Durante su visita a Buenos Aires, el papa León XIV mantuvo un encuentro de más de una hora con cinco personas que sufrieron abusos por parte de integrantes del clero y de instituciones religiosas. La reunión estuvo marcada por los testimonios de las víctimas y sus propuestas para mejorar los mecanismos de protección. Sin embargo, distintas organizaciones cuestionaron que otros sobrevivientes no hayan sido recibidos y reclamaron mayor transparencia sobre las sanciones eclesiásticas aplicadas a sacerdotes condenados por la Justicia.
La visita del papa León XIV a la Argentina quedó atravesada por uno de los asuntos más delicados para la Iglesia católica: los abusos cometidos por integrantes del clero y las respuestas institucionales frente a las denuncias. En ese contexto, el pontífice recibió el lunes 9 de noviembre a cinco sobrevivientes de abusos perpetrados por religiosos y miembros de instituciones eclesiásticas.
El encuentro se desarrolló en la Universidad Católica Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y se extendió durante aproximadamente una hora. Según informó el Vaticano, las personas fueron escuchadas individualmente y luego participaron de un intercambio grupal con el Papa.
La reunión fue presentada por la Santa Sede como una instancia de escucha y acompañamiento. No obstante, su realización no alcanzó para despejar los cuestionamientos de distintos colectivos de víctimas, que habían solicitado ser recibidos durante la visita y reclamaron que se adopten medidas más contundentes frente a los responsables de delitos sexuales y otros hechos de violencia.
El encuentro se produjo en un momento especialmente sensible para la Iglesia argentina, debido a los cuestionamientos por el tratamiento de denuncias históricas y por la falta de información pública sobre algunos procesos disciplinarios internos.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que durante la reunión fueron escuchadas las experiencias personales de los sobrevivientes y también las propuestas que presentaron para avanzar hacia una Iglesia más segura.
A través de un comunicado, la Santa Sede señaló que León XIV recibió sus relatos y expresó su cercanía con quienes padecieron situaciones de abuso. También manifestó su intención de fortalecer los mecanismos de protección, recepción y acompañamiento dentro de la institución religiosa.
El Papa extendió ese mensaje a otras personas que habían solicitado una audiencia, pero que finalmente no pudieron participar del encuentro. Según la comunicación oficial, se buscó transmitirles que sus experiencias también eran tenidas en cuenta.
La reunión se realizó antes de que León XIV participara de una actividad con representantes de movimientos sociales y del mundo del trabajo, también en la Universidad Católica Argentina.
El acercamiento a sobrevivientes de abusos forma parte de una práctica que el pontífice ya había desarrollado durante otros viajes apostólicos. En sus recorridas por España y Francia también fueron organizados encuentros privados con personas que denunciaron agresiones cometidas por integrantes de la Iglesia.
Sin embargo, para las organizaciones de víctimas, la escucha debe estar acompañada por decisiones concretas. Entre los reclamos planteados antes de la llegada del Papa se encontraban la publicación de los resultados de investigaciones canónicas, la aplicación de sanciones y la adopción de criterios más estrictos frente a religiosos denunciados o condenados por delitos graves.
Los grupos de víctimas que no fueron recibidos por el Papa
Aunque el encuentro con los cinco sobrevivientes fue confirmado por el Vaticano, otros colectivos manifestaron su malestar porque no fueron incluidos en la agenda papal.
Uno de los casos señalados fue el de un grupo de 43 mujeres que denuncian haber sido víctimas de trata de personas y trabajo forzado en centros vinculados con el Opus Dei en Argentina. Las acusaciones involucran a integrantes de alto rango de esa organización, algunos de los cuales fueron señalados formalmente en una investigación penal.
En ese expediente, los fiscales solicitaron que los denunciados fueran convocados a prestar declaración, aunque hasta el momento referido en el informe no se había dispuesto esa medida judicial. Desde el Opus Dei, por su parte, se rechazaron las acusaciones.
La ausencia de una reunión con esas mujeres fue cuestionada por organizaciones que buscaban llevar sus reclamos directamente ante León XIV. No obstante, la investigación penal en curso también representa un contexto particular, ya que una intervención pública del pontífice sobre ese expediente podría haber sido interpretada como un pronunciamiento sobre hechos que todavía se encuentran bajo análisis judicial.
