El Gobierno ha optado por reducir los subsidios otorgados a las empresas de transporte, marcando un cambio en su enfoque hacia una mayor asistencia directa a los usuarios.
Como parte de sus metas, el Gobierno Nacional ha decidido recortar los subsidios destinados a las empresas proveedoras de servicios de transporte de Jurisdicción Nacional. Esta medida busca priorizar la asistencia a los usuarios más necesitados, canalizando el apoyo a través de la tarjeta SUBE.
Congelamiento de Tarifas
La Secretaría de Transporte ha decidido poner fin al congelamiento de tarifas que se había mantenido desde la gestión anterior en trenes y autobuses del AMBA para las líneas de Jurisdicción Nacional. Esto implica que la tarifa adquiera un papel más protagónico en la cobertura de los costos operativos, reduciendo así los subsidios a las empresas.
A partir de este año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, que anteriormente había sido recibido por empresas prestadoras de servicios fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida busca una distribución más equitativa de los recursos.
Estas decisiones están alineadas con el Pacto Fiscal firmado entre Gobernadores Provinciales y el Gobierno Nacional en 2017 y 2018. El pacto comprometía a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en el transporte del AMBA, dejando a las provincias la responsabilidad de definir compensaciones tarifarias y subsidios al transporte público dentro de sus jurisdicciones.
Continuidad de la Asistencia Social
A pesar de los cambios, el Atributo Social seguirá vigente en todo el territorio nacional donde funcione la tarjeta SUBE. Este atributo ofrece un descuento del 55% en la tarifa del transporte público para todos los usuarios que lo necesiten, independientemente de su ubicación geográfica.
El Estado Nacional ha decidido que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo. Esta medida tiene como objetivo beneficiar directamente a las personas que más lo necesitan, garantizando una distribución más eficiente de los recursos y una mayor transparencia en la asistencia gubernamental.
