La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó este lunes las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2025 para jubilados, pensionados, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes cobran asignaciones familiares a través del SUAF.

La medida, que forma parte del cronograma habitual de pagos del organismo previsional, permite que millones de beneficiarios consulten desde ahora los montos actualizados de sus haberes y los posibles bonos adicionales que se acreditarán junto con el pago mensual.

Desde el portal oficial Mi ANSES, los usuarios ya pueden acceder al detalle de sus liquidaciones. Para hacerlo, deben ingresar con su número de CUIL y clave de la seguridad social.

Las liquidaciones habilitadas corresponden a:

• Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
• Titulares de Pensiones No Contributivas (por vejez, discapacidad o madres de siete hijos).
• Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.
• Trabajadores en relación de dependencia que perciben asignaciones familiares del SUAF.

Con esta actualización, ANSES busca mantener la transparencia en los pagos, ofreciendo a los titulares la posibilidad de verificar en línea los valores liquidados antes de las fechas de cobro.

La Resolución 338/2025 oficializó un incremento del 2,08 % para jubilaciones y pensiones, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Además, la Resolución 339/2025 extendió ese mismo porcentaje a las asignaciones familiares y universales.

Sin embargo, el Gobierno decidió mantener sin cambios el bono extraordinario de $70.000, otorgado a los jubilados y pensionados con menores ingresos. Este refuerzo, establecido mediante el Decreto 771/2025, se pagará nuevamente este mes, aunque su congelamiento genera críticas por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

“El bono no se actualiza desde mediados de año, por lo que el aumento real del ingreso termina siendo menor para quienes más lo necesitan”, señalaron fuentes previsionales consultadas.

Los nuevos montos que se cobrarán en noviembre

Según la información publicada por la ANSES, los valores actualizados para noviembre de 2025 son los siguientes:

• Jubilación mínima: $333.085,39 (con bono: $403.085,39).
• Haber máximo: $2.241.349,35.
• PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $266.468,31 (con bono: $336.468,31).
• PNC por discapacidad o vejez: $233.159,77 (con bono: $303.159,77).
• PNC madres de siete hijos: $333.085,39 (con bono: $403.085,39).
• Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691 (se cobra $95.752,80 tras retención del 20 %).
• AUH con discapacidad: $389.733 (neto: $311.786,40).
• Asignación por Embarazo: $119.691 (neto: $95.752,80).
• Complemento Leche del Plan 1000 Días: $45.142.
• Asignación por hijo del SUAF (primer rango): $59.851.
• Asignación por hijo con discapacidad (primer rango): $194.873.
• Asignación por matrimonio: $104.459.
• Asignación por nacimiento: $69.763.
• Asignación por adopción: $417.116.
• Asignación por cónyuge para jubilados: $14.519.

Estos valores pueden consultarse y descargarse desde el sitio oficial de ANSES, donde también se indica la fecha exacta de cobro según el número de documento de cada beneficiario.

Cómo consultar la liquidación paso a paso

Para conocer el detalle del haber de noviembre, el titular debe ingresar a www.anses.gob.ar y seguir estos pasos:

1. Entrar en el portal Mi ANSES.
2. Ingresar CUIL y clave de seguridad social.
3. Seleccionar la opción “Cobros y liquidaciones”.
4. Consultar el monto total, los descuentos aplicados y el bono adicional, si corresponde.

El sistema también permite descargar el comprobante en formato PDF, que puede ser utilizado como constancia para bancos o trámites administrativos.

Efecto real del aumento en los ingresos

Aunque el incremento del 2,08 % representa una mejora nominal, la pérdida del poder adquisitivo sigue siendo un desafío. Analistas previsionales estiman que, con el congelamiento del bono, el aumento real para los haberes más bajos no supera el 1,7 %.

• Jubilación mínima y PNC madres de siete hijos: suba real de 1,71 %.
• PUAM: 1,64 %.
• PNC por discapacidad o vejez: 1,59 %.

“El bono debería ajustarse mensualmente, de lo contrario, el ingreso real se erosiona rápidamente”, explicó un economista consultado por medios especializados.

Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que la fórmula actual “garantiza previsibilidad y evita saltos bruscos en las jubilaciones”, aunque no descartan revisar el esquema para 2026.

Fuentes de ANSES adelantaron que no se prevén nuevos aumentos antes de diciembre, salvo que la inflación supere los niveles proyectados. Además, el Ejecutivo analiza una eventual actualización del bono de fin de año, que podría aplicarse antes de las fiestas.

Mientras tanto, el organismo dirigido por Mariano de los Heros continúa con la digitalización de trámites y la habilitación de nuevas funciones en “Mi ANSES”, como la descarga automática del recibo de haberes y la actualización de datos personales sin turno.

