La mañana comenzó con tensión en la Avenida General Paz, donde trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un ruidazo y bloquearon parcialmente la traza en sentido al Riachuelo, frente a la sede del organismo en Villa Martelli. La protesta fue en rechazo al decreto presidencial que dispone la disolución del INTI, como parte de un plan más amplio de reorganización del Estado.
Desde la Asamblea de trabajadores denunciaron que, con esta medida, cerca del 30 % del personal sería considerado “prescindible”, lo que implicaría más de 700 despidos. El malestar acumulado se tradujo en una protesta que escaló rápidamente en tensión: dos carriles de la General Paz fueron ocupados y un operativo de la Policía de la Ciudad intervino para contener la movilización. Durante el procedimiento se registraron empujones, corridas y al menos cuatro detenciones, que fueron calificadas de ilegales por dirigentes gremiales.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció que “la Policía reprimió” y que se trató de un accionar “ilegal y arbitrario”. El referente gremial afirmó que los trabajadores no van a retroceder y que ya preparan nuevas medidas, tanto en la calle como en la Justicia. “Nos quieren destruir un organismo estratégico para el desarrollo nacional. El INTI es soberanía, es industria, es conocimiento. No vamos a permitir su vaciamiento”, expresó.
Un conflicto que crece y pone en juego la estructura del Estado
El decreto del Ejecutivo, que propone la transformación de organismos públicos como el INTI en entes más acotados y dependientes del Ministerio de Economía, generó una fuerte reacción sindical. Los trabajadores advierten que, además de los despidos, se eliminarían áreas clave dedicadas al desarrollo tecnológico, la innovación y la certificación de productos industriales, lo que afectaría directamente a pequeñas y medianas empresas que dependen del INTI para mejorar su competitividad.
Los gremios sostienen que la medida no solo vulnera derechos laborales sino que además atenta contra la soberanía tecnológica e industrial del país. El INTI, creado hace más de 70 años, cumple un rol estratégico en el acompañamiento técnico a la industria nacional. Sus empleados destacan que una parte significativa de su presupuesto proviene de convenios y servicios prestados, por lo que cuestionan que se lo tache de ineficiente o innecesario.
En paralelo, desde ATE anunciaron que presentarán un recurso judicial para impugnar el decreto por considerarlo inconstitucional. Argumentan que el INTI fue creado por ley del Congreso y que su estructura no puede ser modificada por una norma del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, la tensión sigue latente. Lo que ocurre en Villa Martelli no es un hecho aislado: se enmarca en una reestructuración general del Estado que ya alcanzó a otras áreas como el INCAA, el INADI y el CONICET. El futuro del INTI, y de cientos de trabajadores calificados, está hoy en disputa.
