La reciente renuncia de Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y las dinámicas políticas en Argentina. Esta dimisión se produce tras el rechazo de su nombramiento por parte del Senado, resaltando las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la designación de magistrados.
Contexto de la Designación en Comisión
El presidente Javier Milei, en un intento por cubrir las vacantes existentes en la Corte Suprema, designó en comisión a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo mediante el Decreto 137/2025, amparándose en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. Esta medida, que permite nombramientos temporales durante el receso legislativo, fue adoptada debido a la inacción del Senado en el tratamiento de los pliegos enviados previamente.
Rechazo del Senado y Consecuencias
El Senado de la Nación, en una sesión histórica, rechazó las designaciones de García Mansilla y Lijo con 51 votos en contra y 20 a favor para el primero, y 43 en contra y 27 a favor para el segundo. Este rechazo evidenció la falta de consenso político y las críticas al procedimiento utilizado por el Ejecutivo, considerado por muchos como inconstitucional.
Renuncia de García MansillaTras el rechazo legislativo, Manuel García Mansilla presentó su renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema. En su carta de dimisión, expresó su preocupación por la prolongada vacante en el tribunal y criticó la falta de acción del Senado para resolver esta situación.
Implicaciones para el Gobierno de Milei
La renuncia de García Mansilla y el rechazo de las designaciones representan un revés significativo para el gobierno de Javier Milei. Este episodio pone de manifiesto las dificultades del Ejecutivo para lograr consensos en el Congreso y cuestiona la estrategia de nombramientos por decreto en órganos clave del Estado.
Reacciones y Opiniones
Diversos sectores políticos y sociales han reaccionado ante estos acontecimientos.
Mientras que algunos respaldan la decisión del Senado como una defensa de la institucionalidad y la división de poderes, otros critican la politización de los nombramientos judiciales y la falta de celeridad en la cobertura de vacantes en la Corte Suprema.
