Un masivo hackeo a las Fuerzas Armadas argentinas ha generado una alarma nacional tras la filtración de información sensible de aproximadamente 50.000 integrantes del cuerpo militar. La amenaza cibernética no solo puso en riesgo datos personales, sino que también expuso la vulnerabilidad de los sistemas administrativos del Estado.
El pasado 8 de mayo, el Ejército Argentino presentó una denuncia formal ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal, luego de detectar un acceso no autorizado a sus bases de datos. Como resultado del hackeo, se habría comprometido un extenso volumen de información que incluye:
- Nombres y apellidos
- Números de Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Domicilios particulares
- Destinos de servicio
- Registros de viajes
- Datos de familiares
- Diplomas y condecoraciones
Este incidente cibernético no solo expone la información de los efectivos, sino también la de sus familias, elevando así el riesgo de ser objeto de fraudes, extorsiones o amenazas.
Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, se confirmó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad informática. Estas acciones incluyen:
- Refuerzo de los sistemas de protección en redes administrativas
- Supervisión permanente de las plataformas de datos
- Colaboración directa con la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
La AFC ha intensificado su monitoreo en coordinación con organismos estatales clave, evaluando los riesgos potenciales y la posible reutilización de los datos robados en actividades delictivas.
Si bien el volumen de información expuesta resulta significativo, fuentes oficiales afirmaron que los sistemas operativos críticos y la capacidad táctica de las Fuerzas Armadas no fueron comprometidos. El Ejército recalcó que, hasta el momento, los datos vulnerados son en su mayoría de carácter administrativo y de acceso público, lo cual, según sus declaraciones, reduce el impacto potencial.
Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que incluso datos aparentemente públicos pueden utilizarse como pieza clave en ingeniería social, suplantación de identidad o ciberespionaje.
Nuevo caso vinculado: intento de hackeo al celular del presidente de la Corte Suprema
En paralelo al incidente en las Fuerzas Armadas, se investiga un intento de hackeo al celular de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. El intento fue detectado por personal del área encargada del manejo de teléfonos oficiales del tribunal.
Según la denuncia, Sebastián Matías Bustamante, funcionario de la Dirección General de Gestión e Infraestructura, recibió un llamado desde un número privado. En la comunicación, un supuesto empleado de la empresa Movistar le solicitó bloquear una línea «robada» y proporcionar el PIN de acceso, un claro intento de vulnerar la seguridad del dispositivo del magistrado.
Este hecho, aunque separado, refuerza la teoría de que Argentina se encuentra bajo una ofensiva digital coordinada que apunta a altos funcionarios y estructuras sensibles del Estado.
Ciberseguridad en el foco: una deuda pendiente en la defensa nacional
Este caso deja al descubierto una realidad preocupante: la infraestructura digital del Estado argentino continúa siendo altamente vulnerable. El ataque contra las Fuerzas Armadas expone deficiencias estructurales en términos de:
- Protección de bases de datos
- Auditorías de seguridad periódicas
- Actualización de protocolos de prevención
- Capacitación del personal en buenas prácticas digitales
En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha transformado en un componente esencial de la defensa nacional, y este tipo de episodios deberían acelerar la inversión en tecnologías de protección, así como la implementación de normativas más estrictas.
