En el marco de un severo plan de ajuste fiscal, el Gobierno argentino ha iniciado un proceso de auditoría masiva sobre las pensiones no contributivas por discapacidad, que podría desembocar en la eliminación de cerca de 400.000 beneficios antes de que finalice el año. Esta cifra representa aproximadamente un tercio del total de pensiones vigentes y duplica la estimación inicial incluida en el proyecto de presupuesto 2025.
El argumento oficial para este recorte se basa en la supuesta existencia de “irregularidades” en la concesión de pensiones durante la gestión anterior. Sin embargo, la mitad de las personas auditadas nunca fueron debidamente notificadas, lo que impidió que pudieran realizar los exámenes médicos requeridos o presentar la documentación necesaria para conservar su pensión. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), responsable del operativo, reconoció que más de 222.000 cartas documento no llegaron a destino, muchas de ellas por errores en los domicilios declarados.
A pesar de ello, la decisión oficial ha sido suspender los pagos a los beneficiarios no auditados, colocándolos en una situación de vulnerabilidad extrema, sin haber tenido siquiera la oportunidad de defender su derecho.
Las notificaciones son enviadas a través de la empresa de correos Andreani, que ganó una licitación por 13.000 millones de pesos para realizar el servicio. La falta de un protocolo claro y accesible ha derivado en un proceso desorganizado, con operativos presenciales que no consideran las condiciones particulares de las personas con discapacidad.
Recurso de amparo y respuesta del colectivo de discapacidad
Ante la gravedad de la situación, la organización ALAPA presentó un recurso de amparo para frenar el proceso de auditoría. El escrito judicial advierte que la auditoría carece de estándares mínimos de accesibilidad, no contempla adaptaciones razonables, y se ha llevado a cabo sin consultar a organizaciones de la sociedad civil ni incluir protocolos específicos para diferentes tipos de discapacidad.
Desde ALAPA señalan que “el despliegue de operativos caóticos degrada la dignidad humana” y exigen una reformulación inmediata del procedimiento.
El decreto 843/2024, piedra angular de este recorte, reinstauró el modelo médico tradicional de evaluación de la discapacidad, en detrimento del enfoque de derechos consagrado por la Convención de la ONU. Además, estableció la incompatibilidad entre recibir la pensión y contar con un empleo registrado, dejando a muchas personas fuera del sistema por tener ingresos mínimos o trabajos informales.
La reciente resolución 187/2025, firmada por Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, agravó aún más el panorama: estableció un nuevo “baremo” que eleva al 66% el umbral de discapacidad física requerido para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD) o a una pensión. Esta medida fue duramente criticada tanto por expertos como por familiares y organizaciones de personas con discapacidad.
Datos oficiales que reflejan la magnitud del recorte
Durante el informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reveló que en lo que va del año solo se otorgaron 211 nuevas pensiones por discapacidad, una caída abrupta respecto de años anteriores. Mientras tanto, el plan de auditoría continúa a paso firme, con más de 1,2 millones de beneficiarios en proceso de revisión.
Las autoridades reconocen que la finalidad es alcanzar un ahorro fiscal cercano a los 900.000 millones de pesos, pero las voces críticas denuncian que este recorte impacta directamente en los sectores más vulnerables, poniendo en riesgo derechos fundamentales.
Reacciones del ámbito legislativo y movilizaciones sociales
El diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, denunció que el objetivo de recorte fue impuesto a la ANDIS sin considerar la imposibilidad práctica de auditar con justicia y profundidad todos los casos. “Esto es innecesario y cruel. Se está generando angustia en más de un millón de familias”, expresó.
Arroyo impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en el área de discapacidad, que contempla la reasignación de partidas presupuestarias y busca sostener a los prestadores de servicios de salud, transporte, educación y rehabilitación, quienes también se ven afectados por los recortes.
Una movilización masiva frente al Congreso está prevista para acompañar el tratamiento del proyecto, impulsada por familias, profesionales y organizaciones que exigen una política pública inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
A raíz de las duras críticas por el contenido ofensivo de la Resolución 187/2025 —que utilizó términos como “idiota” y “retardado”—, Spagnuolo pidió disculpas públicas durante su participación en el Global Disability Summit 2025 en Berlín. Sin embargo, la resolución sigue vigente sin modificaciones, al igual que el nuevo baremo, lo que demuestra una contradicción entre el discurso y las acciones del Gobierno.