El Gobierno argentino afirmó que el acuerdo con Estados Unidos está prácticamente cerrado y que solo restan detalles para su firma. La frase, dicha por el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, resume el clima de optimismo que se respira en la Cancillería. Sin embargo, detrás de ese mensaje se esconden negociaciones confidenciales, plazos inciertos y una estrategia diplomática que busca reposicionar a la Argentina en el tablero internacional.

Durante una entrevista reciente, Oxenford aseguró que el entendimiento comercial entre ambos países “ya está terminado” y que únicamente se espera el momento político adecuado para anunciarlo. Según el diplomático, este acuerdo sería el resultado de una gestión sostenida que involucra a varios ministerios y que apunta a fortalecer la relación bilateral con la principal potencia mundial.

“Argentina y Estados Unidos comparten valores occidentales y democráticos. Es una alianza natural que se está consolidando”, señaló también el canciller Pablo Quirno, quien definió la relación actual como una “asociación estratégica basada en la confianza mutua”.

Ambos funcionarios remarcaron que, si bien el texto ya estaría acordado, aún existen cláusulas bajo confidencialidad, lo que impide conocer en detalle los alcances del tratado.

El trasfondo político del entendimiento

Más allá de los aspectos técnicos, el acuerdo con EE.UU. tiene una dimensión política clave. El embajador sostuvo que el país atraviesa una etapa “excepcional” en la que convergen tres factores inéditos: un liderazgo claro en el Ejecutivo, un fuerte apoyo internacional y un respaldo electoral sólido.

Según Oxenford, estas condiciones crean una “ventana histórica” para concretar un pacto que podría redefinir la inserción de Argentina en el mundo. “No veíamos una oportunidad como esta desde hace más de un siglo”, afirmó.

Sin embargo, dentro del Gobierno se admite que el anuncio podría demorarse. “No hay fecha todavía. Falta coordinar el momento político oportuno para que el acuerdo tenga el impacto deseado”, aclaró el canciller Quirno.

Qué incluye el acuerdo con Estados Unidos

Aunque los funcionarios evitaron dar precisiones, distintas fuentes diplomáticas señalan que el pacto incluiría facilidades para inversiones estadounidenses, cooperación tecnológica y mayor acceso a mercados.

Entre los sectores más beneficiados se encontrarían:

• Energía y minería, con especial interés en el litio y el gas natural.
• Infraestructura, mediante financiamiento para obras estratégicas.
• Exportaciones agroindustriales, que podrían ganar competitividad en el mercado norteamericano.

El acuerdo también prevé mecanismos de cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado, áreas en las que ambos gobiernos ya han trabajado en los últimos años.

Los riesgos y las dudas

A pesar del entusiasmo oficial, especialistas advierten sobre los riesgos de una dependencia excesiva respecto de Washington. Si bien el tratado podría atraer capitales y tecnología, algunos economistas alertan que una apertura sin controles podría afectar a sectores productivos locales y aumentar la vulnerabilidad económica del país.

Además, la falta de transparencia genera inquietud. “Cuando se negocia bajo acuerdos de confidencialidad, el riesgo es que el país firme compromisos que luego limiten su autonomía económica”, explicó un exfuncionario del área de Comercio Exterior.

El Gobierno, por su parte, defiende el proceso y asegura que todas las decisiones se toman protegiendo los intereses nacionales. “Queremos integrarnos al mundo, no subordinarnos”, sostuvo una fuente del Palacio San Martín.

El avance del acuerdo se da en un momento en que Estados Unidos busca reforzar su presencia en América Latina, frente al avance de China en la región. En ese marco, Argentina aparece como un socio estratégico por sus recursos naturales, su capacidad productiva y su posición geográfica.

Para la Casa Blanca, un entendimiento sólido con Buenos Aires no solo tiene fines económicos, sino también geopolíticos: fortalecer la presencia occidental en el Cono Sur y asegurar la provisión de minerales críticos como el litio, esencial para la transición energética.

Un pacto que puede marcar época

Si el acuerdo se concreta, marcará uno de los hitos diplomáticos más relevantes de los últimos años. Podría abrir la puerta a nuevas inversiones, reactivar exportaciones y ofrecer estabilidad en las relaciones bilaterales.

Pero su éxito dependerá de varios factores:

• La implementación efectiva de las cláusulas comerciales.
• La protección de la industria nacional frente a la competencia externa.
• Y, sobre todo, la capacidad política del Gobierno para explicar los beneficios del acuerdo y sostenerlo en el tiempo.

