Nordelta vuelve a quedar en el centro del debate ambiental y urbanístico en Tigre. Esta vez, la controversia fue generada por la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAA), elaborado para analizar las transformaciones producidas durante casi tres décadas de desarrollo y establecer bajo qué condiciones podrían ser completadas las etapas que todavía permanecen pendientes.

El documento fue presentado por Nordelta S.A. ante la Municipalidad de Tigre y actualmente se encuentra sujeto a un proceso de participación ciudadana. La evaluación será uno de los principales temas abordados durante la audiencia pública prevista para el viernes 21 de agosto en Benavídez.

La presentación adquiere especial importancia porque se encuentra relacionada con una medida cautelar que había sido promovida por organizaciones ambientalistas y proteccionistas de los carpinchos. A partir de las decisiones judiciales adoptadas, la posibilidad de avanzar con nuevas urbanizaciones y determinadas obras en sectores no consolidados quedó condicionada a una evaluación ambiental integral.

El EIAA no fue planteado como una evaluación destinada exclusivamente a una obra puntual. Su objetivo consiste en analizar de manera acumulativa los efectos ambientales generados por el crecimiento de Nordelta, incluyendo las modificaciones producidas en el suelo, los cuerpos de agua, la vegetación y los ambientes utilizados por la fauna.

De acuerdo con el estudio presentado, actualmente serían aproximadamente 40.000 las personas que residen en Nordelta, mientras que una vez completadas las etapas previstas se proyectaría alcanzar una población cercana a los 84.000 habitantes.

El documento sostiene que la finalización de obras en sectores que ya fueron transformados podría resultar compatible, en términos generales, con la capacidad del sistema urbano-lagunar, siempre que sean mantenidas medidas de manejo, monitoreo y mejora ambiental.

Sin embargo, esa conclusión forma parte del análisis presentado por la propia empresa y no representa por sí misma una autorización administrativa para desarrollar nuevas urbanizaciones.

La discusión, por lo tanto, se encuentra centrada en determinar si las medidas propuestas son suficientes para compensar o reducir los impactos acumulados y si el ecosistema posee capacidad para soportar una nueva etapa de crecimiento.

Qué impacto ambiental reconoce el estudio

Uno de los aspectos que mayor atención generó entre las organizaciones ambientalistas fue el reconocimiento de diversas transformaciones provocadas por el desarrollo urbano.

Entre los cambios identificados fueron incluidos rellenos, movimientos de suelo, eliminación de sectores de vegetación, impermeabilización de superficies, construcción de lagunas artificiales y modificaciones sobre el arroyo Las Tunas.

También fue señalada una simplificación del paisaje y una reducción de determinados ambientes palustres y pajonales. Según el documento, la conectividad entre diferentes hábitats utilizados por la fauna también habría sido alterada como consecuencia de la transformación territorial.

El estudio incorpora, además, un indicador denominado Índice de Estado Ecosistémico, cuyo valor fue establecido en 0,24. De acuerdo con la metodología utilizada, el paisaje actualmente existente conservaría aproximadamente el 24% de las funciones ecológicas teóricas asociadas al humedal original.

Este punto fue cuestionado por organizaciones ambientalistas, que remarcaron que se trata de una evaluación incorporada dentro del propio EIAA y no de un análisis independiente elaborado por la autoridad ambiental.

El humedal, el arroyo Las Tunas y la biodiversidad

La ubicación de Nordelta adquiere especial relevancia dentro de la discusión. El emprendimiento se encuentra sobre la planicie litoral de Tigre, un territorio vinculado ecológicamente con el humedal del Paraná inferior, el río Luján, el Delta y el Río de la Plata.

Estos ambientes cumplen funciones fundamentales para el equilibrio natural de la región. Entre ellas se encuentran la regulación hídrica, la retención de sedimentos, el mantenimiento de la biodiversidad y la amortiguación frente a determinados fenómenos extremos.

Frente a este escenario, en el estudio fue incorporado un Plan de Gestión Ambiental que contempla diferentes medidas de mitigación y recuperación.

