En una nueva ofensiva del Gobierno nacional por achicar el gasto público, fueron disueltos tres fondos fiduciarios que manejaban miles de millones de pesos para infraestructura, desarrollo productivo y prevención de incendios. La medida fue oficializada mediante el Decreto 463/2025, firmado por el presidente Javier Milei, y se enmarca dentro del plan de “reorganización y eficiencia del Estado”.
Los fondos eliminados son el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Según el texto oficial, la decisión se tomó tras auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectaron falta de control interno, baja ejecución presupuestaria y uso ineficiente de los recursos. El diagnóstico del Ejecutivo fue tajante: muchos fideicomisos no cumplían con sus objetivos y representaban una “distorsión” en la asignación del dinero público.
Desde el entorno presidencial aseguran que estos tres fondos movilizaban más de $300.000 millones, pero una parte importante de esos recursos estaba subutilizada o mal administrada. La Casa Rosada insiste en que la eliminación de los fideicomisos no implica que las funciones se abandonen, sino que serán absorbidas por ministerios u organismos competentes, con estructuras más controladas y racionales.
Uno de los más relevantes es el Fondo de Infraestructura Regional, creado en 1997 y destinado a financiar obras públicas en provincias y municipios. Durante el 2024, recibió ingresos por más de $135.000 millones, pero, según los datos oficiales, ejecutó solo una mínima parte. El Gobierno denunció que se trataba de un “mecanismo opaco”, donde no se justificaban adecuadamente los criterios de inversión ni existían evaluaciones de impacto. El argumento central: demasiados recursos, poca obra visible.
En el caso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, la situación fue incluso más alarmante. Aunque entre 2022 y 2023 se transfirieron cerca de $26.000 millones, solo se utilizaron $70 millones en el objetivo principal: combatir incendios forestales. Las autoridades señalaron la existencia de contratos con sobreprecios, falta de planificación operativa y ausencia de informes de rendición. No obstante, el sistema federal de combate al fuego no desaparecerá: será financiado ahora con el 0,3 % de las primas de seguros, pero bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
El FONDEP, por su parte, nació como FONDEAR durante el kirchnerismo y tenía como objetivo el financiamiento a PyMEs. Sin embargo, el Ejecutivo denunció que se había desnaturalizado y utilizado para inversiones financieras de corto plazo, en vez de canalizarse hacia el crédito productivo. Se suman —según la SIGEN— irregularidades como demoras en la recuperación de préstamos, incumplimientos contractuales y carencias en los registros contables. Durante el último año, manejó más de $160.000 millones, según datos oficiales.
Con esta nueva medida, ya suman 29 los fondos fiduciarios eliminados por el Gobierno desde el inicio de la gestión. Se trata de una política alineada con la llamada “motosierra” fiscal, que busca desarticular estructuras paralelas de financiamiento público que, según la visión oficial, estaban plagadas de ineficiencias, clientelismo y escasa transparencia.
Desde la oposición y algunos gobiernos provinciales expresaron su preocupación por el impacto de la medida. Advierten que muchos proyectos de infraestructura financiados por el fondo regional podrían quedar paralizados, y que la transferencia de funciones a los ministerios no siempre viene acompañada de los recursos ni del conocimiento técnico para ejecutarlas.
En el oficialismo, en cambio, aseguran que la decisión permitirá recuperar control político y técnico sobre el gasto, y evitar “cajas negras” que se manejaban con escasa supervisión. También recalcan que no habrá despidos automáticos en las unidades ejecutoras, que serán reabsorbidas o reconvertidas en el marco del nuevo organigrama estatal.
La disolución de estos fondos no solo tiene implicancias presupuestarias. También reabre el debate sobre cómo debe organizarse el Estado para ejecutar políticas públicas: ¿mejor con organismos específicos y fideicomisos autónomos, o con ministerios centralizados y mayor control político? Para el Gobierno, la respuesta está clara. Para sus críticos, en cambio, el riesgo es alto: dejar sin herramientas operativas áreas sensibles como el desarrollo productivo, las obras provinciales o la lucha contra el fuego.
Por ahora, el ajuste continúa. Y con él, la reconfiguración del mapa institucional argentino, donde los fondos fiduciarios, alguna vez pensados como mecanismos ágiles y eficientes, parecen haber llegado a su final.
