La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha presentado un proyecto que busca una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), con el objetivo de convertirla en una fuerza similar al FBI estadounidense. Esta iniciativa ha generado un intenso debate en la sociedad argentina, especialmente por la propuesta de permitir que la PFA patrulle redes sociales sin autorización judicial.
Objetivos del proyecto
El proyecto propone modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal (N° 21.965) para redefinir las funciones de la PFA. Según el documento, la fuerza se enfocaría en la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como en la desarticulación de organizaciones criminales. La reforma busca dotar a la PFA de herramientas más eficaces para enfrentar el crimen organizado y las amenazas a la seguridad nacional.
Patrullaje de redes sociales sin orden judicial
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la habilitación para que la PFA realice tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales abiertas y sitios web públicos, sin necesidad de autorización judicial. Aunque se aclara que estas acciones deben respetar la privacidad y la libertad de expresión, expertos advierten sobre el riesgo de ambigüedad y abuso.
Reacciones y preocupaciones
La propuesta ha generado preocupación en diversos sectores políticos y judiciales. Integrantes de las cúpulas de las fuerzas de seguridad consideran que las nuevas facultades son «excesivas» y podrían afectar derechos fundamentales. La posibilidad de realizar detenciones sin aprobación de un juez, en casos donde se presuma que alguien ha cometido o podría cometer un delito, también ha sido objeto de críticas.
Antecedentes y contexto
No es la primera vez que se plantean reformas en las fuerzas de seguridad argentinas. Durante el gobierno de Mauricio Macri, también bajo la gestión de Bullrich, se implementaron medidas similares que generaron controversia, como el «Proyecto X», que involucró el espionaje ilegal a ciudadanos y organizaciones sociales.
