Los despedidos de Granja Tres Arroyos mantienen la protesta frente a la planta de Pilar, donde reclaman el pago de salarios atrasados, el aguinaldo y las indemnizaciones correspondientes. La situación de los trabajadores se agravó tras la confirmación de 1.250 desvinculaciones durante la semana, en un contexto de fuerte deterioro financiero de la empresa avícola.
Los empleados afectados aseguran que todavía no recibieron respuestas concretas sobre cuándo cobrarán el dinero adeudado. Según sus testimonios, se acumulan cuatro meses de sueldos impagos, además de las liquidaciones finales y otros conceptos laborales pendientes.
La protesta se sostiene ante la falta de soluciones y la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores. Mientras tanto, la compañía atraviesa un concurso preventivo de acreedores, un proceso judicial al que recurrió en medio de una crisis económica que quedó reflejada en sus compromisos financieros y comerciales.
“No sabemos qué más hacer”, es una de las expresiones que resume el reclamo de los empleados desvinculados, quienes permanecen en el lugar a la espera de una respuesta por parte de las autoridades de la empresa.
La situación de los trabajadores fue expuesta durante una entrevista realizada por la periodista Mariela López Brown en el programa Mañanas Argentinas. Allí, uno de los empleados despedidos describió las dificultades que atraviesan para obtener información sobre los pagos pendientes.
Según relató, las respuestas recibidas hasta el momento fueron insuficientes y no se les habría informado una fecha concreta para regularizar las deudas salariales. También cuestionó la falta de comunicación con los representantes de la compañía y la ausencia de respuestas durante las instancias de mediación.
“No te dan una respuesta positiva, te dicen que no hay plata, no atienden los teléfonos”, expresó el trabajador al describir los intentos realizados para obtener una solución.
En su testimonio, también señaló que, durante las mediaciones, el abogado de la empresa no se habría presentado para formular una propuesta o brindar explicaciones sobre la situación. La falta de avances, según sostuvo, profundizó el malestar entre los empleados afectados.
El reclamo no se limita a las desvinculaciones. Los trabajadores exigen que sean canceladas las obligaciones laborales que, según denuncian, permanecen pendientes desde hace varios meses.
La incertidumbre se mantiene porque, además de haber perdido sus puestos de trabajo, los empleados aseguran que no cuentan con información precisa sobre el cobro de los salarios atrasados ni sobre las liquidaciones que les corresponden.
“Queremos lo nuestro”: el reclamo de los trabajadores despedidos
Otro de los empleados desvinculados describió el impacto personal y familiar que está provocando el conflicto. Según explicó, los trabajadores permanecen durante las noches frente a la planta con la expectativa de obtener una respuesta que permita destrabar la situación.
“Todos los que estamos acá nos despidieron. Nos deben la liquidación final, cuatro meses de sueldo, aguinaldo. Nosotros queremos lo nuestro”, afirmó durante la entrevista.
El trabajador también manifestó el desgaste emocional provocado por la prolongación del conflicto. La falta de ingresos regulares y la ausencia de certezas sobre los pagos pendientes fueron señaladas como algunas de las principales dificultades que deben afrontar las familias afectadas.
En ese contexto, reconoció que recibe ayuda de sus hijos adultos, aunque advirtió que la situación económica se volvió cada vez más complicada.
“No me quiero poner a llorar frente a las cámaras porque me da vergüenza”, expresó al explicar cómo atraviesa este período de incertidumbre.
Los testimonios reflejan el impacto que las desvinculaciones tienen más allá del ámbito laboral. Para muchos de los afectados, la pérdida del empleo se combina con la imposibilidad de disponer de los ingresos que aseguran haber generado durante meses de trabajo.
Por ese motivo, la protesta continúa siendo sostenida como una forma de visibilizar el conflicto y reclamar una respuesta concreta de la compañía.
La crisis de Granja Tres Arroyos y el concurso preventivo de acreedores
El conflicto laboral se desarrolla en paralelo con una profunda crisis financiera de Granja Tres Arroyos. La situación de la compañía quedó expuesta en la documentación presentada ante la Justicia comercial, en la que fueron declaradas importantes obligaciones pendientes al cierre del ejercicio 2025.
De acuerdo con los datos consignados en esa documentación, la empresa informó una deuda de $536.000 millones. A ese pasivo se sumó la presión financiera derivada de más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados, una situación que refleja las dificultades para cumplir con compromisos económicos.
La firma se encuentra en concurso preventivo de acreedores, un procedimiento judicial que permite organizar el tratamiento de las deudas con los acreedores y buscar una alternativa para afrontar las obligaciones pendientes, bajo las condiciones previstas por la legislación.
Sin embargo, el deterioro financiero también tiene consecuencias sobre los trabajadores, que reclaman el pago de salarios y conceptos laborales que consideran adeudados.
La crisis genera preocupación tanto por el futuro de los puestos de trabajo como por la posibilidad de que sean regularizados los compromisos asumidos con el personal desvinculado.
En este escenario, los empleados esperan que las negociaciones y las instancias judiciales permitan obtener definiciones sobre los pagos y las condiciones en las que se resolverá el conflicto.
Deuda millonaria: cómo se distribuyen los compromisos de la empresa
La información financiera presentada ante la Justicia permite dimensionar la magnitud de las obligaciones declaradas por Granja Tres Arroyos. Según el desglose informado, los compromisos abarcan deudas financieras, comerciales, laborales, fiscales e impositivas.
Los principales conceptos fueron detallados de la siguiente manera:
- Deuda financiera: $199.000 millones.
- Compromisos con proveedores: $161.000 millones.
- Deudas laborales y fiscales: $78.000 millones.
- Obligaciones impositivas: $52.000 millones.
- Obligaciones comerciales: $46.000 millones.
Estas categorías representan una parte de los compromisos declarados por la empresa y permiten observar la presión que enfrenta para reorganizar sus cuentas.
A su vez, los cheques rechazados por más de $126.000 millones agregan dificultades al funcionamiento financiero de la compañía. El impacto de esa situación se extiende a diferentes sectores vinculados con su actividad, incluidos proveedores y trabajadores.
Para los empleados despedidos, sin embargo, la prioridad inmediata pasa por cobrar los montos pendientes. Mientras la situación financiera es tratada en el ámbito judicial, las familias afectadas deben afrontar sus gastos cotidianos sin contar, según denuncian, con los ingresos que esperan recibir.