El Gobierno nacional decidió liberar las matrículas y cuotas de los colegios privados sin aportes estatales, lo que marca un cambio histórico en la regulación del sistema educativo argentino. A partir del nuevo decreto, estas instituciones podrán fijar libremente los valores de sus aranceles, sin requerir autorización previa del Estado. La medida, que busca otorgar mayor flexibilidad a las escuelas privadas, también genera preocupación entre las familias por los posibles aumentos de precios.

El decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, deroga el histórico DNU 2417/1993, que obligaba a los colegios privados a informar y solicitar aprobación antes de modificar sus matrículas y cuotas. Desde ahora, las instituciones sin subvención estatal (unas 6 de cada 100 escuelas del país) podrán establecer sus tarifas sin restricciones.

En cambio, los colegios con aportes del Estado seguirán bajo el régimen del Decreto 2542/1991, que permite al Gobierno fijar topes máximos a las cuotas, garantizando un control parcial sobre el sistema educativo privado.

Los argumentos del Gobierno

Según los fundamentos oficiales, el control previo de las cuotas “dificultaba la adaptación de las instituciones educativas a las condiciones económicas cambiantes”. Desde el Ejecutivo aseguran que el sistema anterior generaba “efectos contraproducentes”, ya que muchos colegios anticipaban aumentos mayores por temor a que las futuras autorizaciones no compensaran la inflación.

El Gobierno considera que la nueva normativa “restituye el derecho de propiedad y la libertad contractual” de los colegios privados, permitiéndoles fijar sus propios precios y salarios, y responder con mayor agilidad al contexto económico.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano afirmaron que esta medida “promueve la competencia y la transparencia en el sector educativo privado”, y que el mercado será el encargado de autorregular los valores según la calidad del servicio ofrecido.

Preocupación entre los padres por los posibles aumentos

La liberación de las cuotas escolares generó inquietud entre las familias, que temen una suba abrupta de los aranceles para el ciclo lectivo 2026. Hasta ahora, los colegios debían justificar cada aumento ante la autoridad competente. Con el nuevo esquema, los valores podrán modificarse sin aviso previo ni control estatal.

“Nos preocupa que cada escuela cobre lo que quiera sin límites claros”, expresaron desde una agrupación de padres del AMBA. También advierten que esta medida podría profundizar la brecha educativa entre quienes pueden acceder a colegios de elite y quienes deben migrar a instituciones con apoyo estatal.

Del lado de las instituciones educativas, la medida fue bien recibida. Desde la Asociación de Colegios Privados de la Argentina (ADEEPRA) aseguraron que se trata de una “decisión esperada y necesaria”, que permitirá ajustar los valores de matrícula y cuota según los costos reales de funcionamiento.

En los últimos años, los colegios privados denunciaron atrasos en las autorizaciones de aumentos y una creciente presión inflacionaria sobre salarios, mantenimiento e infraestructura. Con la liberación de las tarifas, podrán revisar su estructura de costos de manera independiente y competir en calidad y servicios.

Sin embargo, los expertos advierten que la competencia puede no ser suficiente para moderar los precios. “En zonas donde hay poca oferta educativa, las familias no tienen poder de negociación”, explicó el economista especializado en educación, Martín González. “La libertad de precios puede derivar en aumentos fuertes y en la exclusión de sectores medios.”

Qué deben tener en cuenta las familias

Ante el nuevo escenario, los especialistas recomiendan que los padres analicen cuidadosamente los contratos de inscripción antes de firmar. Entre los puntos clave, destacan:

• Leer la letra chica: confirmar si el contrato detalla cómo se calculan los aumentos.
• Consultar por servicios incluidos: comedor, transporte, actividades extracurriculares o tecnología pueden implicar costos adicionales.
• Solicitar información por escrito sobre las fechas y condiciones de pago.
• Comparar propuestas educativas y no solo precios, ya que la calidad y los beneficios pueden variar considerablemente entre instituciones.

“Este cambio obliga a las familias a ser más activas y exigentes”, señaló una especialista en consumo educativo. “El colegio ahora se comporta como cualquier empresa: puede fijar precios, pero debe ofrecer transparencia y calidad.”

La liberación de las cuotas de los colegios privados podría tener efectos mixtos en el sistema educativo. Por un lado, otorga más libertad a las instituciones para administrar sus finanzas y mejorar su oferta. Por otro, podría generar un aumento desigual de los aranceles y una segmentación aún mayor entre escuelas.

Según analistas del sector, la medida beneficiará a las instituciones con mayor demanda, que podrán incrementar sus cuotas sin riesgo de perder alumnos. En cambio, los colegios más pequeños o con menor prestigio podrían verse forzados a mantener precios competitivos para no perder matrícula.

Además, algunos expertos advierten que esta liberalización puede incrementar la migración de estudiantes al sistema público, si los aumentos superan la capacidad de pago de las familias.