Otros sobrevivientes también reclamaron ser escuchados, entre ellos personas con discapacidad auditiva que denunciaron abusos en una institución educativa religiosa. Los cuestionamientos apuntaron, principalmente, a la falta de espacios de participación para quienes llevan años reclamando respuestas.
Las organizaciones sostienen que el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas debe traducirse en investigaciones transparentes, reparación y medidas que impidan que los responsables continúen ejerciendo funciones dentro de la Iglesia.
Los casos de Julio Grassi y Gustavo Zanchetta vuelven al centro del debate
Entre los antecedentes que fueron mencionados por los sobrevivientes aparecen dos casos de fuerte repercusión en Argentina: los de Julio Grassi y Gustavo Zanchetta, ambos condenados por delitos sexuales.
Grassi, quien durante años tuvo notoriedad por su trabajo al frente de hogares para niños y adolescentes, cumple una condena de 15 años de prisión por abuso sexual contra un menor.
Su caso volvió a ser mencionado debido a la intervención que había tenido Jorge Mario Bergoglio cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, antes de convertirse en el papa Francisco.
En 2010, Bergoglio encargó un estudio pericial de varios tomos sobre el expediente judicial. De acuerdo con la investigación de Associated Press, el trabajo concluyó que Grassi era inocente y cuestionó la credibilidad de las víctimas, además de sostener que el proceso judicial no debería haber llegado a juicio.
La condena penal posterior y la situación del sacerdote dentro de la Iglesia alimentaron los reclamos de quienes consideran que todavía no se brindaron explicaciones suficientes sobre las decisiones institucionales adoptadas en aquel momento.
El otro antecedente es el de Gustavo Zanchetta, exobispo y antiguo colaborador cercano de Francisco. En 2022 fue condenado a cuatro años y medio de prisión por abusar sexualmente de dos seminaristas.
Zanchetta obtuvo la libertad condicional en 2025, una situación que volvió a generar pedidos para que fuera apartado definitivamente del estado clerical.
Antes de la condena, Francisco había rechazado inicialmente las acusaciones y le había asignado un puesto en el Vaticano, decisión que permitió que dejara Argentina. Más adelante, en 2019, autorizó la apertura de un proceso penal canónico contra el exobispo.
Sin embargo, el resultado de ese procedimiento interno no había sido comunicado públicamente en el momento en que se conocieron los reclamos de los sobrevivientes.
La falta de información sobre las decisiones disciplinarias de la Iglesia es uno de los principales motivos de desconfianza expresados por las víctimas y sus representantes.
Qué reclaman los sobrevivientes y por qué exigen mayor transparencia
Los colectivos que trabajan con víctimas de abusos consideran que las condenas dictadas por la Justicia no deberían ser el único ámbito en el que se establezcan responsabilidades. También reclaman que las autoridades eclesiásticas informen qué medidas se adoptan cuando un sacerdote o un obispo es condenado por delitos graves.
Entre las principales demandas figura la separación definitiva de los religiosos responsables de abusos, una sanción conocida dentro de la Iglesia como la expulsión del estado clerical o reducción al estado laical.
Para los sobrevivientes, no alcanza con que una persona cumpla una condena penal si su situación dentro de la estructura religiosa permanece sin una resolución conocida. Por ese motivo, reclaman que los procesos internos sean explicados públicamente y que las decisiones no queden limitadas a comunicaciones reservadas.
El Vaticano, por su parte, suele esperar a que se agoten las instancias de apelación en la Justicia ordinaria antes de iniciar determinados procedimientos canónicos, con el argumento de evitar que se prejuzguen los resultados. Al mismo tiempo, se recomienda que durante las investigaciones se adopten medidas preventivas, como apartar temporalmente a los religiosos denunciados de sus tareas pastorales.
El debate se concentra, entonces, en cómo garantizar la protección de posibles nuevas víctimas sin interferir en los procesos judiciales y en cómo asegurar que las investigaciones internas no se conviertan en mecanismos opacos.
Las organizaciones también reclaman que se establezcan criterios comunes para actuar frente a denuncias creíbles, independientemente del país o de la jerarquía del acusado.
