El Gobierno nacional oficializó un nuevo programa destinado a detectar y bloquear celulares dentro de los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de impedir que estos dispositivos sean utilizados para coordinar actividades delictivas desde las cárceles.
La medida fue establecida mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial. El programa fue diseñado para prevenir, desalentar y neutralizar el uso de tecnologías de comunicación móvil por parte de personas privadas de la libertad que pudieran estar vinculadas con organizaciones criminales.
A través de este mecanismo, se buscará evitar que los celulares sean utilizados para planificar, organizar o coordinar maniobras ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Para ello, será implementado un sistema de identificación de los dispositivos que se encuentren activos en sectores restringidos de las cárceles.
La iniciativa también contempla la participación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque la adhesión al programa será voluntaria para cada jurisdicción.
El funcionamiento del programa estará basado en la identificación de distintos datos asociados a cada teléfono móvil. Entre ellos se encuentra el IMEI, un código único que permite identificar un dispositivo, independientemente de la línea telefónica que sea utilizada.
Además del IMEI, serán considerados el IMSI, que se encuentra vinculado con la línea móvil, y el número telefónico asociado al equipo.
De esta manera, cuando un celular sea detectado dentro de un área penitenciaria alcanzada por el sistema, sus datos podrán ser identificados y posteriormente informados a las autoridades correspondientes.
El mecanismo fue pensado para que la detección se realice en áreas de detención y sectores de acceso restringido, donde el uso de teléfonos móviles por parte de personas privadas de la libertad se encuentre sujeto a controles específicos.
Una vez obtenida la información técnica del dispositivo, será iniciado el procedimiento administrativo necesario para solicitar su bloqueo ante las empresas de telefonía.
Qué significa el IMEI y por qué será clave para bloquear celulares
El IMEI cumple un papel central dentro del nuevo programa porque permite individualizar un teléfono móvil. Se trata de un código asociado al aparato que posibilita diferenciarlo de otros dispositivos.
Por este motivo, el bloqueo no estará limitado exclusivamente al número telefónico utilizado en determinado momento. También podrán ser identificados otros elementos técnicos relacionados con el equipo y la línea.
El uso combinado del IMEI, IMSI y número telefónico permitirá que las autoridades cuenten con información suficiente para elevar una solicitud de inhabilitación a las compañías prestadoras.
El objetivo será evitar que un celular detectado dentro de un establecimiento penitenciario pueda continuar siendo utilizado para establecer comunicaciones móviles cuando haya sido identificado como parte del mecanismo previsto por la normativa.
Cómo se solicitará el bloqueo de un celular
El procedimiento tendrá varias etapas. En primer lugar, los equipos de detección deberán identificar los celulares activos dentro de los sectores alcanzados por el programa.
Una vez obtenidos los datos correspondientes, el ministerio provincial que tenga competencia sobre el sistema penitenciario deberá realizar el reporte ante el sistema federal.
Para ello, será utilizada una ventanilla única administrada por el Ministerio de Seguridad Nacional. La centralización del procedimiento fue establecida para que las solicitudes sean canalizadas de manera uniforme hacia las empresas de telefonía.
A partir de la recepción de la información, el Ministerio de Seguridad Nacional será el encargado de trasladar formalmente el pedido a las compañías prestadoras del servicio móvil.
Las operadoras tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar que el bloqueo solicitado fue ejecutado, una vez que la solicitud formal haya sido recibida.
De esta manera, se buscará establecer un procedimiento coordinado entre los sistemas penitenciarios, el Gobierno nacional y las empresas de telecomunicaciones.
Las provincias deberán adherirse de manera voluntaria
El nuevo programa no será aplicado automáticamente en todas las cárceles del país. La adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será voluntaria.
Las jurisdicciones que decidan incorporarse deberán asumir los costos relacionados con la puesta en funcionamiento del sistema. Entre ellos estarán incluidos los gastos correspondientes a la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección.
La coordinación con los gobiernos provinciales será realizada por la Subsecretaría de Articulación Federal, que tendrá a su cargo la gestión del esquema con las jurisdicciones interesadas.
El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como única vía de comunicación con las empresas telefónicas para solicitar los bloqueos.
Por lo tanto, las autoridades provinciales no podrán ordenar directamente a una compañía de telefonía que desactive una línea. Las solicitudes deberán ser canalizadas a través del procedimiento federal establecido.
Qué controles se realizarán sobre el sistema
El programa también contempla mecanismos de monitoreo, supervisión y auditoría para garantizar que los equipos de detección funcionen correctamente y que los procedimientos de bloqueo sean cumplidos.
El Servicio Penitenciario Provincial tendrá la responsabilidad de realizar el monitoreo remoto de los dispositivos instalados. Ante cualquier inconveniente o incidente, deberá efectuarse una comunicación inmediata a las autoridades correspondientes.
La incorporación de mecanismos de auditoría permitirá controlar las diferentes etapas del proceso, desde la detección de los celulares hasta la solicitud y confirmación del bloqueo.
Con estas herramientas se buscará evitar fallas en el funcionamiento del sistema y mantener un seguimiento permanente de los equipos utilizados dentro de las unidades penitenciarias.
Qué pasará con los celulares de personas autorizadas
La normativa también contempla situaciones en las que determinados teléfonos móviles deban ingresar a establecimientos penitenciarios por razones vinculadas con actividades profesionales o institucionales.
Para estos casos, podrán ser habilitados sectores específicos destinados a la guarda de celulares y otros dispositivos de comunicación pertenecientes a personas autorizadas.
Entre quienes podrán utilizar estos espacios se encuentran agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares.
Estos sectores deberán estar ubicados fuera de las áreas alcanzadas por el sistema de detección, con el propósito de evitar que los dispositivos autorizados sean identificados como teléfonos activos dentro de las zonas restringidas.
La medida busca establecer una diferencia entre los celulares que puedan ser utilizados legítimamente dentro del ámbito penitenciario y aquellos que sean detectados en sectores donde su utilización se encuentre prohibida.
El objetivo es limitar las comunicaciones criminales desde las cárceles
La implementación del programa responde a una preocupación vinculada con el uso de celulares dentro de las cárceles para organizar actividades delictivas.
Según el objetivo establecido por la normativa, se pretende impedir que personas privadas de la libertad puedan utilizar dispositivos móviles para mantener comunicaciones destinadas a coordinar acciones ilícitas con integrantes de organizaciones criminales que se encuentren dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios.
La posibilidad de detectar e identificar los equipos permitirá que las autoridades cuenten con una herramienta adicional para combatir este tipo de situaciones.
El sistema, además, fue planteado como una política de coordinación entre distintas áreas del Estado y las compañías de telecomunicaciones, con procedimientos definidos para cada etapa.
