El proyecto obligará a las empresas de servicios a sacar el cableado. El objetivo es prevenir incidentes y limpiar la contaminación visual.

Con la nueva propuesta, el Municipio de San Isidro ordenará el espacio aéreo, mejorará la seguridad y les exigirá a las empresas prestadoras un plan obligatorio de retiro de infraestructura obsoleta.

La acumulación progresiva de cables en desuso representa un riesgo latente para la seguridad de los vecinos y obstaculiza el mantenimiento en la vía pública. Esta situación se agudiza cuando se registran tormentas o vientos fuertes, que incrementan las probabilidades de caídas de tendidos, enredos e interferencias con otros servicios esenciales. Este desorden impacta negativamente en la calidad ambiental y paisajística, vulnerando el derecho de los ciudadanos a transitar y disfrutar de un entorno urbano limpio y visualmente armónico.

Con este proyecto, se logrará mayor seguridad en la vía pública, reduciendo los riesgos de incidentes causados por cables cortados, colgantes o caídos especialmente durante tormentas o vientos fuertes. Además, se mejorará la calidad ambiental y paisajística, al remover el tendido obsoleto y la acumulación de cables, se disminuye la contaminación visual en las calles del municipio. Por último, se evitará con el retiro de cables obsoletos interferencias con otros servicios.

Para avanzar en el diseño, la subsecretaría de Espacio Público realizó pruebas en distintas zonas del municipio. Durante algunas semanas se trabajó en distintas trazas como Cosme Beccar entre Alem y Almirante Brown, Acassuso entre Alem y Belgrano, algunos tramos de las calles Padre Acevedo y Blanco Encalada.

En una primera instancia se identificaron los tramos con cables en desuso y luego se avanzó con las distintas empresas de servicios para el posterior retiro.

Las empresas prestadoras de servicios le deberán entregar al municipio un plan de remoción del cableado aéreo en desuso en plazos razonables. Ellas son las que asumen la totalidad de los costos de relevamiento, retiro y disposición final de los materiales. El municipio se encargará de hacer la fiscalización y control de los trabajos. Se fijarán sanciones para las empresas que incumplan la normativa o no cumplan el plan de trabajo.