Venden por Redes Sociales los alimentos destinados a los comedores y merenderos

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En un nuevo episodio del escándalo por alimentos de Capital Humano, se descubrió que en la provincia de Mendoza están comercializando por redes sociales alimentos destinados originalmente a comedores y merenderos.

La leche en polvo de la marca Vidalac, que formaba parte de las toneladas de alimentos próximos a vencer y que fueron asignados a la Fundación CONIN por orden judicial, ha sido objeto de venta ilegal en Mendoza. Esta fundación, originaria de la provincia mendocina, ahora se ve envuelta en una investigación de la Fiscalía N°6 para esclarecer cómo la mercadería llegó a manos de los vendedores identificados.

Comercialización Ilegal de Alimentos destinados a Comedores y Merenderos

Los sospechosos involucrados vendían la leche en polvo en el departamento de Las Heras, desafiando las advertencias del envase que indicaban «Prohibida su venta y comercialización». La mercadería había sido destinada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, en un esfuerzo por facilitar más de 465 mil kilos de leche a los sectores vulnerables a través de la Fundación CONIN.

El ministerio había establecido un operativo logístico coordinado con el Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa para garantizar la distribución eficiente y directa de los alimentos sin intermediarios. Además, se requería que CONIN certificara el uso adecuado de los alimentos entregados mediante informes periódicos y un informe final.

Apoyo Gubernamental y Contexto Político

Recientemente, ante las especulaciones sobre la renuncia de Sandra Pettovello en medio de la controversia, el Gobierno desmintió tales rumores, reafirmando su apoyo total a la ministra y destacando el compromiso del presidente Milei y su equipo en la gestión del país.

Este escándalo pone de relieve los desafíos en la gestión y distribución de alimentos destinados a los sectores más vulnerables, subrayando la importancia de la transparencia y la vigilancia en estos procesos para evitar la explotación indebida de recursos públicos destinados al bienestar social.