En Argentina, el uso medicinal del cannabis ha sido objeto de regulación desde la sanción de la Ley 27.350 en 2017, que estableció un marco para la investigación médica y científica de la planta de cannabis y sus derivados. Esta normativa permitió a pacientes con indicación médica acceder a tratamientos a base de cannabis, incluyendo la posibilidad de cultivo personal bajo autorización del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).
Decisión gubernamental de revocar permisos de cultivoEl 14 de febrero de 2025, el gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció la revocación de todos los permisos otorgados para el cultivo de cannabis medicinal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, argumentó que se habían detectado irregularidades y desvíos de la producción hacia el mercado ilegal de drogas. Según Bullrich, el Reprocann «tuvo un desvío del fin original hacia el narcomenudeo», lo que motivó la decisión de reformular y reorganizar el sistema desde cero para garantizar su correcto funcionamiento.
Implicaciones para pacientes y cultivadores
La revocación de los permisos afecta directamente a aproximadamente 300.000 personas que habían obtenido autorización para cultivar cannabis con fines medicinales. Además, unas 30.000 licencias adicionales permitían el cultivo para la producción de medicamentos destinados a terceros. La medida ha generado preocupación entre pacientes que dependen del cannabis para tratar diversas afecciones, ya que podrían enfrentar dificultades para acceder a sus tratamientos mientras se implementa la reestructuración del programa.
Contexto legal y regulatorio del cannabis medicinal
La Ley 27.350, promulgada en 2017, sentó las bases para la investigación y el uso medicinal del cannabis en Argentina. Posteriormente, en 2020, se aprobó el Decreto 883/2020, que permitió el autocultivo para pacientes registrados en el Reprocann, bajo supervisión médica. Además, en 2022, se sancionó la Ley 27.669, que creó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), encargada de regular y fiscalizar la cadena productiva del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en el país.
Casos de desvío y justificación de la medida
Las autoridades han citado casos concretos para justificar la revocación de los permisos. Por ejemplo, se detectó que un individuo, miembro de una hinchada de fútbol, poseía un permiso para cultivar 18 plantas de cannabis, pero en realidad tenía 18.000, utilizando sistemas de iluminación continua para maximizar la producción. Este y otros casos similares evidencian un uso indebido de las licencias otorgadas, desviando la producción hacia el mercado ilegal.
Reacciones y perspectivas futuras
La decisión gubernamental ha suscitado diversas reacciones. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una forma de combatir el narcotráfico y regular adecuadamente el uso del cannabis medicinal, otros, especialmente pacientes y organizaciones civiles, expresan su preocupación por el acceso continuo a tratamientos necesarios. El gobierno ha manifestado su intención de reformular el sistema para asegurar que los permisos se utilicen exclusivamente con fines medicinales legítimos, evitando desvíos hacia actividades ilícitas.
