En abril de 2025, el Gobierno argentino implementó una significativa reestructuración en la gestión de las cadenas nacionales y los actos oficiales. Mediante el Decreto 272/2025, se transfirió la responsabilidad de organizar estos eventos desde la Secretaría de Comunicación y Medios a la Secretaría General de la Presidencia. Esta modificación busca centralizar y optimizar la comunicación institucional del Ejecutivo.
¿Qué son las Cadenas Nacionales?
Las cadenas nacionales son transmisiones obligatorias por radio y televisión que permiten al Poder Ejecutivo comunicar mensajes de interés público. En Argentina, su uso está regulado por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que pueden ser utilizadas en situaciones de «gravedad, excepcionalidad o trascendencia institucional».
Transferencia de Funciones: Detalles del Decreto 272/2025
Fue publicado en el Boletín Oficial, oficializó la transferencia de responsabilidades. A partir de esta normativa, la organización de las cadenas nacionales y actos oficiales recae en la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. Esta subsecretaría, encabezada por Darío Lucas, ahora tiene a su cargo la logística y producción de estos eventos .
Centralización de la Comunicación Oficial
Esta medida se enmarca en una serie de cambios implementados por el Gobierno para centralizar la comunicación oficial. Anteriormente, en febrero de 2025, se disolvió la Secretaría de Prensa, y sus funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Comunicación y Medios, liderada por el vocero presidencial Manuel Adorni.
La reciente transferencia a la Secretaría General de la Presidencia refuerza esta tendencia hacia una mayor concentración del control comunicacional.
Implicancias Políticas y Sociales
La centralización de la comunicación oficial ha generado diversas reacciones. Mientras el Gobierno argumenta que estas medidas buscan optimizar la gestión y evitar mensajes contradictorios, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por el posible impacto en la libertad de prensa y la pluralidad informativa.