El reciente allanamiento en un boliche clandestino, edificio cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo en 2018, con fines educativos, generó un intenso debate en la opinión pública. Lo que inicialmente debía ser un espacio para la educación y la formación, se convirtió en un boliche clandestino donde se llevaban a cabo actividades irregulares que fueron denunciadas por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Un espacio educativo transformado en boliche clandestino por las Madres de Plaza de Mayo
El boliche clandestino donde se llevó a cabo el allanamiento había sido cedido hace seis años, debía funcionar como un lugar destinado al aprendizaje. Sin embargo, en lugar de aulas, proyectores o pizarrones, las autoridades encontraron un boliche clandestino. Este espacio había sido adaptado para fiestas, incluyendo parlantes, luces, telones, barras y una amplia cantidad de bebidas alcohólicas.
En el tercer piso del edificio, donde se realizaban estas reuniones nocturnas, también vivía una familia, evidenciando el uso residencial no autorizado del lugar.
Organizaciones privadas en los pisos inferiores
Los dos primeros pisos del edificio albergaban oficinas de diversas organizaciones, entre las cuales destacan:
- El Partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.I.L.E.S.)
Este espacio, vinculado al activista Luis D’Elía, contenía banners con frases políticas, incluyendo el lema “Vamos a volver” acompañado de imágenes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción. - Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (A.M.U.M.R.A.)
Una entidad que funcionaba durante cortos periodos de tiempo, únicamente entre las 15:30 y las 18:30 horas, lo que levantó dudas sobre el uso efectivo del espacio asignado. - Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina
Otro grupo que ocupaba parte del edificio, sin que se haya especificado si su presencia estaba vinculada a las actividades denunciadas.
Denuncia penal por desvío de los fines educativos
El Ministerio de Justicia de la Nación presentó una denuncia penal por la presunta desviación de los fines para los cuales se había otorgado el inmueble. Este acto busca establecer responsabilidades y sancionar a quienes permitieron que un espacio público fuese utilizado para actividades ajenas a su propósito original.
El allanamiento desató una ola de críticas hacia quienes gestionaron el lugar y hacia las organizaciones involucradas. El uso indebido de recursos públicos y la falta de supervisión adecuada por parte de las autoridades fueron algunos de los puntos más cuestionados.
El mensaje desde el Ministerio fue claro: “A todos los que se divertían con la plata de los argentinos, se les terminó la fiesta”, marcando una postura firme frente a este tipo de irregularidades.
