El triple homicidio de tres jóvenes mujeres en Florencio Varela se convirtió en una de las noticias policiales más impactantes del año. Las víctimas —Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi— fueron asesinadas en circunstancias que, según la investigación, estarían vinculadas con el narcotráfico internacional.
La figura central de la causa es Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del ataque. El acusado fue detenido en Perú, donde permanece bajo custodia, mientras Argentina avanza en los trámites de extradición para que pueda ser juzgado por la justicia local.
La captura de Pequeño J se produjo en la localidad de Pucusana, al sur de Lima. Tras un operativo coordinado entre fuerzas peruanas e información aportada desde Argentina, el presunto jefe narco quedó a disposición de la justicia de su país.
En paralelo, la Fiscalía argentina aguarda la decisión final sobre la extradición, mientras prepara la acusación formal que incluiría la solicitud de prisión preventiva apenas ingrese al sistema judicial nacional.
Además, otro de los imputados, Matías Agustín Ozorio, ya fue trasladado a Buenos Aires para ser indagado en La Matanza, lo que refuerza el marco judicial contra la banda.
La hipótesis del robo de droga
Entre las principales líneas de investigación, cobra fuerza la versión de que una de las víctimas, Lara, habría estado vinculada sentimentalmente con miembros del narcotráfico y participó en el supuesto robo de 400 kilos de cocaína pertenecientes a la organización de Pequeño J.
De confirmarse, este hecho podría explicar la brutal represalia que derivó en el triple homicidio. Según la defensa de algunos acusados, esa sustracción habría sido el detonante de la orden de ejecución.
Sin embargo, especialistas en narcotráfico cuestionan la cifra mencionada y advierten que aún no existen pruebas concluyentes que respalden esa hipótesis. La investigación continúa reuniendo llamadas telefónicas, movimientos de dinero y conexiones con Perú como posibles indicios del trasfondo criminal.
El caso generó una fuerte conmoción social. El hecho de que se tratara de un triple femicidio —por la condición de género de las víctimas— y, al mismo tiempo, de un crimen con claras connotaciones de narcotráfico, encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de muchas mujeres en contextos atravesados por la violencia criminal.
La magnitud del caso también tuvo eco político. Organizaciones sociales y feministas exigieron respuestas inmediatas y mayor protección estatal, mientras que referentes judiciales remarcaron la necesidad de reforzar la cooperación internacional para enfrentar a redes criminales transnacionales.
Desafíos judiciales en la causa
El proceso enfrenta varios retos:
- Extradición de Pequeño J: dependerá de que Argentina logre convencer a la justicia peruana con pruebas sólidas.
- Prisión preventiva: se espera que, al llegar al país, el acusado quede detenido al menos 60 días mientras se desarrolla la instrucción.
- Pruebas clave: registros de llamadas, peritajes de ADN y testimonios podrían definir la responsabilidad de cada imputado.
- Juicio oral: en caso de elevarse la causa, un tribunal deberá determinar si existió un plan criminal ordenado desde Perú y ejecutado en territorio argentino.
El triple homicidio de Florencio Varela no solo es un expediente judicial: es también un símbolo del poder corrosivo del narcotráfico y de cómo su violencia impacta en la vida de jóvenes mujeres.
Mientras la justicia avanza a paso lento, las familias de Lara, Brenda y Morena esperan respuestas. El país observa expectante si esta vez se logrará una condena ejemplar que arroje luz sobre un crimen que dejó al descubierto las conexiones entre el narcotráfico y la violencia de género.
