El Gobierno nacional puso en marcha la privatización de AySA, la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial.
El texto establece que el proceso deberá concretarse en un plazo máximo de ocho meses, y que se venderá el 90 % del paquete accionario que hoy pertenece al Estado.
El esquema diseñado por el Ejecutivo prevé una licitación pública nacional e internacional. De ese 90 %, al menos el 51 % será adjudicado a un operador estratégico, mientras que el resto deberá colocarse en bolsas y mercados locales.
Además, se aclaró que el 10 % restante seguirá en manos de los empleados, dentro del régimen de propiedad participada que ya existe en la compañía.
Tasación y control del proceso
La resolución dispuso que la tasación del paquete accionario sea realizada por un banco público, debido a que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podía llevar adelante la valuación en los plazos requeridos.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el proceso, mientras que la Secretaría de Obras Públicas tendrá la responsabilidad de elaborar toda la documentación técnica y contractual, incluido el nuevo contrato de concesión.
Uno de los puntos centrales que se subraya en el texto oficial es la garantía de continuidad del servicio público. El Gobierno destacó que el traspaso de acciones no deberá afectar la prestación de agua potable ni el sistema cloacal, que abarcan a millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Antecedentes y contexto histórico
La privatización de AySA se habilitó el mes pasado con el Decreto 493/2025, que modificó el estatuto de la empresa y abrió el camino a la transferencia de capital al sector privado.
No es la primera vez que la compañía cambia de manos. En los años 90, su antecesora —Aguas Argentinas— fue privatizada, aunque el contrato se rescindió en 2006 tras denuncias de incumplimiento. Desde entonces, el Estado retomó el control bajo la marca AySA, con participación del 90 % estatal y 10 % de los trabajadores.
La nueva medida se inscribe en el plan de reducción de la presencia del Estado en empresas públicas, una política que el actual Gobierno viene impulsando desde su asunción.
La decisión de avanzar con la privatización genera fuertes debates. Por un lado, el oficialismo argumenta que el ingreso de capital privado permitirá modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia. Por otro, sectores sindicales y opositores advierten sobre los riesgos de repetir experiencias pasadas, cuando los usuarios enfrentaron aumentos tarifarios y problemas en la calidad del servicio.