La relación entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha llegado a un punto crítico. Con la publicación del Decreto 939/2024, la administración de Javier Milei ha decidido suspender los beneficios impositivos que mantenían a flote a los clubes, creando además un comité especial para replantear el sistema de contribuciones. Esta medida parece ser un movimiento estratégico para impulsar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.
El Decreto 939/2024, firmado por el presidente Javier Milei, junto con altos funcionarios como Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, elimina los beneficios impositivos que se habían otorgado mediante el Decreto 510/2023. Según las cifras oficiales, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el régimen fiscal especial generó pérdidas millonarias al Estado, alcanzando los $7.091 millones.
La suspensión de estos beneficios, que tenían como objetivo aliviar las cargas tributarias de los clubes, expone a las instituciones deportivas a una fuerte presión financiera. El Gobierno parece decidido a hacer de esta situación una herramienta para promover la creación de sociedades anónimas deportivas, una figura jurídica que permitiría la entrada de inversores privados en los clubes.
Creación de un comité de revisión
Junto con la suspensión del régimen fiscal, el decreto establece la creación de un comité que tendrá como misión revisar el sistema actual de contribuciones y proponer un esquema “eficiente, suficiente y sostenible” para reemplazarlo. Este comité, aunque no tendrá carácter vinculante, incluirá a representantes de diversas áreas del Gobierno y del deporte, como Ministerios de Economía, Transformación del Estado, AFIP, ANSES, y, por supuesto, de la propia AFA y de los clubes de Primera División y categorías de Ascenso.
Este órgano iniciará sus actividades en noviembre de 2024 y presentará recomendaciones que serán evaluadas por la Jefatura de Gabinete. La intención clara del Ejecutivo es rediseñar el sistema de aportes y contribuciones, con un enfoque en la sostenibilidad a largo plazo y, probablemente, con un espacio para las SAD.
Mientras tanto, en otro frente de la batalla entre la AFA y el Estado, la Inspección General de Justicia (IGJ) ha intensificado su conflicto con la asociación, cuestionando la validez de la reciente reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la entidad. Según Daniel Vitolo, titular de la IGJ, la asamblea en la que se decidió la continuidad de Tapia carece de validez jurídica.
Vitolo señaló que aunque se aprobaron los estados contables y presupuestos, otras decisiones, como la modificación del estatuto de la AFA y la reelección del Consejo Directivo, son «nulas e irregulares». Comparó esta situación con la era de Julio Grondona, señalando que, en aquel entonces, el poder y la falta de controles permitían a los líderes del fútbol argentino operar sin restricciones legales.
Futuro incierto para la AFA
Ante esta situación, la incertidumbre sobre el futuro de la AFA es evidente. La IGJ ha dejado claro que las resoluciones de la asamblea no podrán ser validadas sin una intervención judicial, lo que abre la puerta a una posible intervención gubernamental en la conducción del fútbol argentino. La posibilidad de que el Gobierno intervenga en la AFA genera especulación, sobre todo en un contexto donde la creación de SAD se ve como una solución viable.
El debate sobre la implementación de las SAD no es nuevo en el fútbol argentino. Sin embargo, con las recientes medidas del Gobierno, el impulso para la llegada de estas entidades privadas parece haber ganado fuerza. Los defensores de las SAD argumentan que permitirían una gestión más profesional y eficiente de los clubes, al abrir la puerta a inversiones extranjeras y a la modernización del fútbol.
Por otro lado, los críticos, incluyendo buena parte de los hinchas y dirigentes, temen que la creación de SAD pueda socavar la identidad y el control social de los clubes, transformándolos en meros negocios. El camino hacia la implementación de estas sociedades parece estar pavimentado por las recientes tensiones entre el Gobierno y la AFA, lo que podría derivar en un cambio radical en el modelo de gestión del fútbol en Argentina.