La inversión en educación en Argentina ha sido un tema crucial en los últimos años. A medida que los presupuestos se ajustan, surgen preocupaciones sobre el impacto de estos recortes en todos los niveles educativos. Según un reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, en 2025 el Estado invertirá tan solo un 0,88% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación, marcando una disminución con respecto a años anteriores.
Reducen la inversión en educación
El informe revela que el Estado destinará un 0,88% del PBI en 2025, una baja considerable frente al 1,48% invertido en 2023 y el 0,91% proyectado para 2024. Este descenso se produce en un contexto de crisis presupuestaria y desacuerdos entre el Gobierno y las universidades nacionales sobre el financiamiento de estas instituciones.
A lo largo de cuatro años consecutivos, la inversión en educación creció, pero esa tendencia positiva se detuvo en 2023. Los recortes presupuestarios han impactado en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la universitaria, lo que genera tensiones entre el gobierno y las provincias. Uno de los factores más relevantes fue la decisión del Gobierno de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que ayudaba a complementar los salarios de los trabajadores del sector educativo.
Detalles sobre el presupuesto educativo
El estudio titulado “Presupuesto educativo nacional 2025” fue desarrollado por investigadores del Observatorio de Argentinos por la Educación. Este documento analiza la asignación presupuestaria destinada a la función «Educación y Cultura» y a la Secretaría de Educación del Ministerio del Capital Humano. Estas áreas representan el 80% de la inversión educativa en Argentina.
A partir de los datos, se observa que el crédito ejecutado en 2023 y el crédito vigente al 22 de septiembre de 2024 muestran una caída significativa en los recursos destinados a la educación.
Entre 2023 y 2024, se registró una caída abrupta en las partidas destinadas a la Secretaría de Educación, con una reducción del 42,99%. De manera similar, la función «Educación y Cultura» sufrió una contracción del 40,20%. La ciencia, tecnología e innovación tampoco escaparon a los recortes, registrando una disminución interanual del 31,32%.
Este ajuste ha generado preocupación en el sector educativo, ya que los recortes podrían afectar la calidad de la educación en Argentina, limitando la capacidad de las instituciones educativas para ofrecer servicios adecuados a estudiantes y docentes.
Proyecciones para 2025: Ajustes y recuperación limitada
El presupuesto para 2025 sugiere una leve recuperación en algunas áreas. La Secretaría de Educación vería un aumento del 6,87%, mientras que la función «Educación y Cultura» crecería un modesto 0,65%, según las estimaciones de inflación oficiales del 18,3%. Sin embargo, si se toman en cuenta las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que predicen una inflación cercana al 35% para 2025, en términos reales habría una nueva caída en la inversión educativa.
De acuerdo con estos cálculos, la Secretaría de Educación sufriría una disminución del 1,18%, mientras que la función «Educación y Cultura» se reduciría en un 6,93%. Esto agrava la situación, dado que las inversiones previstas no compensan la pérdida de valor adquisitivo causada por la inflación
El Presupuesto 2025 también introduce una reorganización de prioridades dentro del sistema educativo. Se asignarán fondos por primera vez al Plan Nacional de Alfabetización, que estará enfocado en los alumnos de los primeros años de la educación inicial. Este programa recibirá el 11,6% del presupuesto de la Secretaría de Educación, a expensas de otros programas emblemáticos, como Conectar Igualdad y Fortalecimiento Territorial, que serán eliminados.
Por otro lado, el 23,1% del presupuesto estará destinado a programas de educación obligatoria y superior no universitaria, mientras que el 66,5% será para las universidades.
Impacto en las universidades y la ciencia
La ley de Presupuesto 2025 presentada al Congreso incluye una cláusula que suspende el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional, el cual establece que el Estado debe destinar al menos un 6% del PBI a la educación. Esta suspensión genera incertidumbre sobre la financiación de las universidades y del sistema científico-tecnológico. La ley también afecta el financiamiento de la ciencia y la tecnología, sectores que venían experimentando recortes desde 2023.
En respuesta a esta situación, los rectores de las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acordaron una propuesta de presupuesto universitario para 2025. Este presupuesto considera un aumento que permita el normal funcionamiento de las universidades, aunque la cifra proyectada para toda la función «Educación y Cultura» es inferior a lo necesario para cubrir los costos operativos de las universidades.