Ley Bases del Gobierno: Privatizaciones y Empleo Público entraron en regulación

Ley Bases del Gobierno

Ley Bases y su Importancia para el plan de Gobierno

El Gobierno ha dado un paso significativo en la implementación de la Ley Bases, una normativa esencial para la reorganización de la administración pública. Esta iniciativa busca modernizar tanto la administración centralizada como la descentralizada, abordando aspectos críticos como las privatizaciones y el empleo público.

A través del decreto 695/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ha establecido las directrices que marca la reciente aprobada ley bases, para avanzar en esta reforma integral del Estado.

La reglamentación de la Ley Bases se centra en cuatro pilares fundamentales: la reorganización administrativa, las privatizaciones, el silencio administrativo y los ajustes reglamentarios. Estos aspectos son cruciales para garantizar una administración más eficiente y transparente.

Reorganización Administrativa

En cuanto a la reorganización administrativa, se ha dispuesto que el Poder Ejecutivo tiene la facultad para reorganizar, transformar y liquidar fondos fiduciarios públicos conforme a la Ley N° 27.742. Este proceso es esencial para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia operativa del sector público.

Privatizaciones

La privatización de empresas estatales es uno de los ejes centrales de esta reforma. El decreto 695/2024 establece procedimientos específicos para llevar a cabo estas privatizaciones, los cuales incluyen la presentación de informes detallados y la publicación de convocatorias para ofertas. Entre las empresas sujetas a privatización se encuentran:

  • Energía Argentina
  • Intercargo
  • AySA
  • Belgrano Cargas
  • Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
  • Corredores Viales
  • Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
  • Complejo Carbonífero Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

Estos procedimientos buscan garantizar la transparencia y la competitividad en el proceso de privatización, permitiendo una gestión más eficiente y efectiva de los recursos estatales.

Silencio Administrativo y Ajustes Reglamentarios

El silencio administrativo es otro aspecto crucial abordado en esta reglamentación. Este mecanismo permite agilizar los trámites administrativos y reducir la burocracia, facilitando una respuesta más rápida y eficiente por parte de las autoridades.

Impacto en el Empleo Público

El empleo público también ha sido objeto de importantes reformas bajo la Ley Bases. El Capítulo IV de la reglamentación establece que para ingresar a trabajar en la Administración Pública, los aspirantes deberán aprobar una «Evaluación General de Conocimientos y Competencias». Esta evaluación será anónima y los candidatos solo serán identificados después de la calificación.

Además, se ha determinado que no se podrá efectuar ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica. Esta medida busca garantizar que todos los empleados públicos cumplan con los estándares de salud y capacidad necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva.

El personal afectado por medidas de reestructuración, que impliquen la eliminación de órganos, organismos o funciones, será puesto en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce meses. Durante este tiempo, los empleados deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si, al término de este periodo, el trabajador no ha formalizado una nueva relación laboral, será desvinculado automáticamente de la Administración Pública Nacional.

En este caso, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización calculada en base a las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad, incluyendo los servicios prestados como personal permanente en la Administración Pública Nacional. Se excluyen aquellos que ya hayan recibido una indemnización previa por reestructuración, retiro voluntario, despido o situaciones similares.