En una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces políticos, el Senado convirtió en ley cuatro iniciativas vinculadas con discapacidad, propiedad privada, patentes y seguridad en instalaciones deportivas. Los proyectos fueron aprobados con diferentes mayorías y ahora serán enviados al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La Cámara de Senadores cerró una jornada legislativa de más de 12 horas con la aprobación de cuatro leyes que tendrán impacto en diferentes sectores de la sociedad. Pese a las tensiones entre La Libertad Avanza y el bloque justicialista, fueron alcanzados los acuerdos necesarios para avanzar con el nuevo régimen de discapacidad, la restitución de la Ley de Tierras, la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín.
El debate estuvo marcado por diferencias políticas en torno a las iniciativas impulsadas por el Gobierno y por cuestionamientos de la oposición sobre el alcance de algunas de las modificaciones propuestas. Sin embargo, los proyectos lograron reunir los votos necesarios para completar su recorrido parlamentario.
Entre las principales novedades se destacó la aprobación de un régimen permanente para las personas con discapacidad, que reemplazará el esquema de emergencia vigente hasta fin de año. También fue restablecida la normativa que limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, mientras que la incorporación de la Argentina al sistema internacional de patentes fue defendida por el oficialismo como una herramienta para facilitar la innovación y el desarrollo tecnológico.
La sesión también incluyó la sanción de una legislación destinada a prevenir accidentes en clubes, escuelas, plazas y otros espacios deportivos y recreativos.
Ley de Discapacidad: el Senado aprobó un régimen permanente por unanimidad
La nueva Ley de Discapacidad fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos. A través de la normativa, será reemplazado el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a las personas beneficiarias y a las instituciones que forman parte del sistema.
La legislación contempla la continuidad de los servicios incluidos en el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Además, serán incorporados mecanismos de control y transparencia sobre los recursos destinados al sector.
Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo formal. Según lo explicado durante el debate, la prestación podrá ser mantenida por quienes accedan a un trabajo registrado o se inscriban en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
De esta manera, se buscará evitar que la incorporación al mercado laboral implique la pérdida automática del beneficio económico, una situación que había sido cuestionada por distintos sectores.
También fueron establecidos mecanismos para evitar suspensiones de pensiones por errores administrativos. Antes de que una prestación sea interrumpida, deberá garantizarse una instancia en la que el beneficiario pueda presentar documentación y explicar su situación.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y sostuvo que la nueva legislación permitirá dejar atrás las prórrogas de emergencia para avanzar hacia un sistema con reglas estables.
La iniciativa había generado fuertes diferencias políticas durante las semanas previas a su tratamiento. Finalmente, fue alcanzado un acuerdo entre los distintos bloques que permitió su aprobación sin votos negativos.
Inviolabilidad de la propiedad privada: se restableció la Ley de Tierras
Otro de los proyectos que recibió el respaldo de la Cámara alta fue la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo 42 votos afirmativos y 26 negativos.
La iniciativa incorporó modificaciones relacionadas con los procedimientos de expropiación y desalojo, aunque uno de sus aspectos más relevantes estuvo vinculado con la restitución de la Ley de Tierras, que había sido derogada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
A través de los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, fueron incorporados dos artículos que permitieron restablecer la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011.
La normativa establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio argentino. Entre sus disposiciones principales, se fija un máximo del 15% de propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal.
El proyecto había sido enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo en marzo y obtuvo media sanción del Senado en agosto. Posteriormente, fue aprobado por Diputados en octubre con modificaciones, por lo que debió regresar a la Cámara alta para completar el trámite legislativo.
El senador libertario Agustín Coto explicó durante el debate el recorrido parlamentario de la iniciativa y detalló los cambios incorporados en la Cámara baja.
Por su parte, la senadora Edith Terenzi respaldó la restitución de la normativa y consideró que permitirá poner fin a la incertidumbre generada tras la derogación de la Ley de Tierras.
Con la aprobación de los cambios introducidos por Diputados, quedaron nuevamente establecidos los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las cuestiones que había generado mayor controversia desde la implementación del DNU 70/2023.
Tratado de Patentes: la Argentina se incorporará al sistema internacional
El Senado también convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca simplificar los procedimientos para registrar invenciones en distintos países.
