El controvertido caso $LIBRA, una memecoin que sacudió el escenario político y financiero argentino en 2025, ha sido dado por cerrado por el Gobierno nacional, tras la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI). La decisión fue oficializada mediante el Decreto 332/2025 y ha despertado nuevas críticas ante la falta de transparencia y los vacíos informativos que aún persisten.
El Caso $LIBRA se originó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó abiertamente una criptomoneda desde sus redes sociales oficiales. La movida, inédita para un jefe de Estado, provocó un frenesí especulativo: el valor del token digital se disparó de casi cero a superar los 5 dólares estadounidenses en cuestión de horas.
Impulsado por la figura presidencial y sin un análisis técnico previo, $LIBRA atrajo a miles de pequeños inversores que apostaron por su crecimiento. Sin embargo, la euforia duró poco. Días más tarde, el proyecto colapsó estrepitosamente: los desarrolladores desaparecieron sin dejar rastro, el valor del activo se desplomó casi a cero, y miles de usuarios reportaron pérdidas millonarias.
El episodio fue calificado como un posible «rug pull», una práctica fraudulenta frecuente en el universo cripto, donde los impulsores de un proyecto abandonan súbitamente la iniciativa luego de captar grandes sumas de dinero.
Ante el escándalo mediático y el malestar de los damnificados, el Gobierno creó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) mediante el Decreto 114/2025. Esta dependencia especial fue integrada por expertos en criptoactivos, delitos económicos y lavado de dinero, con el objetivo de determinar si existieron maniobras fraudulentas en torno a la creación, promoción y caída de $LIBRA.
A lo largo de su corta existencia, la UTI debió analizar múltiples denuncias tanto a nivel local como internacional. Incluso en Estados Unidos se presentó una demanda colectiva contra Javier Milei, acusándolo de promoción engañosa y negligencia institucional. Los denunciantes sostienen que el respaldo público del presidente fue un factor determinante para que miles de personas invirtieran en un proyecto sin fundamentos técnicos ni regulatorios sólidos.
El sorpresivo cierre de la investigación y sus implicancias
En la madrugada del martes 20 de mayo de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto 332/2025 que formalizó la disolución de la UTI. La resolución fue firmada por el propio presidente Javier Milei y por su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial ese mismo día.
Según el texto oficial, “la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada” y toda la información recolectada fue enviada al Ministerio Público Fiscal, que se encargará de continuar la causa desde el ámbito judicial.
No obstante, hasta el momento no se han publicado informes detallados ni conclusiones oficiales sobre el trabajo de la UTI. Tampoco se ha revelado quiénes fueron los desarrolladores originales de $LIBRA ni si existieron vínculos directos con integrantes del gobierno nacional o su círculo más cercano.
El cierre de la UTI ha sido interpretado por sectores opositores y analistas como una maniobra para minimizar el impacto político del escándalo. La falta de transparencia, sumada al silencio oficial sobre los resultados de la investigación, ha incrementado la desconfianza ciudadana.
Fuentes judiciales confirmaron que la investigación penal seguirá activa en el Ministerio Público Fiscal, donde se analizarán posibles delitos económicos, conflictos de interés y violaciones a las leyes de promoción financiera y de protección al consumidor.
Por otra parte, organizaciones de defensa al inversor han solicitado acceso a los documentos producidos por la UTI, reclamando que se garantice el derecho a la verdad de los afectados y que se identifiquen a los responsables materiales e intelectuales detrás de la creación de $LIBRA.
Implicancias legales y políticas a futuro
El Caso $LIBRA podría marcar un antes y un después en la relación entre política y activos digitales en Argentina. La promoción directa de una criptomoneda por parte del presidente ha abierto un debate jurídico sobre los límites del discurso institucional en mercados altamente especulativos y sin regulación clara.
Expertos en derecho financiero sostienen que la responsabilidad política no debe ser descartada, especialmente si se demuestra que hubo conocimiento previo del posible colapso del token o si se ocultaron datos sobre su origen.
Además, el caso podría servir de precedente para futuras regulaciones sobre criptomonedas, marketing institucional y protección de inversores frente a figuras públicas con poder de influencia.
