La privatización de empresas estatales en Argentina sigue siendo un tema central en la agenda gubernamental. Intercargo, compañía clave en el sector aeronáutico del país, es uno de los casos más relevantes de este proceso. Con servicios esenciales en más de 21 aeropuertos principales, el traspaso de esta empresa a manos privadas plantea diversas implicancias económicas, políticas y sociales.
En el contexto actual, el Gobierno liderado por el presidente Javier Milei se encuentra delineando los pliegos necesarios para avanzar en la privatización de Intercargo. Según fuentes oficiales, la intención es que estos documentos estén listos antes de fin de año, permitiendo una licitación internacional como paso siguiente. Aunque se considera la venta integral de la empresa, la opción más viable sería dividir el negocio por áreas de interés específicas, optimizando así el modelo de transferencia.
Intercargo se dedica a una amplia variedad de servicios aeroportuarios, entre ellos:
- Remolque de aviones y señalización en pista.
- Transporte de pasajeros hacia y desde las aeronaves.
- Gestión de carga y descarga de equipaje.
- Suministro de energía, agua potable y limpieza de aeronaves.
Con 1.580 empleados y un superávit financiero de $9.636 millones a mediados de 2024, la compañía demuestra ser rentable. No obstante, su privatización podría transformar la dinámica del sector.
La privatización de Intercargo plantea preguntas cruciales sobre el impacto en el personal y la calidad del servicio. Mientras que la eficiencia operativa es un argumento a favor, sectores críticos advierten sobre posibles despidos masivos o el encarecimiento de los servicios aeroportuarios. El desafío será garantizar una transición que equilibre los intereses económicos con las necesidades de los trabajadores y usuarios.
El caso Aerolíneas Argentinas
La situación de Aerolíneas Argentinas es emblemática dentro de los procesos de privatización actuales. A pesar de los intentos de negociación con los gremios, las tensiones persisten. Los sindicatos han realizado ajustes menores, pero mantienen su postura firme contra la privatización, señalando posibles amenazas a la «soberanía nacional».
La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha tenido repercusiones tangibles, como la caída en la venta de pasajes desde Uruguay, según reporta la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes. Este ejemplo ilustra cómo los conflictos internos pueden afectar no solo las operaciones, sino también la percepción de los consumidores.
El caso AYSA
Otra empresa estatal en el foco es Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que presta servicios en una región políticamente estratégica como el conurbano bonaerense. La decisión de privatizar AYSA se justifica en la necesidad de equilibrar el uso de subsidios, evitando que los costos sean asumidos por toda la población. Sin embargo, las resistencias políticas hacen de este un proceso altamente delicado.
El cierre de la planta Ex Ciccone
Dentro de las medidas de reestructuración estatal, el cierre de la planta impresora de billetes en Don Torcuato, conocida como ex Ciccone, marcó un hito. Esta acción, anunciada por el ministro de Economía Luis Caputo, permitirá un ahorro anual de $5.040 millones. Aunque los trabajadores afectados serán reubicados, el proceso de transición podría extenderse varios meses, generando incertidumbre en distintos sectores dependientes de sus servicios.
