El expresidente Alberto Fernández fue procesado por la Justicia en el marco de la llamada «Causa Seguros», una investigación que lo vincula con el armado de un esquema que habría beneficiado de forma irregular a un broker cercano, mediante la contratación directa de pólizas estatales. La medida fue confirmada por el juez federal Sebastián Casanello, quien le imputó el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y ordenó un embargo de hasta 14.600 millones de pesos sobre sus bienes.
El expediente judicial analiza el decreto presidencial 823/2021, firmado por Fernández durante su mandato, que obligó a todos los organismos del Estado a contratar seguros únicamente con Nación Seguros S.A., excluyendo otras opciones del mercado. Esa decisión, según la investigación, favoreció de manera directa a Héctor Martínez Sosa, un histórico asesor y amigo personal del expresidente, quien actuó como intermediario en la gestión de pólizas y cobró millonarias comisiones.
Martínez Sosa —pareja de María Cantero, entonces secretaria de Fernández— habría percibido más de 2.200 millones de pesos en comisiones entre 2020 y 2023. La Justicia sostiene que existió una clara colisión de intereses entre las decisiones del expresidente y el beneficio económico que obtuvieron personas de su entorno íntimo.
Además de Fernández, también fueron procesadas otras 33 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios del sector asegurador, entre ellos Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y la propia Cantero.
La defensa del expresidente y el posible impacto político
Desde el entorno del exmandatario niegan las acusaciones. Fernández sostuvo que el decreto fue una decisión política orientada a “mejorar la eficiencia del sistema estatal de seguros” y defendió la legalidad de su contenido. “No comprendo los cargos que se me imputan”, declaró en su descargo ante la Justicia.
El procesamiento no incluye prisión preventiva, pero sí habilita la posibilidad de una elevación a juicio oral en los próximos meses. De comprobarse los cargos, Fernández podría enfrentar una condena de entre uno y seis años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este nuevo frente judicial se suma a otras causas en curso contra el expresidente, incluida una por presunta violencia de género iniciada por su expareja Fabiola Yáñez. En el plano político, el caso representa un fuerte golpe para la imagen del exjefe de Estado y vuelve a encender el debate sobre el uso de decretos presidenciales para favorecer intereses particulares.
La Causa Seguros ya se posiciona como uno de los escándalos judiciales más relevantes del último tiempo, con posibles repercusiones en los planos institucional y político. El avance del expediente será clave para determinar el grado de responsabilidad del expresidente y su entorno más cercano en lo que, para la Justicia, constituyó un entramado de corrupción dentro del Estado.