El debate en torno a la Ley Bases ha generado una creciente oposición hacia el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las pequeñas y medianas empresas (pymes) han levantado su voz contra esta iniciativa, argumentando que provocará estragos en el sector productivo.
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, ha expresado firmemente su preocupación, afirmando que la aprobación del RIGI tendría consecuencias devastadoras para las pymes. Según Rosato, el sector no está en condiciones de competir con las ventajas que ofrece este programa, lo que llevaría a su destrucción.
Impacto en la Industria Pymes
Rosato destacó los desafíos que enfrentan las pymes en la actualidad, señalando que los altos costos de los insumos, la energía y los impuestos dificultan su competitividad. La apertura indiscriminada de las importaciones agravaría aún más esta situación, dejando a las pymes en una posición vulnerable.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos advirtió que el RIGI dejaría a las pymes en una posición desfavorable frente a grandes inversiones extranjeras. La posibilidad de importar productos con aranceles bajos y libre disponibilidad de divisas pondría en riesgo la supervivencia de las pymes, según Rosato.
Defensa del RIGI por Parte del Gobierno
Manuel Adorni, vocero presidencial, ha salido en defensa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, argumentando que impulsará la economía y el empleo en el país. Adorni asegura que el RIGI no representa un saqueo, sino una oportunidad para el desarrollo económico.
Adorni enfatizó los beneficios que el RIGI traería consigo, incluyendo el aumento de las inversiones y las exportaciones, así como la creación de empleo. El gobierno confía en que esta iniciativa revitalizará la economía argentina y pondrá fin a años de estancamiento.
Si bien el RIGI promete impulsar la economía del país, las preocupaciones de las pymes argentinas son legítimas. Es fundamental encontrar un equilibrio que fomente la inversión extranjera sin sacrificar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. El diálogo entre el gobierno y el sector privado será clave para garantizar un desarrollo económico sostenible y equitativo.