La iniciativa fue aprobada con 47 votos afirmativos y 22 negativos. El proyecto había recibido una primera aprobación de la Cámara alta en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, pero su tratamiento legislativo había quedado pendiente durante casi tres décadas.
La incorporación al tratado permitirá que investigadores, emprendedores, universidades y empresas puedan gestionar solicitudes internacionales de patentes a través de un procedimiento unificado, con el objetivo de reducir costos y facilitar el acceso a diferentes mercados.
El acuerdo cuenta con la adhesión de 158 países y contempla herramientas para agilizar los trámites vinculados con la protección de las innovaciones tecnológicas.
El senador libertario Pablo Cervi defendió la iniciativa y sostuvo que la incorporación de la Argentina al sistema permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo científico y tecnológico.
Desde el oficialismo se destacó que la medida contribuirá a reducir obstáculos burocráticos y facilitará la internacionalización de proyectos de investigación y emprendimientos productivos.
Sin embargo, el bloque justicialista rechazó el proyecto y cuestionó sus posibles consecuencias para la industria farmacéutica y los intereses comerciales del país.
El jefe de la bancada peronista, José Mayans, sostuvo que la adhesión al tratado se encontraba vinculada con compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y advirtió sobre las implicancias que podría tener para determinados sectores industriales.
La discusión estuvo atravesada por diferencias respecto de la protección de las patentes, la soberanía regulatoria y las condiciones de acceso a los mercados internacionales.
Ley Joaquín: nuevas medidas de seguridad para clubes, escuelas y espacios recreativos
La cuarta iniciativa sancionada fue la denominada Ley Joaquín, que obtuvo 68 votos afirmativos y fue aprobada por unanimidad.
El proyecto fue impulsado tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de 2026 en Junín de los Andes, Neuquén, luego de que un arco de fútbol sin fijación al suelo cayera sobre él durante un campamento.
A partir de esta legislación, serán establecidas medidas obligatorias de seguridad para los equipamientos deportivos y recreativos instalados en clubes, establecimientos educativos, plazas y espacios públicos o privados.
Entre los requisitos contemplados se encuentran la correcta fijación y sujeción de los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, además de los aros de básquet y los postes de vóley.
También deberán ser implementados sistemas de anclaje, contrapesos y protecciones acolchadas, según las características de cada instalación. A su vez, será exigido el mantenimiento adecuado de los equipamientos para prevenir accidentes.
Durante el debate, el senador radical Maximiliano Abad destacó la importancia de establecer condiciones de seguridad que permitan garantizar la práctica deportiva sin poner en riesgo la integridad física de niños y adolescentes.
La iniciativa también fue respaldada por legisladores de diferentes bloques, quienes reconocieron el impulso de la familia de Joaquín para promover una legislación que permita evitar tragedias similares.
La nueva ley buscará establecer estándares obligatorios de prevención en instalaciones deportivas y recreativas de todo el país, con el propósito de reducir los riesgos asociados con equipamientos que, por falta de mantenimiento o fijación, pueden provocar accidentes graves.
Qué hará el Senado la próxima semana
Tras la sanción de las cuatro leyes, la Cámara alta se prepara para continuar con la agenda legislativa de noviembre, que incluirá dos sesiones previstas para la próxima semana.
El miércoles 25 de noviembre será recibido el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien deberá presentar su informe de gestión ante los senadores. Se tratará de una de sus primeras exposiciones ante la Cámara alta desde que asumió el cargo.
Un día después, el jueves 26, está previsto el debate de la reforma política impulsada por el presidente Javier Milei, que forma parte de los temas que el oficialismo busca avanzar antes del cierre del período ordinario.
El tratamiento de esa iniciativa requerirá nuevas negociaciones con los bloques aliados, en un escenario parlamentario marcado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición.
La extensa sesión dejó como resultado la sanción de cuatro leyes que abarcan cuestiones sociales, económicas, tecnológicas y de seguridad. Pese a los cruces registrados durante el debate, los acuerdos alcanzados permitieron completar el trámite legislativo de los proyectos y avanzar con la agenda del Gobierno en el Congreso.
