El Gobierno de Argentina ha dado luz verde a la privatización total de Intercargo, la compañía estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipaje en 21 aeropuertos del país. Esta decisión se enmarca dentro del proceso de desregulación del sector aerocomercial y busca abrir el mercado a la competencia privada.
Desde hace varios meses, Intercargo se encontraba en el centro de la polémica debido a conflictos gremiales que afectaron gravemente la operatividad en los principales aeropuertos argentinos. En particular, un paro sorpresivo en Aeroparque y Ezeiza, registrado a finales de 2023, derivó en la cancelación de múltiples vuelos y dejó a miles de pasajeros varados, generando fuertes críticas desde el Ejecutivo.
Ante esta situación, el Gobierno liderado por Javier Milei decidió avanzar con la desregulación del servicio de rampa, permitiendo la entrada de empresas privadas en el sector. Esta medida fue anunciada en noviembre de 2024 por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que se trataba del «fin de Intercargo tal como lo conocemos».
Además, el portavoz gubernamental remarcó que con esta medida ningún «terrorista sindical» podría volver a paralizar los aeropuertos ni afectar a los pasajeros mediante medidas de fuerza.
El nuevo escenario: competencia privada en los servicios de rampa
Hasta la implementación de esta reforma, Intercargo mantenía el monopolio de los servicios de rampa en los aeropuertos más importantes del país. Sin embargo, tras la decisión del Ejecutivo, nuevas compañías privadas han sido autorizadas a ofrecer estos servicios, lo que marca un cambio radical en el sector.
El decreto oficial señala que Intercargo poseía contratos vigentes con concesionarios aeroportuarios para la utilización de los espacios destinados a la prestación de servicios de rampa. Esta estructura contractual se mantuvo en 21 aeropuertos, pero ahora, con la privatización en marcha, se espera que nuevos operadores ingresen al mercado.
Con la privatización aprobada, el Gobierno ha dado inicio a una licitación pública de alcance nacional e internacional para vender el 100% de las acciones de Intercargo S.A.U.
El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, será el encargado de liderar el proceso, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas». Esta entidad tendrá la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para concretar la venta y garantizar una transición ordenada.
Uno de los aspectos clave de este proceso será la rescisión del contrato de concesión vigente entre el Estado y la empresa. Este paso se llevará a cabo de mutuo acuerdo antes de la transferencia definitiva de las acciones.
El Gobierno ha insistido en que la privatización de Intercargo no afectará la operatividad de los aeropuertos ni la conectividad aérea del país. Según lo dispuesto en la normativa, el Ministerio de Economía deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el servicio de rampa continúe funcionando sin interrupciones.
Este punto es esencial, ya que el servicio de rampa es una pieza clave en la logística aeroportuaria, permitiendo el traslado eficiente de equipaje y pasajeros. Cualquier interrupción podría afectar gravemente a las aerolíneas y a los usuarios del transporte aéreo.
Intercargo y su impacto económico en el Estado
Uno de los principales argumentos del Gobierno para avanzar con la privatización es el alto costo que representó Intercargo para el Estado en los últimos años.
Entre 2020 y 2023, la empresa recibió asistencia financiera del Estado Nacional por aproximadamente 6.700 millones de pesos para cubrir sus necesidades operativas y garantizar estándares de calidad y seguridad.
Desde el Ejecutivo consideran que esta carga financiera es insostenible en el actual contexto económico y que el ingreso de actores privados permitirá mejorar la eficiencia del servicio sin generar gastos adicionales para el Estado.
Reacciones ante la privatización de Intercargo
La decisión del Gobierno ha generado diversas reacciones dentro del sector aeronáutico y en el ámbito político.
- Las aerolíneas han recibido la medida con optimismo, ya que la apertura del mercado podría reducir costos y mejorar la calidad del servicio de rampa.
- Los sindicatos aeronáuticos, en cambio, han manifestado su rechazo, argumentando que la privatización podría afectar los derechos laborales de los trabajadores de Intercargo y generar despidos masivos.
- Los economistas y analistas del sector están divididos: algunos consideran que la competencia beneficiará al mercado, mientras que otros advierten sobre la posibilidad de monopolios privados si no se establecen regulaciones adecuadas.
