ‘lesa humanidad’ son los delitos cometidos únicamente desde el Estado, (lo que implica) negar que las organizaciones armadas para el derecho internacional también lo cometen, estás contradiciendo tratados internacionales que la Argentina ratificó”, dijo.
Y agregó que si los delitos fueron cometidos por alguien que perteneció al Estado “tendrá una pena más gravosa” pero que “no es menos inocente el terrorista que voló civiles y más si ocurrió en democracia”.
Esa postura contradice fallos de la Corte Suprema que sentaron doctrina, como el fallo “Lariz Iriondo” de 2005 y el fallo “Simón” del mismo año, en los que el máximo tribunal del país consideró que las acciones de organizaciones armadas no constituyen crímenes de lesa humanidad y, por ende, prescriben.
En una aplicación reciente de la jurisprudencia de esos y otros fallos, la jueza María Servini resolvió en septiembre último rechazar que se reabra la causa por el atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA, cometido en el primer año de la dictadura, al considerar que no configura “delito de lesa humanidad”.
Además, para el ministerio público argentino, sobre todo a partir de un dictamen del fallecido exprocurador Esteban Righi del año 2007, la clasificación penal de “crímenes de lesa humanidad” solo puede utilizarse para “ilícitos cometidos por el Estado o por organizaciones vinculadas a él”.
Villarruel, en la entrevista que le concedió hoy a la cadena estadounidense CNN en Español, insistió en que entre las reparaciones económicas cobradas del Estado por las víctimas o familiares del terrorismo de Estado o del exilio forzado hubo “indemnizaciones por haberse exiliado en Francia” o “gente cobrando subsidios para ONGs como Sueños Compartidos”.
Y luego agregó: “Los ciudadanos que sufren violaciones a derechos humanos en el presente están siendo postergados por personas que lo único que tienen es interés en reconocer la parte de la historia que les conviene”.
Por otra parte, al ser consultada por los derechos laborales y qué pasaría con ellos si ganara las elecciones LLA, respondió que se respetarán “los derechos de los trabajadores que están reconocidos por la Constitución Nacional”, aunque adelantó que propondrán cambios en la reglamentación que rige los despidos.
Por otra parte, indicó que el sistema electoral argentino “presenta grietas” por las cuales pueden “colarse situaciones que rozan lo fraudulento”.
“Lo primero es que se respete la voluntad popular, para lo cual tiene que haber fiscalización eficiente. Hemos tenido casos concretos en los que ha habido diferencias en distintas partes del país”, dijo.
Tal definición que ignoró un reciente pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral, que cuestionó las “invocaciones de fraude sin fundamento”, advirtió que esas versiones “desinforman a la opinión pública” y ratificó la “indiscutida legitimidad” del proceso electoral. Télam.
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Victoria Villarruel
