Subsecretaría contra la Violencia de Género

Críticas por el recorte del programa de ayuda económica a víctimas de violencia de género

El recorte del programa de ayuda económica a víctimas de violencia de género ha generado una ola de críticas y preocupación en diversos sectores de la sociedad. Este programa, que se había establecido como un pilar fundamental para apoyar a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo, ha sufrido una reducción significativa en su financiamiento.

El programa «Acompañar» fue creado en 2020 por el entonces Ministerio de la Mujer con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que enfrentan situaciones de violencia de género. Este plan brindaba una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante seis meses, ofreciendo un soporte crucial para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El recorte del programa

En 2024, a través del decreto 755/2024, el Gobierno recortó por la mitad el financiamiento del programa «Acompañar». Este cambio se realizó después de que el Ministerio de Justicia absorbiera al desaparecido Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La reducción implica que, en lugar de seis meses, la ayuda económica será otorgada solo durante tres meses. Además, el programa ha sido transferido a la órbita de Capital Humano, lo que ha generado inquietud respecto a su futuro y efectividad.

El Gobierno ha justificado esta medida afirmando que es necesario gestionar los recursos del Estado con criterios de eficacia, eficiencia y economía. Sin embargo, esta decisión ha sido ampliamente criticada, dado que afecta directamente a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Además del recorte en la duración del beneficio económico, se han realizado otras modificaciones importantes. Por ejemplo, se ha cambiado el artículo 4 del decreto original, que antes requería únicamente la presentación de un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, también será necesario presentar una denuncia judicial o policial por motivos de género. Esta nueva exigencia podría complicar el acceso al beneficio para muchas víctimas que, por diversas razones, no han podido realizar una denuncia formal.

Por otro lado, se ha eliminado el requisito de que los extranjeros demuestren un año de residencia en el país para poder acceder al programa, lo que podría facilitar el acceso a un grupo más amplio de personas.

Impacto en las víctimas

El programa «Acompañar» fue implementado en septiembre de 2020, durante la administración de Alberto Fernández, bajo la dirección de Elizabeth Gómez Alcorta. En su momento, se destacó como un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+. Sin embargo, a principios de 2024, bajo la administración de Javier Milei, el programa fue disuelto y relegado a una subsecretaría bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona.

La medida final de cerrar definitivamente el programa se justificó con el argumento de que había sido creado para propagar una agenda ideológica y que había una superposición de funciones entre diferentes agencias gubernamentales dedicadas a la misma tarea. Como resultado, se desmanteló el área correspondiente y se despidió al 80% del personal que aún estaba empleado en el programa.

El impacto de este recorte en las víctimas de violencia de género puede ser devastador. Para muchas mujeres y personas LGBTI+, el programa «Acompañar» representaba una herramienta esencial para superar situaciones de violencia y comenzar una nueva vida. La reducción en la duración del beneficio, junto con las nuevas exigencias para acceder a él, podría dejar a muchas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad sin el apoyo necesario para escapar de un entorno violento.

La decisión de recortar el programa de ayuda económica ha sido recibida con críticas tanto por organizaciones de derechos humanos como por sectores políticos y sociales. Muchos argumentan que esta medida refleja una falta de compromiso del Gobierno con la protección de las víctimas de violencia de género, y que prioriza la reducción de gastos por encima del bienestar de los ciudadanos más vulnerables.