La Secretaría de Energía ha anunciado la reprogramación de las Tarifas de Energía de verano dirigidos a los usuarios de energía eléctrica con ingresos altos, pertenecientes al Nivel 1. Esta acción tiene como objetivo “corregir gradualmente los desequilibrios generados por 20 años de subsidios”, los cuales han representado un déficit para el Estado estimado en US$ 104.764,8 millones, únicamente en el sector energético.
Mantenimiento de Subsidios para Usuarios de Ingresos Medios y Bajos
La resolución 7/2024, publicada en el Boletín Oficial, mantiene los precios subsidiados para los usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3) “para evitar impactos bruscos en los costos del servicio”.
Esta medida se extenderá “hasta la implementación del nuevo sistema de subsidios que tomará en cuenta la capacidad de pago de cada consumidor”, una vez que se establezca oficialmente la Canasta Básica Energética.
Nuevos Precios de Referencia de las Tarifas de Energía
Para el periodo del 1° de febrero al 30 de abril, Energía ha determinado nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref), Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE) y Precio Estabilizado del Transporte (PET).
El Potref y el PEE sin subsidio para el Nivel 1 tendrán los siguientes valores: $ 46,018 por kWh en hora pico (incremento del 124,85% respecto a los valores anteriores entre noviembre de 2023 y enero de 2024), $ 44,401 en hora resto (117,01%) y $ 43,473 en hora valle (112,54%).
Es importante destacar que estos porcentajes no determinan un aumento específico en la tarifa final, ya que aún se deben aprobar los ajustes al Valor Agregado de Distribución (VAD) y al transporte, luego de las audiencias realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el 26 y 29 de enero.
Costos Reales del Suministro Eléctrico
La Secretaría de Energía señala en la resolución que administraciones anteriores “no consideraron los costos reales de abastecimiento del sistema que debían ser cubiertos por los usuarios del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)”.
Esta falta de reconocimiento no fue una medida temporal para superar crisis o situaciones excepcionales, sino una política estatal para no transparentar los costos reales del suministro eléctrico. Esta decisión generó graves problemas en el crecimiento y funcionamiento del sistema eléctrico, al tiempo que fomentó un consumo irresponsable, desligado del costo real de abastecimiento en el MEM.
Los valores no reconocidos debieron ser sufragados por el Estado Nacional, lo que resultó en déficits acumulados durante 20 años, estimados en US$ 104.764.808.732, es decir, un promedio de US$ 5.238.240.437 anuales, según informes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
