Hoy los movimientos populares y las organizaciones sociales, unidos bajo el estandarte de la Unidad Piquetera (UP), llevarán a cabo masivas marchas y movilizaciónes desafiando las políticas económicas y el Mega DNU que anunciará Javier Milei.
Este evento coincide con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001 y marcará la primera prueba de implementación del controvertido protocolo “antipiquete” anunciado por la Ministerio de Seguridad contra las marchas piqueteras.
Confirmación del “Protocolo Bullrich” y Búsqueda de Armonía por Parte del Gobierno
La ministra Patricia Bullrich anunció la implementación del protocolo “antipiquete” la semana pasada, una medida respaldada nuevamente por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
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El gobierno busca garantizar que las marchas, que comienzan a las 4:30 p.m. desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, transcurran “en completa paz” y con un “estricto acatamiento de la ley”.
Durante una conferencia en la Casa Rosada, Adorni enfatizó el compromiso del Gobierno con la libre circulación y anunció medidas para aquellos que obstaculicen el tráfico, indicando que “dejarán de percibir el plan social”. La línea telefónica 134 estará disponible para recibir denuncias de posibles amenazas.
Unidad Piquetera Contra Ajustes y Pobreza
La consigna es detener el plan de ajuste y pobreza de Milei y el FMI, defendiendo el derecho a la protesta. Organizaciones sociales, sindicatos y centros de estudiantes se unen en un nuevo aniversario del estallido social de 2001.
Los manifestantes se dividirán en dos grupos, uno partiendo desde el Congreso por Avenida de Mayo y otro desde el Obelisco por Diagonal Norte, convergiendo en Plaza de Mayo para leer un documento conjunto.
Rechazo Unánime al Protocolo “Antipiquete”
Las organizaciones de la UP repudiaron el protocolo de mantenimiento del orden público, calificándolo de “inconstitucional”. Exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) a convocar a un paro nacional activo en caso de represión.
La medida de Bullrich generó fuertes rechazos, incluido el del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien, junto a fuerzas políticas de izquierda y organizaciones, presentó recursos legales para dejar sin efecto el protocolo.
Reclamos Ante Organismos Internacionales y Contraposición Gubernamental
Más de 1,700 organizaciones, incluyendo la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, presentaron ante la ONU y la CIDH un pedido para que el Estado argentino ponga fin a las “medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas”.
El Relator Especial de la ONU, Clément Nyaletsossi Voule, expresó su oposición al protocolo del gobierno de Milei, subrayando que silenciar voces disidentes no resuelve las crisis sociales.
Postura Provincial y Municipal
En contraposición al gobierno bonaerense, que rechaza el protocolo por considerarlo una criminalización de la protesta, el Ministerio de Seguridad porteño emitió su propio protocolo con limitaciones y advertencias, destacando la prioridad de preservar la libertad de los ciudadanos y asegurar el orden.
El dirigente social Juan Grabois anunció la creación de una comisión de veeduría de derechos humanos para la movilización, resaltando la importancia de garantizar un ejercicio democrático de la protesta.
