Una violenta explosión por fuga de gas fue registrada el pasado 27 de marzo en una vivienda ubicada en la calle Málaga al 2400, en la localidad de Virreyes. Como consecuencia del estallido, una docente de 44 años, identificada como Jésica Coria, sufrió graves heridas que finalmente derivaron en su fallecimiento días más tarde.
Según se reconstruyó, una fuerte acumulación de gas habría sido generada en el interior del baño, lo que provocó una explosión inmediata cuando la víctima encendió la luz. El estallido fue seguido por un incendio que se propagó rápidamente, dejando a la mujer con quemaduras en el 60% de su cuerpo.
Antes del fatal desenlace, la presencia de un intenso olor a gas había sido detectada durante varios días en la vivienda que la víctima alquilaba junto a dos de sus hijos. Esta situación habría sido comunicada al propietario del inmueble, aunque, según denunciaron los familiares, no se habrían tomado medidas concretas para resolver el problema.
Este punto se convirtió en uno de los aspectos centrales del caso, ya que se sostiene que la tragedia podría haberse evitado si se hubieran realizado las reparaciones necesarias a tiempo. La falta de intervención adecuada es señalada como un posible factor determinante en el desenlace.
En la noche del incidente, una decisión clave permitió evitar una tragedia aún mayor. Antes de ingresar al baño, la docente les habría pedido a sus hijos que permanecieran en la habitación, lo que impidió que resultaran heridos durante la explosión.
Al activarse el interruptor de luz, el gas acumulado fue detonado, generando una explosión que derivó en un incendio instantáneo. A pesar de la magnitud del siniestro, la víctima logró salir del lugar envuelta en llamas.
Una vecina intervino rápidamente y el fuego fue sofocado con una sábana mojada, lo que permitió contener parcialmente las llamas hasta la llegada de asistencia médica.
Tras el episodio, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Cayetano y posteriormente derivada a la Clínica Santa Juana de Arco, donde permaneció internada en estado crítico.
A pesar de los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado el 3 de abril, una semana después del incidente. La gravedad de las quemaduras y las complicaciones derivadas de las mismas resultaron determinantes.
Denuncias de la familia y sospechas sobre el propietario
El caso tomó un giro aún más grave tras las declaraciones de los familiares, quienes apuntaron directamente contra el dueño del inmueble. Según indicaron, modificaciones en la instalación de gas habrían sido realizadas mientras la víctima permanecía internada, con el objetivo de simular que el suministro había sido interrumpido previamente a la explosión.
Estas denuncias generaron indignación y reforzaron el reclamo de justicia. La madre de la víctima expresó públicamente su dolor y exigió que el responsable sea juzgado, remarcando que la situación no puede quedar impune.
Más allá del caso puntual, el foco se trasladó hacia las condiciones del complejo habitacional, donde, según se denunció, viven al menos ocho familias más en situaciones similares.
Las construcciones fueron señaladas como precarias, con deficiencias estructurales e instalaciones de gas potencialmente peligrosas. Esta situación encendió alarmas entre los vecinos, quienes advierten que una nueva tragedia podría repetirse si no se realizan inspecciones urgentes.
Intervención judicial y carátula de la causa
La investigación fue asignada al Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, bajo la órbita de la jueza Andrea Mentasty, con intervención de la Fiscalía Correccional de San Fernando.
El expediente fue caratulado como “estrago doloso seguido de muerte”, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión. Este encuadre legal implica que se investiga la posibilidad de que el hecho haya sido provocado por una conducta negligente o intencional.
En respuesta a lo ocurrido, familiares, amigos y vecinos convocaron a una movilización en la intersección de Avellaneda y Málaga para exigir avances en la causa y respuestas concretas por parte de las autoridades.
El reclamo no solo apunta a esclarecer responsabilidades, sino también a que se realicen controles en el lugar para garantizar la seguridad de quienes aún residen allí. La consigna es clara: evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
