La relación entre el gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido una de tensiones y negociaciones. La reforma laboral impulsada por el gobierno incluyó una serie de cambios, especialmente dentro de la Ley Bases, que pretendían penalizar prácticas sindicales consideradas excesivas, como el bloqueo. Sin embargo, al momento de reglamentar este capítulo, dicho artículo fue excluido, dejando a la CGT y al sector privado la posibilidad de definir los límites de este recurso sindical.
En el centro de la controversia se encuentra Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT y secretario general del SOESGyPE. Aunque Acuña no figura entre los dirigentes más críticos frente al gobierno, su accionar fue objeto de una revisión judicial. En un fallo reciente, la Cámara Nacional de Apelaciones revocó el sobreseimiento de Acuña, quien había sido acusado de emplear la coacción mediante bloqueos en el contexto de manifestaciones. Esta decisión de los jueces establece un precedente clave en la batalla jurídica entre el derecho a la protesta y las regulaciones laborales.
El fallo del 8 de noviembre de 2024 representa un retroceso para Acuña, quien inicialmente había sido sobreseído bajo el argumento de que su accionar se enmarcaba en el derecho a la huelga. No obstante, la Cámara Nacional sostuvo que el bloqueo excede los límites de este derecho, debido al impacto económico negativo generado por obstruir el acceso físico a establecimientos comerciales. Así, la corte decidió procesar a Acuña bajo el cargo de coacción, imponiéndole un embargo de $8 millones sobre sus bienes y fondos.
La decisión judicial subraya que el uso de bloqueos como medida de presión sindical es un tema de discusión central en el contexto laboral argentino. Aunque el Gobierno en su momento intentó tipificar esta práctica como delito en la Ley Bases, finalmente optó por remover dicho apartado, dejándolo como una cuestión sujeta a interpretación judicial. La intervención de la Cámara Nacional en este caso implica una postura más restrictiva hacia el uso del bloqueo en las protestas.
La visión de la Cámara Nacional de Apelaciones
El fallo, firmado por los jueces Julio Marcelo Lucini, Pablo Guillermo Lucero e Ignacio Rodríguez Varela (con disidencia parcial), coloca a Carlos Acuña como responsable de coacción y fija que sus acciones no deben obstaculizar el derecho de terceros ajenos a la protesta. La sentencia considera que el bloqueo excede el derecho a huelga al causar perjuicio económico directo, especialmente en sectores comerciales y productivos.
La causa contra Acuña se remonta a un incidente ocurrido el 21 de diciembre de 2021 durante una manifestación en una estación de servicio en Buenos Aires. La protesta, organizada por el sindicato de trabajadores de estaciones de servicio (SOESGyPE), surgió en el marco de las negociaciones salariales con la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA). Los empresarios acusaron a los líderes sindicales de intentar presionar mediante la obstrucción del acceso, afectando así la operatividad del establecimiento.
La sentencia contra Acuña no solo afecta su situación personal, sino que además crea un precedente que podría redefinir la relación entre los sindicatos y el poder judicial en Argentina. La decisión de la Cámara Nacional podría servir como referencia para futuros casos donde se cuestione la legitimidad de ciertas prácticas sindicales, especialmente aquellas que impliquen el bloqueo de accesos a instalaciones comerciales o productivas.
La CGT y el desafío de adaptarse a nuevas regulaciones
El fallo representa un desafío para la CGT y otros gremios, quienes deberán reevaluar sus métodos de protesta y presión. En una reunión reciente con el gobierno, los líderes de la CGT destacaron su intención de avanzar en una negociación con el sector privado para definir de manera más clara los alcances y límites del bloqueo sindical. Esta búsqueda de acuerdos demuestra la voluntad de los sindicatos de encontrar puntos de consenso que les permitan continuar defendiendo sus derechos sin infringir la ley.
La reforma laboral y sus consecuencias han puesto en evidencia la necesidad de modernizar y adaptar las prácticas sindicales a un marco legal cada vez más estricto. La CGT enfrenta el reto de equilibrar el derecho a la protesta con el respeto por los derechos de terceros, algo que será fundamental para evitar sanciones y conflictos legales en el futuro.