Entre las propuestas se encuentra la creación de una reserva y corredor biológico de aproximadamente 42 hectáreas en torno al arroyo Las Tunas, con conexiones previstas entre el Lago Central, el Canal Aliviador y el Delta.

También fueron planteadas modificaciones en sectores ubicados junto a las lagunas, el retiro de algunos alambrados y boyeros, la instalación de rampas, la incorporación de vegetación palustre y la creación de pasos destinados a favorecer el desplazamiento de la fauna.

A estas iniciativas se sumarían sistemas de monitoreo destinados a controlar la calidad del agua, la biodiversidad y la conectividad ecológica.

El propio plan establece que las medidas permitirían recuperar parcialmente determinadas funciones ecosistémicas dentro de un territorio que ya fue transformado. Por lo tanto, no se plantea una recuperación completa de las condiciones originales del humedal.

La polémica por los carpinchos en Nordelta

La presencia de carpinchos se convirtió en uno de los aspectos más visibles del conflicto ambiental de Nordelta, aunque la discusión actualmente excede ampliamente a esta especie.

Según los relevamientos incorporados al estudio, durante 2025 fueron registrados 803 carpinchos, mientras que en 2021 habían sido contabilizados 266 ejemplares.

La configuración urbana también es analizada en relación con la movilidad de estos animales. Calles, cercos, tablestacados y la reducción o fragmentación de ambientes naturales habrían modificado la manera en que los carpinchos circulan y utilizan el territorio.

Durante los últimos años fueron discutidas distintas alternativas para abordar esta situación, entre ellas la creación de corredores biológicos, las relocalizaciones y diferentes métodos de control poblacional.

Las posiciones, sin embargo, se encuentran lejos de ser unánimes. Algunos vecinos han reclamado medidas para controlar el crecimiento de la población de carpinchos, mientras que organizaciones ambientalistas han cuestionado las estrategias centradas en reducir o trasladar ejemplares y han reclamado una mayor protección de los ambientes naturales.

De esta manera, el carpincho terminó funcionando como símbolo de un conflicto más amplio: el equilibrio entre la expansión urbana y la conservación de los ecosistemas que existían antes del desarrollo inmobiliario.

Qué ocurrió con la medida cautelar contra Nordelta

El conflicto judicial tomó especial relevancia durante 2025. En septiembre de ese año fue dictada una medida cautelar a partir de una acción promovida por organizaciones vinculadas con la protección de la fauna y el ambiente.

Inicialmente, se había dispuesto la suspensión de determinadas obras y actividades capaces de modificar humedales, cuerpos de agua y hábitats de fauna silvestre, hasta que pudiera realizarse y aprobarse una evaluación ambiental acumulativa que contemplara los efectos pasados, presentes y futuros.

La medida posteriormente fue revisada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín.

En noviembre de 2025 fueron mantenidas restricciones relacionadas con nuevas expansiones en sectores no consolidados, mientras que se permitió la continuidad de determinadas obras en áreas ya desarrolladas y de trabajos vinculados con mejoras ambientales y corredores para la fauna.

La Cámara también puso el foco en la necesidad de que la capacidad actual del ecosistema sea evaluada de manera acumulativa y no únicamente mediante autorizaciones ambientales otorgadas años atrás.

Por qué la audiencia pública será clave

La audiencia pública convocada para el viernes 21 de agosto representa una instancia relevante dentro del proceso ambiental. Las observaciones podrán ser presentadas por escrito hasta ese mismo día y el encuentro presencial será desarrollado en el Teatro Municipal Pepe Soriano, en Benavídez.

Aunque la audiencia no tendrá carácter vinculante, podrá convertirse en un espacio central para que vecinos, especialistas y organizaciones ambientalistas expongan sus posiciones sobre el estudio.

Entre los puntos que podrán ser discutidos se encuentran el impacto sobre los humedales, las modificaciones producidas en el arroyo Las Tunas, la afectación de la fauna, la superficie transformada y la eficacia de las medidas de recuperación propuestas.

También podrá ser analizada la capacidad del sistema hídrico y ambiental para soportar el crecimiento proyectado.