El Gobierno eliminó el Índice de Puntualidad para las aerolíneas

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La decisión reciente del Gobierno de eliminar el índice de puntualidad para las aerolíneas ha generado diversas reacciones en la industria aeronáutica y entre los pasajeros. Este índice, que hasta ahora evaluaba el cumplimiento horario de las operaciones aéreas, fue considerado ineficaz por las autoridades y «hostil» hacia las compañías. A continuación, analizamos las razones detrás de esta medida y sus implicaciones para el sector.

El índice de puntualidad fue un sistema creado con el propósito de medir el rendimiento de las aerolíneas en cuanto a puntualidad. A través de este, se calificaba como vuelo impuntual a aquel que despegara o aterrizara con más de 15 minutos de diferencia respecto al horario aprobado por la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA). Este sistema, implementado bajo las resoluciones 1195/2016 y 558/2017, buscaba proporcionar mayor transparencia y acceso a la información para los pasajeros.

Las razones

De acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el índice de puntualidad no cumplió con su objetivo principal de reducir la impuntualidad en las aerolíneas. En palabras del Gobierno, este sistema «no ha resultado eficaz» y, en cambio, resultó ser «hostil» para las compañías aéreas, lo que generaba tensiones innecesarias en un sector ya regulado.

Otra de las razones que se mencionaron fue el principio de subsidiariedad del Estado Nacional, que argumenta que el gobierno no debería intervenir en áreas donde otras entidades privadas pueden ofrecer servicios similares o mejores. En este caso, organizaciones internacionales y empresas especializadas en el análisis de aviación ya realizan un seguimiento exhaustivo del cumplimiento horario de las aerolíneas. Así, se consideró que el gasto de recursos estatales en la gestión de un sistema de este tipo era innecesario y poco justificado.

La eliminación del índice de puntualidad se hizo oficial a través de la Resolución 290/2024, publicada recientemente en el Boletín Oficial. Firmada por la interventora de la ANAC, María Julia Cordero, esta resolución derogó las normativas anteriores que establecían el sistema de evaluación estadística del cumplimiento horario.

Esta decisión forma parte de una serie de políticas de desregulación y libertad aerocomercial que el gobierno viene impulsando. El objetivo es permitir una mayor competitividad en el sector y facilitar un aumento del tráfico aéreo, lo que, según la ANAC, mejoraría las condiciones para los pasajeros.

Impacto en las aerolíneas y los pasajeros

Para las aerolíneas, la eliminación del índice de puntualidad supone un alivio frente a una normativa que consideraban excesivamente restrictiva y que, según argumentaban, no reflejaba con precisión las complejidades de la operación aérea. Por ejemplo, los retrasos en los vuelos pueden deberse a múltiples factores fuera del control de las aerolíneas, como las condiciones meteorológicas o problemas en la infraestructura aeroportuaria.

Desde el punto de vista de los pasajeros, la medida podría generar cierta preocupación inicial, ya que el índice de puntualidad ofrecía una referencia clara para evaluar la eficiencia de las aerolíneas. No obstante, la existencia de empresas internacionales que ya monitorean estos datos de manera independiente asegura que los usuarios seguirán teniendo acceso a información fiable sobre la puntualidad de los vuelos.

Con esta eliminación, el Gobierno busca enfocarse en otras áreas que puedan generar un mayor impacto en la mejora de la experiencia de los pasajeros y la eficiencia del sector. Entre las prioridades se encuentran la modernización de la infraestructura aeroportuaria, la simplificación de los procesos administrativos y la mejora en la competitividad de las aerolíneas locales en el mercado global.

La desregulación también plantea la posibilidad de que nuevas compañías ingresen al mercado, lo que podría aumentar la oferta de vuelos y, eventualmente, reducir los precios. Sin embargo, esta apertura también requiere una supervisión adecuada para evitar la proliferación de prácticas comerciales abusivas o que comprometan la seguridad de los pasajeros.