Avión de siembra de nubes de Tailandia en vuelo, fotografía de archivo de 2014

Lluvia artificial en Argentina: el negocio de sembrar nubes y sus límites científicos

La Argentina actualizó las reglas para la modificación artificial del tiempo. Qué permite el marco comercial, qué resultados reconoce la ciencia y por qué el caso mendocino reabre el debate ambiental.

La posibilidad de contratar un servicio para favorecer las precipitaciones o disminuir los daños del granizo dejó de ser una pregunta meramente científica y se convirtió en un asunto regulatorio y económico. La siembra de nubes en Argentina cuenta con un marco aeronáutico actualizado, aunque eso no significa que una empresa pueda garantizar lluvia a voluntad.

Qué permite la normativa argentina

El Decreto 599/2024, firmado en julio de 2024, incluyó las actividades de modificación atmosférica dentro del régimen de trabajo aéreo comercial. Entre ellas figuran las intervenciones destinadas a favorecer precipitaciones y prevenir granizo. La práctica, sin embargo, ya tenía antecedentes en el país.

En mayo de 2026, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó mediante la Resolución 313/2026 una actualización de los requisitos de certificación y operación aplicables a estas actividades. Se trata de una regulación aeronáutica, no de una concesión de propiedad sobre el agua ni de una autorización ambiental automática.

La lluvia artificial y sus límites científicos

La siembra de nubes busca influir en procesos de precipitación de formaciones nubosas existentes. No genera nubes de la nada ni permite elegir con precisión dónde y cuándo lloverá. Tampoco existe una cifra universal de lluvia adicional que pueda prometerse a un cliente.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informa que más de 50 países desarrollan programas de modificación del tiempo. La evidencia más sólida se concentra en determinadas intervenciones sobre nubes de montaña durante el invierno. En tormentas complejas, la variabilidad natural dificulta distinguir los efectos de una intervención.

La distinción es importante frente a fenómenos como las tormentas recientes en Buenos Aires: no hay fundamento para atribuir un temporal a la modificación artificial del tiempo sin una investigación específica.

Mendoza y el debate ambiental

El país tiene una larga experiencia con la lucha antigranizo en Mendoza. En su informe de gestión de 2025, la Provincia señaló que había finalizado su sistema provincial y que aportó recursos a San Rafael y General Alvear para que continuaran con la actividad.

En noviembre de 2026 trascendieron cuestionamientos vinculados con una tormenta que afectó a San Luis en enero de 2025. La denuncia plantea una posible relación con intervenciones realizadas en Mendoza, pero no se conocen conclusiones periciales que demuestren esa causalidad.

En materia ambiental, la OMM señala que los estudios publicados sobre los agentes empleados habitualmente no han encontrado impactos significativos en las condiciones estudiadas. No obstante, recomienda investigar consecuencias no deseadas y posibles efectos en zonas vecinas. Además, la Ley General del Ambiente establece una evaluación previa para actividades susceptibles de producir daños significativos.

El desafío no es solamente técnico: cualquier eventual servicio comercial necesita criterios transparentes para evaluar sus resultados, conocer sus costos y determinar qué responsabilidades corresponden si surgen conflictos entre jurisdicciones. Contratar una intervención no equivale a comprar un resultado meteorológico.

Foto de archivo: aeronave de siembra de nubes en Tailandia, 2014. KASET-1512, Alec Wilson / Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0. Redimensionada y convertida a WebP.