El gobierno argentino ha dado un paso trascendental hacia la protección y el cuidado de los adultos mayores del país. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se ha instaurado un nuevo régimen de movilidad jubilatoria que comenzará a regir a partir de julio de este año.
Este cambio tiene como propósito garantizar que los ingresos de los jubilados se ajusten adecuadamente a la inflación, preservando así su poder adquisitivo frente a los crecientes costos de vida.
Mejoras en la Fórmula de Movilidad Jubilatoria
El Decreto 274/2024, recientemente publicado en el Boletín Oficial, detalla los ajustes fundamentales en la fórmula de movilidad jubilatoria. En primer lugar, establece que los ingresos se actualizarán mensualmente según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) divulgado por el INDEC. Esta medida tiene como objetivo principal asegurar que los jubilados reciban aumentos que reflejen fielmente el aumento en el costo de vida.
El gobierno ha dispuesto una serie de adelantos y aumentos extraordinarios. En abril de este año, se otorgará un incremento adicional del 12,5% sobre los ingresos correspondientes al mes de marzo de 2024. Además, se concederán adelantos incrementales en mayo y junio, calculados conforme a la pauta establecida en la ley.
Protección del Poder Adquisitivo de los Jubilados
Es crucial destacar que, según lo establecido en el decreto, ningún beneficiario sufrirá una reducción en sus ingresos como resultado de la aplicación del nuevo índice de movilidad. Esta es una clara muestra del compromiso del gobierno para proteger el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados del país.
El gobierno ha señalado que la fórmula de movilidad anterior ha tenido consecuencias negativas para los jubilados y pensionados. Se han identificado varios problemas, como la falta de cobertura suficiente frente al riesgo inflacionario, la discrepancia entre las variables económicas y los ingresos, y la falta de transparencia en los datos utilizados. Estos aspectos han contribuido a una pérdida significativa del poder adquisitivo de los beneficiarios.
