Reforzar la seguridad en la provincia de Buenos Aires se convirtió en una prioridad del gobierno bonaerense, y en respuesta al recorte de fondos nacionales, se activó un ambicioso plan de financiamiento destinado a los municipios. En este contexto, el gobernador Axel Kicillof aprobó la transferencia de $28.600 millones a 58 distritos como parte del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, una medida que marca un paso decisivo en la lucha contra el delito.
La medida fue oficializada como la primera cuota del fondo, cuyo total asciende a $71.500 millones. Esta iniciativa forma parte de un programa más amplio, el Plan Integral de Seguridad Bonaerense, que representa una inversión total de $170.000 millones para fortalecer la seguridad en los 135 municipios que conforman la provincia.
El plan fue concebido tras la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal por parte del gobierno nacional en 2024, una decisión que dejó a la provincia sin un pilar fundamental de financiamiento en materia de seguridad. Como respuesta, el gobierno provincial creó un nuevo fondo mediante el decreto N°371/2025, para garantizar la continuidad de las inversiones en patrulleros, equipamiento policial, tecnología y obras de infraestructura.
Objetivo: infraestructura, patrulleros y equipamiento
Los $28.600 millones transferidos tienen un destino claro: serán utilizados por los municipios para la adquisición de vehículos policiales, equipamiento tecnológico y la ejecución de obras orientadas a la prevención del delito. El enfoque apunta a un fortalecimiento integral de las capacidades locales en seguridad ciudadana.
El propio Kicillof lo expresó durante una reunión con intendentes: “Este esfuerzo busca mejorar la respuesta del Estado. Nos votaron para que funcione mejor y cumpla con las necesidades del pueblo”, afirmó.
La implementación del fondo, aunque provincial, se ejecutará desde cada municipio, promoviendo una gestión descentralizada y coordinada. El objetivo es que cada distrito cuente con los recursos necesarios para reforzar su estructura policial y proteger a sus comunidades.
El programa cuenta con la adhesión formal de 58 municipios, que abarcan tanto grandes centros urbanos como localidades del interior bonaerense. Entre ellos se destacan: Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Florencio Varela, General San Martín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, Tigre, Vicente López y muchos otros.
Este alcance territorial demuestra una estrategia equitativa del gobierno bonaerense, que busca reducir las desigualdades en materia de seguridad entre distintas zonas de la provincia.
Contexto de tensión con la Nación
El lanzamiento del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad se produjo en un clima de tensión entre la Provincia y la Casa Rosada, motivado por la eliminación de transferencias clave para la seguridad. Kicillof denunció que el gobierno nacional eliminó un fondo de $750.000 millones, que había sido creado en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández con el propósito de reforzar a la policía bonaerense y mejorar la seguridad ciudadana.
El decreto nacional 192/2024, publicado en el Boletín Oficial en febrero, derogó el artículo que habilitaba dichos fondos, lo que provocó una crisis financiera en las políticas de seguridad provinciales.
Kicillof: “No dejaremos de reclamar lo que nos corresponde”
A pesar de haber puesto en marcha este plan provincial de refuerzo, el gobernador remarcó que la disputa judicial con el gobierno nacional sigue vigente.
“Este esfuerzo no implica que dejemos de reclamar ante la Corte Suprema los recursos que nos quitaron de forma ilegal”, declaró Kicillof, defendiendo el derecho de la provincia a contar con un financiamiento justo y acorde al tamaño de su población.
Además, criticó la postura del actual Ejecutivo nacional: “Dicen explícitamente que quieren fundir a las provincias. Esos recursos pertenecen al pueblo bonaerense y deben ser utilizados por el Estado nacional para cumplir sus obligaciones”, subrayó.
El gobierno bonaerense no solo busca cubrir el vacío financiero dejado por Nación, sino transformar la seguridad pública en una política de Estado de largo plazo. Con una inversión de $170.000 millones, se pretende garantizar:
- Mayor presencia policial en las calles.
- Patrullajes más eficientes.
- Infraestructura moderna para comisarías.
- Sistemas de videovigilancia con tecnología de punta.
- Capacitación y equipamiento para las fuerzas de seguridad.
La apuesta por una provincia más segura se convierte, así, en uno de los ejes centrales de la gestión de Kicillof.
